Tiene 78 años recién cumplidos –los celebró hace 34 días– y desde 2018 preside la Comisión de la Verdad, órgano no judicial surgido de los acuerdos de paz de La Habana por el cual han pasado, entre otros, tres expresidentes de la República, empresarios de diversa índole y criminales responsables de miles de víctimas (esta semana el turno fue para Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso) en un país que, según advierte, tiene que abrirse a la posibilidad de dialogar con actores ilegales como las disidencias de las Farc, el Eln y bandas criminales ligadas al narcotráfico: “Colombia tiene que resolver eso y no creo que la solución sea simplemente militar”.
Se trata, incluida la cita textual, del padre jesuita Francisco de Roux, líder de los 11 comisionados (contándolo a él) que se encuentran elaborando un informe final sobre lo que, desde su perspectiva, sucedió durante cinco décadas de guerra y que traerá “afirmaciones sobre responsabilidades que recaen en gobiernos, en partidos políticos, en las Farc, en el Eln, en paramilitares, en fuerzas de seguridad del Estado y, en algunos casos, en empresarios”.
En la siguiente entrevista con EL COLOMBIANO, De Roux advierte que si la Corte Constitucional no extiende vía judicial su mandato –que se vence el 28 de noviembre próximo–, o si el Gobierno de Iván Duque no lo hace a través de un decreto como está legalmente facultado para hacerlo, el documento que preparan, y que incluye nombres propios de responsables de episodios como la toma y retoma del Palacio de Justicia y el genocidio de la Unión Patriótica, se conocerá en pleno debate electoral y puede ser usado con fines políticos: “Todo eso, si caemos en medio de la campaña, es inevitable”.
¿Colombia va a tener o no Comisión de la Verdad después del 28 de noviembre?
La Comisión está trabajando de tiempo completo, con dedicación exclusiva y con mucho esfuerzo para que el 28 de noviembre tengamos el informe final. Y, a partir de ahí, tendríamos en diciembre su impresión y entrega al país. Ahora bien, por una consulta que hizo Función Pública al Consejo de Estado, en vista de que en el decreto que crea la Comisión no se había establecido el tiempo suficiente para entregar de manera profunda los resultados, ni tampoco se había definido el tiempo de la liquidación de la Comisión, ese alto tribunal considera que la Comisión debe tener tiempo para esas tareas. El asunto aún está en proceso.
Pero hay una demanda en la Corte Constitucional...
Dejusticia y un grupo de organizaciones de víctimas y de la Universidad de los Andes presentaron ante la Corte una demanda pidiéndole que amplíe el tiempo de la Comisión, pero ya no solo para la entrega en forma pedagógica del informe final, sino para que se tenga más tiempo para profundizarlo. Consideran que el tiempo eficaz que se necesita, que se previó eran 3 años, quedó gravemente vulnerado por la pandemia. Si las cosas se dan, el tiempo de la Comisión se alargaría hasta julio de 2022 para afinar estudios y tener la posibilidad de conversar, contrastar y discutir muchas de las hipótesis que ya se tienen.
¿Se ha hablado con el Gobierno para pedir la extensión de ese mandato?
Sí hemos hablado con el Gobierno. Para ser claros, con el Secretario General de Presidencia (Víctor Muñoz) y con el Comisionado de Paz (Juan Camilo Restrepo) en torno a que la Comisión debe tener más tiempo. Pero de la demanda en la Corte, no.
¿Es posible extender el mandato vía decreto?
No soy abogado, pero, en lo que conozco, esa posibilidad sí existe.
¿Y la Comisión le ha pedido al Gobierno que use esa vía o el Gobierno le ha dicho que podría aplicarla?
La voz explícita del Gobierno ha sido tomar en consideración seriamente la propuesta que trabaja Función Pública con base al concepto del Consejo de Estado.
Usted habla de “hipótesis muy fuertes” en el informe final. ¿A qué se refiere?
Tendrá, de entrada, una declaración que llama a los colombianos a tener una comprensión general de lo que ocurrió con el conflicto, de la tragedia que fue para el país, de la crisis humanitaria que produjo y de cómo en diversas formas el conflicto ha continuado. También es una llamada colectiva a que, comprendiendo a fondo lo que nos ocurrió y asumiendo responsabilidades, todos nos pongamos desde las diferencias, tanto la ciudadanía como partidos, instituciones y regiones, a construir una Colombia viable y en la que la vida humana sea respetada. Esa visión en conjunto la estamos elaborando, que evidentemente es interpretativa, pero dará lugar a una conversación de fondo sobre en qué estamos en Colombia y de dónde venimos.
Padre, precisemos: ¿Colombia aún está en conflicto?
No podríamos decir que el conflicto ha terminado. Es una situación muy distinta a lo que se vivió en los años de conflicto con las Farc, que fue un aparato de confrontación al Estado de dimensiones impresionantes. En Antioquia, por ejemplo, no se podía salir a las fincas y el Oriente era un territorio de peligros y en cualquier lugar podían secuestrar. Bogotá estuvo rodeada por 12 frentes en una estrategia para tomarse la capital. Hoy hay masacres de 3 o 4 personas, y se presentan 1 o 2 en un mes, pero antes teníamos masacres de 100 o 120 personas. Esas cosas no las tenemos hoy en día y, en ese sentido, el proceso de paz ha sido eficaz y ojalá lo podamos acelerar.
¿El conflicto mutó, continuó, regresó...?
Mutó a unas expresiones de menor intensidad, pero que llaman a que Colombia necesita un proceso de paz mucho más envolvente, más expresivo, que abarque todas las expresiones de violencia.
¿Está planteando que se haga otro proceso de paz?
