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Para Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la solidez de los acuerdos del proceso de paz de La Habana depende de que se establezcan penas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, desde su punto de vista, debe estudiarse un mecanismo para que esas penas sean flexibles, diferentes a las contempladas en el sistema penal tradicional y cobijen no solo a las Farc sino a todos los victimarios, incluyendo a los agentes del Estado.
Según dice, esa es la forma de blindar los acuerdos en el escenario internacional y de paso enviarle a la sociedad el mensaje “de que incluso los objetivos más nobles no permiten el uso de ciertos instrumentos innobles”.
También se refiere a las grandes reformas que requiere la implementación de los acuerdos y la diferencia que existe entre dejación y entrega de armas, aspecto del que se han escuchado voces de parte y parte, pero que todavía no se ha puesto en el centro del debate.
Usted ha criticado la reforma al equilibrio de poderes que está en curso en el Congreso, ¿cómo la ve a la luz de los acuerdos de paz?
“El proyecto en curso lejos de ayudar es algo problemático para los acuerdos de La Habana. El tema es que si uno considera que la paz es para lograr una democracia más profunda y más eficaz, se debe pensar en que hay una crisis de credibilidad en las instituciones y hay un problema serio de transparencia. Hay temas que aparentemente busca solucionar la Reforma al Equilibrio de Poderes, pero lo hace de muy mala forma”.
¿Los acuerdos requieren un cambios de fondo en la estructura del Estado?
“En caso de concretarse sí implican necesariamente ciertas reformas. Por ejemplo en el tema de participación política el establecimiento de circunscripciones especiales territoriales del paz requiere una reforma constitucional. Hay otros temas que los acuerdos no han tocado y tienen que ver con el rediseño institucional del Estado colombiano, la parte orgánica de la Constitución y todo el debate del equilibrio de poderes”.
¿Entonces una vez empiece la implementación de los acuerdos habrá que hacer de nuevo grandes reformas?
“En los acuerdos mismos no hay nada por ahora que obligatoriamente implique un profundo rediseño. Y cuando las Farc han hecho este tipo de propuestas han sido bastante poco serias. Pero si uno piensa que la paz debería traducirse en una profundización democrática y que a su vez la profundización democrática debería aclimatar la paz yo sí creo que hay ciertas discusiones institucionales que surgirían del debate de la paz”.
¿Con base en lo que se conoce de los acuerdos cuáles serían las reformas necesarias?
“Si realmente es una paz territorial, como dice el Comisionado de Paz, eso implica cambios en la organización territorial del Estado colombiano. Los acuerdos no se meten en el detalle de eso y yo creo que está bien que no lo hagan porque es un debate complejo, difícil y de todos los colombianos. Uno también debe preguntarse si la rama judicial debe operar igual en todo el país o debe tener una presencia territorial diferenciada. Además, si se toma en serio el tema de garantías a las minorías, hay que rediseñar el Consejo Nacional Electoral que es una organización que difícilmente es apropiada para garantizar la imparcialidad de las elecciones y el respeto a las minorías porque su elección depende de los partidos mayoritarios”.
¿Los responsables de crímenes atroces por parte de las Farc deben ir a la cárcel?
“Para la solidez de un proceso de paz en Colombia debería existir una pena privativa de la libertad flexible, no obligatoriamente el régimen carcelario ordinario, para los máximos responsables de todos los actores del conflicto, no únicamente de las guerrillas, tiene que ser una solución que cubra al universo de victimarios”.
Pero los negociadores de las Farc dicen que no están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel...
“El gran problema es que eso debe ser planteado de manera que no se entienda como una rendición de la guerrilla. Por eso debe ser una solución global para todos los victimarios a los cuales, posiblemente, les debemos reconocer la nobleza de sus fines como delincuente políticos en el caso de la guerrilla, y como defensores de la institucionalidad en el caso de agentes de Estado. Pero les cuestionamos sus medios y le decimos que respondan por ellos sin perjuicio de que se vuelvan actores políticos plenos. Eso diría que no se están rindiendo y abandonado sus ideales sino reconociendo que utilizaron medios inaceptables”.
Se habla de compromisos internacionales en materia de justicia, ¿ese sería el mecanismo para blindar el proceso?
“El debate tiene componentes jurídicos y ético políticos. No creo que el Estado esté claramente obligado la aplicación de penas privativas de la libertad ni que esté claramente permitido que se apliquen otras penas para cumplir el deber de justicia. Pero es posible que los tribunales internacionales lleguen a la conclusión de que no es posible una pena no privativa de la libertad y eso pondría en riesgo toda la estabilidad jurídica del proceso de paz. Si los máximos responsables reciben penas reducidas, flexibles, eso le da una solidez inquebrantable al proceso. Eso lo haría aceptable para la sociedad colombiana y daría un mensaje simbólico muy fuerte de que incluso los objetivos más nobles no permiten el uso de ciertos instrumentos innobles. Es una idea difícil pero creo que es el esquema que haría sólido el proceso de proceso desde el punto de vista político, jurídico y ético”.
Esa idea de rendición que usted mencionaba es la misma que se pone en cuestión cuando se dice que las Farc deben entregarle sus armas al Estado...
“Lo importante es que haya dejación de armas y eso es lo que dice el marco jurídico para la paz. Uno puede buscar fórmulas creativas frente a un actor armado político como la guerrilla para el cual eso sería sinónimo de rendición. Se puede hacer como en Irlanda del Norte donde no hubo entrega de armas sino verificación de su destrucción por parte de un mediador internacional. Fórmulas hay muchas y hay que hacerlo compatible con el honor de la guerrilla. Insistir en la entrega de armas al Estado Colombiano es un error gravísimo”.