Recrudecimiento del conflicto armado, realidad retratada en Colombia por el CICR

La dureza del conflicto armado, que parece una fiera acechante y muestra sus garras y colmillos en los territorios en los que tiene presencia, afectó a cerca de 50 mil colombianos en el 2020, según lo registró el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. El aumento del desplazamiento masivo, el confinamiento de comunidades afectadas por la confrontación de los distintos grupos armados, las minas antipersonal y los ataques a la misión médica, son solo algunas de esas afectaciones a las poblaciones alejadas que tuvieron que enfrentar otro inconveniente en las zonas que habitan: la llegada del coronoavirus. Estas consecuencias humanitarias derivadas de las hostilidades, fueron compiladas en el informe Retos Humanitarios 2021, en el que el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, indicó que la pandemia agravó esas consecuencias. “Comunidades de diferentes regiones de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y zonas del suroriente colombiano se han visto particularmente afectadas por la violación de las normas humanitarias por parte de los actores armados. Tendremos que sacar del significado de ‘normal’ el sufrimiento de cientos de víctimas de artefactos explosivos, el de las personas obligadas a abandonar sus hogares o de quienes siguen buscando a un ser querido desaparecido en medio del conflicto, entre otros”. En esa dirección, el CICR reseña que en Colombia siguen activos cinco conflictos armados de carácter interno “cuyos actores continúan afectando la dignidad y la vida de la población civil”. Estos grupos armados ilegales, que el CICR califica como partes en conflicto son: el Eln, el Epl (conocido también como los Pelusos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (reconocidas como el Clan del Golfo), y las estructuras de las antiguas Farc no acogidas al Acuerdo de Paz bajo un mando centralizado, como lo son los frentes 1, 7 y 40 - Comando Coordinador de Occidente. Estos grupos, como ya lo ha denunciado El Colombiano, establecieron normas en las áreas donde tienen injerencia con el argumento de intentar detener la pandemia, y esto llevó a la restricción de la movilidad de las comunidades “y las expuso a consecuencias como la falta de acceso a sus medios de vida y a servicios básicos de salud. Además, las sometió a una situación de miedo e intimidación, ya que, al no cumplir con estas medidas de control social, la población fue víctima de amenazas y homicidios”. Desplazarse o confirnarse, las únicas opciones El pasado 8 de marzo, 300 indígenas de la etnia Embera Katío, salieron despavoridos de sus territorios luego de que hombres armados llegaran hasta sus resguardos en el municipio de Pueblo Rico, Chocó, y les dieran la orden de salir. El que se quedara corría el riesgo de ser fusilado. Hast ahora ningún grupo armado se ha endilgado la responsabilidad de sacar a los comuneros que terminaron en la cabecera municipal; muchos otros huyeron a Risaralda. En aquella ocasión, el alcalde de Riosucio, Leonardo Siagama, pidió la ayuda al Gobierno nacional para atender a las indígenas expulsados. “El llamado que hago al Gobierno nacional es que mire la posibilidad de dar tranquilidad a las comunidades indígenas del territorio nacional, especialmente del Chocó, ya que al día de hoy tenemos más de 300 personas desplazadas hacia el casco urbano del municipio de Pueblo Rico, que estamos atendiendo con mucho esfuerzo y estamos buscando apoyo de otras entidades del departamento del Chocó, de Bagadó y de la Unidad de Víctimas para que nos den la mano en este momento”, dijo el mandatario local. Si bien este episodio se registró en este 2021, es una escena que se repite en distintos departamentos del país y que también ocurrió en el 2020. El informe Retos Humanitarios 2021, del CICR, registró que en Colombia el año pasado fueron desterradas 21.307 personas. Los departamentos más afectados fueron Nariño, con un 45% del total de los desplazamientos; seguido de Chocó con el 24%, Antioquia con 14%, Norte de Santander con el 6.5% y Cauca con el 6%. Dice el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, que no es de extrañarse que sean precisamente estos departamentos donde más se dan los desplazamientos porque es precisamente en estos donde más se ha agudizado la confrontación. “Si usted mira el mapa de Colombia, descubrirá que en esas zonas los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, los Caparros, el Eln y las disidencias de las Farc están en un reacomodo de fuerzas para asirse no solo a las economías ilícitas, sino también para coptar organismos políticos que les ayuden a afianzarse en el territorio. Estos organismos son, por ejemplo las Juntas de Acción Comunal”, dice el experto. Por esta razón, agrega Ortega, es que han aumentado los asesinatos de líderes sociales que se oponen a las imposiciones de los grupos armados ilegales y de permitirles un copamiento de los espacios políticos ganados a pulso por los habitantes de esos territorios. Frente al fenómeno del desplazamiento masivo*, el