La política de “Paz Total”, según expertos, oposición y los propios hechos, es un “fracaso total”. Fue una de las grandes promesas de campaña que quedó en veremos. Más bien, terminó dándole protagonismo y poder a dos desertores del proceso de paz y fundadores de las disidencias más grandes de las antiguas Farc: alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, este último señalado de infiltrar y corromper a miembros de las Fuerzas Militares y a organismos de inteligencia del Estado.
“Iván Mordisco” y “Calarcá”, pasaron de patrullar juntos a declararse la muerte. Aunque pertenecían a una misma disidencia, las diferencias internas los dividieron y el Gobierno Petro tomó partido; de un lado, la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central (EMC), la que lidera “Mordisco”, a la que bombardea sin contemplaciones; y del otro, los guiños y concesiones hacia la estructura de “Calarcá”, con la que el Gobierno insiste en seguir dialogando. Y no gratis.
Según datos de la Consejería para la Paz, la implementación de la Paz Total ha costado $84.816 millones destinados a logística, transporte, seguridad y operación de las distintas mesas de negociación. De ese monto, $30.299 millones corresponden exclusivamente a los diálogos con las disidencias lideradas por alias “Calarcá”, un proceso que avanza lento y que ha sido cuestionado por el aumento paralelo de la capacidad criminal de esa estructura.
Lea también: EE. UU. pide respuestas: solicita indagar presuntos vínculos entre el Gobierno Petro y disidencias de las Farc
Bajo la sombrilla de la política de paz hay nueve mesas activas. El Gobierno participa con 11 delegados, mientras que, en el caso de “Calarcá”, llega acompañado de cerca de 40 miembros de su organización, varios de ellos con órdenes de captura suspendidas como beneficio para seguir sentados en la negociación. Ese estatus, que les otorga libertad de movimiento y un nivel de legitimidad que antes no tenían, se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la estrategia.
Hoy, este temido cabecilla criminal, pese a su hábil relacionamiento y poder para corromper, no ha logrado consolidar un proceso de paz serio, pero sí establecer relaciones y complicidad bajo la sombra, un hallazgo que para muchos ayuda a explicar la benevolencia estatal frente a un grupo que, lejos de desmovilizarse, continúa expandiéndose.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el panorama criminal del país muestra que el Clan del Golfo es, a julio de este año, la estructura con mayor crecimiento. Sin embargo, la disidencia de “Calarcá”, también llamado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), mantiene una expansión sostenida. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los Grupos Armados Organizados aumentaron su pie de fuerza en un 15%, lo que equivale a 3.320 nuevos integrantes.
En ese mismo periodo, el EMBF creció incluso por encima de ese promedio. Su estructura aumentó un 16 % con el ingreso de 387 nuevos miembros, alcanzando los 2.802 combatientes, un salto significativo para un grupo que ya tenía presencia consolidada en varias regiones.
Ese crecimiento se refleja en el mapa. El EMBF reina hoy en zonas de economías ilícitas. El Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y amplios corredores que se extienden por Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare, Tolima y Cauca. Su presencia se da en enclaves mineros, áreas cocaleras, pasos fronterizos y regiones donde el control social y armado garantiza rentas y movilidad. No es una estructura marginal, es un actor con capacidad para influir, gobernar y someter.
Regístrate al newsletter