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El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda de reparación directa que interpuso la familia del exconcejal de la Unión Patriótica (UP) Marceliano Medellín Narváez, quien fue asesinado hace 20 años, cuando se desplazaba por la vía que de Apartadó conduce a Chigorodó, en el Urabá antioqueño.
La Sección Tercera del alto tribunal determinó que este homicidio y el desplazamiento forzado de sus familiares, aparentemente atribuible a grupos paramilitares, podría constituir un delito de lesa humanidad, lo que obliga a la jurisdicción contencioso administrativa a admitir la demanda, pese a haberse cumplido ampliamente los plazos regulares que tenía la familia de la víctima para reclamar el derecho a ser resarcidos.
Marceliano Medellín Narváez había sido elegido concejal de Chigorodó por la UP para los períodos 1992 – 1994 y 1994 – 1996, pero se vio obligado a renunciar a su curul, dicen sus familiares, por haber recibido amenazas contra su vida.
Poco...