Convencido de que la Agencia Colombia para la Reintegración puede asumir el reto de reintegrar a los guerrilleros de las Farc que dejen las armas tras un eventual acuerdo de paz, se declaró Joshua Mitrotti, quien acaba de asumir la dirección de la ACR, en reemplazo de Alejandro Éder.
A pesar de que el nombre de Joshua Shuajo Mitrotti Ventura no es conocido por muchos, a dicho cargo no llegó en paracaídas. El conflicto y la atención de víctimas han sido los temas de su carrera profesional, incluso en la misma ACR por poco más de cuatro años, como director de reintegración (2011-2012), gerente general (2010-2011), gerente de reintegración comunitaria (2008 -2009), y coordinador de la unidad de cooperación y relaciones externas (2008).
Esas condiciones le ganaron al nuevo directivo el respaldo del general (r) Óscar Naranjo, quien será el encargado de liderar el Ministerio del Posconflicto, entidad en la cual quedará adscrita la ACR.
¿Cómo recibió la ACR, tras la salida de Alejandro Éder?
“Me retiré de la ACR hace dos años (17 de octubre de 2012), hoy veo una política consolidada, que tiene un mayor enfoque territorial, es una institución más madura”.
¿Qué retos tiene definidos?
“Es necesario consolidar los aprendizajes y adaptarlos a las necesidades actuales, a las necesidades de los nuevos actores que se van a desmovilizar. Aunque lo principal es lograr que los ciudadanos entendamos que los desmovilizados también son seres humamos y que sus vidas se vieron marcadas por el conflicto, por circunstancias que muchos ni siquiera imaginamos. No justifico la participación de personas en la guerra, y menos de menores de edad; pero las causas sí deben ser tenidas como elemento”.
¿Cómo ve la sociedad frente a los desmovilizados?
“La sociedad aún no está preparada para asumir el reto de socializar con los desmovilizados. Como país tenemos que pasar ese temor y asumir la responsabilidad, ellos también asumen una responsabilidad con el país y con el Estado. No obstante, es claro que la sociedad se ha transformado. Hoy es mucho más fácil trabajar con el sector privado, que ha sido muy generoso con esta política y con este programa, pero debería ser mucho más masivo, más territorial, más cercano a la gente”.
¿Hay seguridad jurídica?
“Ese es otro de los temas que está en mis prioridades. Infortunadamente en Colombia tenemos un marco jurídico demasiado amplio y complejo, una norma puede contradecir otra y eso genera inseguridad en los desmovilizados”.
¿Tiene algún mapa de cómo llegar a las regiones?
“Esto ya ha venido dándose. Hemos implementado centros de servicio en Putumayo, Caquetá, Cauca y otros departamentos. Allí la población desmovilizada puede llegar”.
Hay mucho temor en todos los desmovilizados...
“Tienen muchos riesgos, llegan a contextos complejos de vulnerabilidad. No llegan a barrios ricos, sino a los marginales, donde hay problemas de informalidad e ilegalidad”.
¿Cuáles son los retos tras un proceso de desmovilización de los grupos armados?
“Habrá desafíos muy grandes, como la criminalidad. Si no se hace en conjunto con toda la sociedad, cometeremos un gran error” .
