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billones de pesos se están invirtiendo actualmente en las zonas PDET: Archila.
1.200
familias en Catatumbo se vincularon al programa Formalizar para Sustituir.
Cuatro años y medio después de la firma del Acuerdo de Paz el balance es agridulce: por un lado, se han logrado valiosas transformaciones rurales, los exguerrilleros están en la política y trabajan en iniciativas productivas; pero, por otro lado, continúa la persecución contra quienes hicieron la paz y no ha sido posible la estabilización de territorios donde operan los grupos armados.
EL COLOMBIANO habló con el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, sobre el balance de la implementación del Acuerdo.
¿Cómo avanzan los PDET?
“Un avance muy impresionante, se trata de los 170 municipios que fueron más afectados por la violencia, que siguen siendo los más afectados por la pobreza. Están agrupados en 16 regiones y para cada una ya logramos formular el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esa formulación se hizo con las comunidades, en uno de los procesos más participativos en el mundo, estamos hablando de una población de 6,5 millones de personas y directamente participaron en la formulación de las iniciativas más de 120.000. Ahí las comunidades no solamente identificaron sus necesidades sino que las clasificaron en ocho pilares que representan la visión de una región”.
¿Y eso cómo se aterriza en las regiones?
“Tanto los municipios como los departamentos y la Nación respaldaron el trabajo y lo incorporaron a su política a largo plazo e incluyeron el 40 % de las iniciativas en sus planes de desarrollo locales, que se van a implementar en los próximos 3 años. Estamos dedicados a coordinar los trabajos con 50 entidades del orden nacional, todas las gobernaciones, las secretarías, los alcaldes, la cooperación internacional, los privados, las Fuerzas Armadas, el Programa de Fe en Colombia y la Pastoral Social”.
¿Cómo se están financiando los PDET?
“No existían recursos que estuvieran destinados a financiarlos. Hicimos un cambio del esquema de Obras por Impuestos, en la destinación del 7 % de las regalías que se administran en el Ocad Paz, y si sumamos todas las fuentes en este momento hay casi $5 billones que se están ejecutando en obras de esas. Haber logrado todo esto en 30 meses implica que cosas maravillosas están pasando”.
Ante lo pretencioso de los planes de desarrollo queda la inquietud sobre ¿cuál es el impacto de esas obras?
“En mi opinión es profundamente significativo. $5 billones es más o menos la tercera parte del valor del metro de Bogotá, eso quiere decir que para estas comunidades que siempre habían estado olvidadas, el país por fin les está dando la atención que precisan. Esos 5 billones están en todos los temas: vías, comunicaciones, educación, salud, reactivación económica, ordenamiento social de la propiedad, entre otros”.
Estamos en una pandemia donde todos los países se están aprovisionando para atender a los suyos, ¿cómo se ha visto afectada la cooperación hacia Colombia, especialmente en la implementación del Acuerdo de Paz?
“La seriedad de la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque tiene uno de sus respaldos en el aprecio que tenemos de parte de la cooperación internacional, para el siguiente año, por ejemplo, el Fondo Europeo va a incluir sus apoyos para la reincorporación dentro del presupuesto de la Agencia, eso es el mayor nivel de confianza que puede tenerse en materia de cooperación internacional. Los recursos que estaban pensándose por parte del Fondo Multidonante fueron duplicados por el Gobierno para salud rural y para ayudarnos a atender la pandemia el Fondo Multidonante aportó 4,5 millones de dólares adicionales. Usaid, a través de cuatro de sus programas, está acompañando esa implementación con respiradores y camas UCI, lo que hemos atestiguado es que la cooperación ve en esa planeación juiciosa, seria, articulada que estamos realizando un muy eficiente canal para seguir acompañándonos”.
¿Cómo avanza el programa de Obras por Impuestos?
“Muy bien. Hicimos unas modificaciones para que, en la medida de lo posible, las Obras por Impuestos estén focalizadas en las iniciativas de las comunidades y eso ha permitido que tengamos $500.000 millones que en este momento se están ejecutando, y muchas obras que ya hemos entregado, ahí han estado presentes empresarios en todas las regiones. Además hay interés de parte de los privados de ir más allá: Proantioquia ha liderado un trabajo muy lindo que estamos haciendo con los excombatientes, un grupo de empresarios nos está ayudando con la adquisición del predio que se necesita para un proyecto productivo muy grande y ambicioso en Dabeiba y tenemos la cooperación de ellos ayudándonos con la asistencia técnica; en Urabá los tres gremios bananeros tienen memorandos de entendimiento con nosotros para apoyarnos en reincorporación, víctimas y desarrollo de los PDET; empresas como Argos han visto que trabajar con nosotros en las zonas de Montes de María es la mejor manera de cumplir con su responsabilidad social; y el Grupo Éxito también está trabajando con nosotros para atender a todas las poblaciones en la implementación”.