Muy seguramente la Comisión lo expresará, pero lo digo en mi opinión personal: el país tiene que abrirse a una salida de paz mucho más en profundidad con lo que pasa con, por ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’, las disidencias de las Farc, el Eln, y a unas formas de aceptación de justicia para la gente que está metida en eso que llaman las bandas criminales que están metidas en el narcotráfico. Colombia tiene que resolver eso y no creo que la solución sea simplemente militar.
¿Hay que sentarse con voceros de esos grupos?
Sí, a sabiendas de que son escenarios muy diferenciados para ese tipo de conversaciones. Pero mi sentir muy profundo es que hay que avanzar en caminos de diálogo.
¿Ya se definió de qué se hablará en el informe?
Tendremos un capítulo en el que la Comisión va a presentar hallazgos sobre los se quieren hacer afirmaciones muy serias, como lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, con la Unión Patriótica y una serie de puntos delicados que hemos estado encontrando. Son asuntos sobre los que la Comisión siente que puede llegar a hacer afirmaciones muy contundentes, y son de todos los lados. Afirmaciones sobre responsabilidades que recaen en gobiernos, en partidos políticos, en las Farc, en el Eln, en paramilitares, en fuerzas de seguridad del Estado y, en algunos casos, en empresarios. No serán juicios de tipo jurídico y solo cuando se trate de cosa juzgada, y se conozcan personas, daremos nombres.
¿Y las víctimas?
Tendremos un capítulo sobre las afectaciones a las víctimas, el dolor humano en todos los lados y sectores de la sociedad. Es decir, el conjunto muy complejo de las afectaciones y del sufrimiento humano y, al mismo tiempo, al lado de eso, el enorme esfuerzo desde muchos lugares para trabajar porque la paz sea posible. También habrá un capítulo sobre el exilio, porque la Comisión ha estado en 24 países distintos escuchando a los colombianos que huyeron por causa del conflicto. Tendremos un capítulo de género muy fuerte sobre las afectaciones a las mujeres y también a las personas Lgbtiq+, al igual que otro sobre las afectaciones a los niños y uno más sobre recomendaciones.
El informe llega en un contexto electoral. ¿Han previsto sus implicaciones?
Sí, es un asunto que hemos conversado y sobre el cual hay distintos puntos de vista. Pero si nos preguntan qué queremos, y lo digo con toda fuerza, pues poder tener un tiempo a partir de enero de 6 meses de trabajo, que es el tiempo que se perdió por la pandemia, para poder llegar a afirmaciones muy rigurosas. Eso haría que el informe saliera después de elecciones, cuando ya el presidente nuevo esté elegido y sea a él o ella a quien se le entregue. Si lo de la Corte no se da, sí aparecerá en medio de la campaña. Pero sí queremos ser claros: no estamos haciendo un informe para apoyar ninguna campaña, porque no estamos en contra ni de santistas ni uribistas ni petristas ni de ninguna de las opciones políticas. Nuestro trabajo es humanitario.
Pero lo de la Corte puede que no se dé...
Se corre el riesgo de ser utilizados, sea para servirse de las cosas que diga la Comisión o para atacarla. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por escuchar a todo el país y deseamos que lo que entreguemos también sea escuchado, pero los tiempos de campaña no son tiempos de escucha. Es el peor tiempo para presentar una invitación a la reflexión de cosas profundas.
Explique, por favor, a qué se refiere con que si es “cosa juzgada” se harán “afirmaciones contundentes”...
Son sobre crímenes de lesa humanidad muy serios; por ejemplo, en torno a militantes de la Unión Patriótica, en torno a lo que pasó en el Palacio de Justicia, en torno a lo que pasó en masacres, en torno a lo que pasó con acciones de la guerra, de militares que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, en torno a políticos. Y hay cosa juzgada porque, entre otras, fueron al proceso de Justicia y Paz y que, posiblemente, no se han hecho públicas del todo.
¿Al fin se conocerán a los responsables de ese tipo de hechos?
Sí señor.
¿Qué se está dialogando y qué busca la Comisión con el sector empresarial?
La Comisión quiere conocer sobre las victimizaciones que acontecieron en el mundo empresarial, que sufrió secuestros, asesinatos, extorsiones, ataques a plantas, a sus sistemas de transporte y todo eso debe ser conocido. También queremos contrastar con algunos empresarios casos muy específicos de cuando aparecen para las víctimas como cómplices con grupos que estaban en la guerra.
¿Con empresas mencionadas en expedientes judiciales se ha hablado?
Lo que puedo decir es que, por ejemplo, Ecopetrol debe entregarnos un informe desde la empresa. Hemos hablado con gremios, con la Andi, y muy a fondo. También esperamos tener un informe de parte de ellos. Hemos conversado con empresarios antioqueños de muy alto nivel, como los presidentes de Sura, del Éxito, de Nutresa, de Bancolombia... Y lo hemos hecho con el empresariado del Valle.
¿Y con Chiquita Brands han hablado?
No, pero es un caso en el que hubo juicio y hay condenas en Colombia y en Estados Unidos. Ellos apoyaron primero a la guerrilla y luego a los paramilitares; eso es conocido y es cosa juzgada. Es un caso delicado que, entre otras cosas, muestra la tragedia de todo lo ocurrido en Urabá.
¿Cómo se garantiza que lo que se diga ante la Comisión es verdad?
Para nosotros es la opinión de quienes acuden, que es seria, pero tenemos que someterla a contraste, a análisis, a otros puntos de vista. Pero hay cosas que, de entrada, son indiscutibles, como el dolor de las víctimas que no requiere ninguna interpretación. Es bueno que el país conozca esos dolores.
