La casa de Rosalina Herrera* está ubicada en la vereda Buenos Aires del municipio de Tarazá. Para llegar allí es necesario desviarse de la vía que comunica a Medellín con la costa Atlántica, justo en el sector conocido como El Doce, un corregimiento de esa población del Bajo Cauca antioqueño. A partir de ahí, sin la necesidad de cruzar el río Cauca, hay que recorrer unos ocho kilómetros de una vía típica veredal: lodo, maltrecha y con unos tramos solo aptos para vehículos con doble tracción.
Hace poco más de un año, por ese recorrido era normal ver hectáreas y hectáreas de mata de coca, ahora, solo se observan rastrojos, ganado y uno que otro cultivo de arroz, maíz o cacao. Precisamente, desde la vivienda de Rosalina, se puede observar ese panorama, que paradójicamente, según los habitantes de esa área, les ha traído hambre y más pobreza.
“Fuimos unos 20 núcleos de esta vereda que nos inscribimos al plan de sustitución voluntaria. Todos queríamos dejar atrás esos cultivos. Infortunadamente ya se va a cumplir un año y no hemos recibido un solo pago. Fue la misma Policía la que nos arrancó las matas de coca y ahora mire nuestra situación”, dice la campesina.
Rosalina se refiere a que prácticamente no tienen ningún sustento para alimentar a su familia compuesta por nueve personas; donde tenían la coca, ahora cultivan un poco de arroz y maíz que ayuda a resolver en cierta forma la situación, y es solo un poco, porque les da temor que después el Gobierno les diga que en esa zona nunca se cultivó algo ilícito y así se queden sin un solo centavo de manera permanente.
“Es que ahora es un rastrojo y como nadie del Gobierno ha venido por acá, nos podrían decir que ahí nunca hubo coca, por eso dejamos una parte tal y como quedó después de la arrancada de los palos”, añade la mujer mientras muestra los papeles que el Estado le dio como muestra de que hace parte del Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
A 500 metros de la casa de Rosalina está la de José Alberto*, un anciano que a sus 83 años reconoce que la coca que cultivó y raspó le dio alimento a su familia por varios años. Ahora, como las otras familias de la zona, espera, casi un año después, el primer pago del Gobierno nacional tras cumplir con dejar a un lado el cultivo de uso ilegal.
“Cada dos meses nos entraban entre 3 y 4 millones para poder comer. Ahora me está tocando vender unos animalitos que tengo por ahí, unas cuatro o cinco vaquitas. Este año no hemos tenido con qué comer, ahora no consigo prácticamente nada, si logro vender un ternero, tengo unos 500 y 600 mil pesos para poder sobrevivir varios meses”, explica don José.
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