El Acuerdo buscaba darle solución al problema de la droga y el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos (PNIS) muestra cifras sorprendentes con una resiembra del 0,8 %, pero a la vez el Gobierno insiste en el uso del glifosato, ¿no es mejor mantener y aumentar las familias del PNIS en vez de implementar medidas que son más violentas para los campesinos y más costosas para el Estado?
“Esa manera como usted hace la pregunta implica una disyuntiva y realmente yo no lo veo así. Lo que ha señalado el presidente, que está incluido en la política Ruta Futuro, es que deben utilizarse todos los mecanismos con los cuales cuenta el país para combatir el narcotráfico. Durante estos 30 meses se han sustituido voluntariamente 20.000 hectáreas de las 40.000 que ha aportado este programa y hemos logrado apoyar a 100.000 familias, cuando nos entregaron el PNIS sin los recursos, sin los contratos, sin ninguno de los respaldos que se necesitaban para acompañarlos. Ese nivel de resiembra no es espontáneo, es gracias al apoyo que les hemos dado a esas familias. Hoy en día tenemos alrededor de 75.000 familias que están recibiendo la asistencia técnica y tampoco es del todo preciso que no hayamos avanzado en nuevas familias: diseñamos dos nuevos programas Formalizar para Sustituir y Pago por Servicios Ambientales, y en la medida que vamos obteniendo recursos vamos incluyendo nuevos beneficiarios”.
¿Cómo va la seguridad de los excombatientes que vienen reclamando mejores garantías para preservar sus vidas?
“La semana pasada firmé el Plan estratégico para protección y seguridad de personas en proceso de reincorporación y sus familias, en ocho capítulos están priorizadas las acciones que deben implementarse y que vienen implementándose por parte de todas las agencias que tienen responsabilidad en la seguridad de los colombianos. El año pasado tuvimos una disminución del 10 % en el número de ataques en contra de excombatientes, obviamente el objetivo es que esos ataques lleguen a cero. La Fiscalía ha sido realmente muy efectiva haciendo la investigación y consiguiendo condenas no solamente en contra de los autores materiales sino también de los autores intelectuales. Más del 80 por ciento ha sido a manos de grupos de narcotraficantes”.
¿Cómo podemos definir hoy lo que es la consolidación de paz versus esas violencias que se están reactivando en esas regiones?
“Cuando se firmó el Acuerdo, el Eln, los Pelusos, los Caparros y el clan del Golfo ya existían. Siempre fue claro que debíamos ir avanzando en la implementación al mismo tiempo en que se resolvían esas otras formas de violencia, así que en mi opinión es equivocado pensar que esas otras violencias puedan deberse a incumplimientos o a falta de celeridad en la implementación”.
Pero sí tienen algún efecto en la dificultad de la consolidación, para llevar los programas de los que usted hablaba al comienzo de esta entrevista...
“Recibimos la responsabilidad para avanzar en la implementación y aprovechar la oportunidad que existe de trabajar en el largo plazo y, obviamente, en la medida en que ese acuerdo se hizo con uno de los actores violentos y no se hizo con los otros, trabajamos con lo que existe. Yo debo hacer un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas (Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea) porque el trabajo que hacen es de inmenso apoyo y estamos articulados con ellos”.
Han pasado ya 43 meses desde la dejación de armas, y el gobierno ha sostenido gran parte de los apoyos económicos que inicialmente estaban planteado para 24 meses, ¿qué están recibiendo hoy los excombatientes?
“Entendemos que un proceso de reincorporación requiere de más de dos años. Lo primero que hay que resaltar es que este gobierno extendió esos apoyos económicos, el esquema provisional de salud y la provisión de alimentos de frutos secos y frescos por todo el tiempo que se necesite. En 30 meses hemos logrado pasar de ningún proyecto productivo individual a más de 2.500, y pasar de 2 proyectos productivos colectivos, que son empresas de entre 15 y 20 excombatientes a más de 80 de esas empresas constituidas, fortalecidas y andando, en este momento más del 98 % está bancarizado, más del 95 % está en el sistema de salud, más del 85 % está en el sistema de pensiones, no estaba contemplado en los Acuerdos ni en la legislación, antes de que llegáramos, apoyos para tierra para proyectos productivos o para vivienda y estamos adquiriendo el predio número siete de los antiguos espacios territoriales”.
¿Ahí ya se están proyectando viviendas?
“Sí, la vivienda no estaba contemplada, esta es una iniciativa que tomó el presidente Duque, quien entiende que para culminar el proceso de reincorporación la vivienda es muy importante, eso quiere decir que desde agosto del año pasado cuando los antiguos espacios territoriales llegaron a su fin jurídicamente iniciamos este proceso, ya tenemos andando los estudios que se necesitan, como por ejemplo en Mutatá con los excombatientes que trasladamos de Ituango