CICR señaló que fue una triste realidad para habitantes de regiones “muchos de ellos con economías afectadas por la pandemia, que tuvieron que debatirse entre resguardarse dentro de sus hogares o huir dejándolo todo para salvar sus vidas. Nada más en Nariño, en promedio, hubo un desplazamiento masivo cada 11 días”. Al dolor del desarraigo de más de 20 mil colombianos, se sumó otra tragedia: 28.123 personas perdieron la movilidad por los territorios, según detalló el CICR. Las razones de estos confinamientos fueron explicadas a EL COLOMBIANO por autoridades civiles, de Policía y militares, quienes señalaron que las amenazas e intimidaciones provocadas por los grupos armados generó este confinamiento. Uno de los casos más graves ocurrió el pasado mes de febrero cuando más de 2.000 indígenas de Murindó, Dabeiba y Mutatá, en Antioquia, quedaron confinados en su territorio debido a que el Eln sembró minas antipersonal en los territorios de sus resguardos. Con una carta hecha a mano y firmada por un comandante que se hace llamar “César”, este grupo armado ilegal les dio la orden a las comunidades de desplazarse porque iban a minar. En la misiva les dieron dos días para hacerlo o de lo contrario pagarían las consecuencias porque instalarían artefactos explosivos y no responderían por ello. La amenaza se hizo efectiva y dos días después instalaron en los caminos que comunican a las dos comunidades minas antipersonal, lo que llevó a que las 2.000 personas permanezcan aún hoy confinadas sin poder tomar sus alimentos, ir a sus cultivos ni realizar acciones cotidianas como cazar o pescar. Según el CICR, Chocó (78.3%), Antioquia (16%), Nariño (4.5%) y Cauca (1.2%), son los departamentos más afectados por el confinamiento, afectación generada por el recrudecimiento de la confrontación en estos territorios. Ese confinamiento se ha dado en parte por una práctica proscrita por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, pero que sigue siendo usada como arma de guerra en el contexto colombiano, y son la instalación de minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados. Una amenaza invisible El aumento de accidentes por minas antipersonal en Colombia muestra que los grupos armados ilegales han incrementado esta práctica ilegal por dos razones muy claras: cuidar los cultivos de uso ilícito y como una forma de frenar el avance de los que son considerados enemigos, ya sea tropas de Estado colombiano u otras estructuras armadas ilegales. El CICR indicó que en 2020 registraron 389 víctimas de artefactos explosivos, la mayoría campesinos que cayeron en estos campos minados mientras desarrollaban sus labores como cultivar, buscar agua o transitar por caminos veredales. “Los accidentes ocurrieron en 69 municipios. De estos, 41 no registraron en 2019 ningún accidente, lo que indica que el fenómeno se ha extendido a zonas donde se pensaba que la problemática era un hecho del pasado”, dice el CICR, entidad que destaca el esfuerzo hecho por el Gobierno colombiano para desminar el territorio, pero que recalca que aún faltan muchos retos por cumplir para garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas, sobre todo en zonas donde el conflicto armado sigue muy activo. Hasta los médicos sufrieron Otra de las grandes preocupaciones en el contexto que se vive en la actual pandemia, son las agresiones a las que se vieron sometidos durante el 2020 el personal médico que atendieron en la primera línea a todas las personas afectadas por el covid-19. De acuerdo a los registros del CICR, en Colombia en 2020 se reportaron 325 ataques contra este personal, contra sedes y vehículos sanitarios. Esta es la cifra más alta en los últimos 24 años, según la entidad. En la mitad de los casos, las agresiones fueron cometidas por familiares de los pacientes, los pacientes mismos o miembros de la comunidad. En el marco del conflicto armado, el CICR registró 88 agresiones de los grupos armados contra las instalaciones o personal de salud. “Las afectaciones contra la misión médica no solo afectaron al personal médico, sino también a las comunidades que se quedaron sin acceso a los servicios de salud”, dice el documento. En algunos municipios, sus habitantes perdieron citas médicas, controles de vacunación y control de enfermedades. “El personal médico quedó en una situación de enorme vulnerabilidad en un momento en el que se necesitaba su trabajo de manera prioritaria”, dijo el CICR y agregó que el panorama para el 2021 parece no cambiar. Más allá del panorama presentado por el CICR, en el que se incluyen otros aspectos como el fenómeno de la desaparición forzada que, en el 2020, ascendieron a 104 casos, su trabajo humanitario benefició a 1.198.000 personas, en una misión realizada mancomunadamente con la Cruz Roja Colombiana y otros socios, lo que permitió llevarles esperanza a los colombianos que parecen no ver la luz cuando las tinieblas de la guerra enceguecen. ...

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Javier Alexander Macías | Publicado el 26 de marzo de 2021

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