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Estrategias de las Farc para camuflar su fortuna
En los últimos 10 años extendieron una compleja red de finanzas con delegados en otros continentes. Su negocio preferido: casas de cambio.
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Según los hallazgos de la Fiscalía, las Farc se volvieron terratenientes después de la Zona de Distensión, a través de testaferros en Caquetá y Meta. FOTO róbinson sáenz
Cuarenta y una empresas investigadas por autoridades de diferentes países en la última década, por supuestamente prestar sus activos y servicios para movimientos financieros de las Farc, dan una pista de las estrategias del grupo insurgente para camuflar su fortuna.
Se trata de recursos y cuentas bancarias que, según dijo el presidente Juan Manuel Santos en entrevista con EL COLOMBIANO (31/7/16), “ni las ha podido encontrar la CIA ni la Inteligencia Militar”, pero permiten el sostenimiento de 80 frentes y columnas con cerca de 18.000 militantes actualmente, entre combatientes armados y redes de apoyo.
Este diario rastreó en documentos públicos y consultó organismos de seguridad, encontrando que de las 41 empresas sospechosas, 26 son de Bogotá, cuatro de Ecuador, tres de Costa Rica, dos de Suiza, dos de España y de a una en Villavicencio, Maicao, Barranquilla y Venezuela (ver el listado anexo).
El objeto social de las compañías refleja los negocios preferidos por los subversivos para lavar plata en el torrente financiero: 12 son casas de cambio, ocho de productos y servicios agrícolas y cinco inmobiliarias, aunque también hay colchonerías, parqueaderos, centrales telefónicas y de remesas internacionales.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), ha incluido a 36 de esas empresas en la Lista Clinton, aplicándoles sanciones económicas. Esta entidad, que ha realizado al menos 20 acciones restrictivas contra los dineros de las Farc, es la que más ha visibilizado sus redes en el exterior para el blanqueo de capitales, en especial de su denominada Comisión Internacional (Cominter).
“Profesionales” del cambio
La primera casa de cambio sancionada por la Ofac fue la Comercializadora Colombian Money Exchange (2008), con sedes en Bogotá y Villavicencio. Según el reporte del caso, esta entidad “aceptaba remesas internacionales de las Farc, derivadas de la venta de droga, y en cambio proveía a la guerrilla con pesos que se podían usar en Colombia”.
Seis directivos fueron sancionados, señalados de blanquear fondos para el frente 27 y su cabecilla “Efrén Arboleda”, al igual que al presunto narco Norberto Agudelo Velásquez (“Amado”), quien supuestamente exportaba cocaína de los rebeldes. El dueño de la firma, César Vargas Alba, y la gerente Dora Pava Giraldo, fueron condenados por lavado de activos a penas de 6,8 y tres años de prisión.
A esta medida le siguieron las acciones contra Mercurio Internacional S.A., Cambios El Trébol, Cambios Nasdaq Ltda. y Exchange Center Ltda., ubicadas en Bogotá, las cuales operaban bajo un esquema parecido con el frente 27, intercambiando dólares y euros procedentes de actividades ilícitas por moneda local, o al revés, para enviar dinero a contactos farianos en el exterior.
Las sanciones continuaron contra Cambios Euro Ltda. y La Monedita de Oro Ltda., que según la Ofac lavaban la plata del frente 1°, liderado por “César” (hoy extraditado). Coordinando la red estaba Nancy Conde Rubio (“Doris Adriana”), la cabecilla logística de la estructura, quien se comunicaba con sus camaradas por medio del call center Comunicaciones Unidas de Colombia (Villavicencio), igualmente incluido en la Lista Clinton.
El pasado julio, antes de dejar su cargo de fiscal General (e), Jorge Perdomo presentó un expediente de 10.000 folios con pruebas de las finanzas insurgentes, repartidas en cuentas bancarias, testaferros, tierras, empresas y bienes. La información, que tuvo como punto de partida los computadores de los abatidos “Raúl Reyes” y “Mono Jojoy”, y testimonios de 500 desmovilizados, contabiliza US$22 millones de los bloques Sur, Oriental y Noroccidental. “Es una cifra irrisoria, pero es la que tenemos documentada”, afirmó.
Tan pequeña es la cifra, comparada con lo que mueve la guerrilla más antigua de Latinoamérica, que una sola red de blanqueo detectada por el Tesoro y la Policía les habría lavado US$74 millones en movimientos de Colombia a Chile, Perú y EE. UU.
El clan Jiménez Urrego, liderado hasta el momento de su captura (2008) por los hermanos María Mercedes y Jorge, orquestó presuntamente una trama de 21 personas y 11 empresas para cumplir el propósito, incluyendo la casa de cambio Negociamos MCM y firmas ligadas al agro, como la Promotora de Materias Primas Orgánicas del Tolima.
El lavado es con frecuencia una actividad tercerizada, por lo que a manera de outsourcing la guerrilla contrata los servicios de estructuras de blanqueo. Sucedió con la organización del supuesto narco Fernaín Rodríguez Vásquez (“Abel Carrillo”), según la acusación en la Corte del Distrito Este de Texas, que exportaba droga y lavaba las ganancias para las Farc y los carteles mexicanos “los Zetas” y “Sinaloa”.
La estructura golpeada entre 2013 y 2014, al parecer se valía de tres casas de cambio (Inversiones y Representaciones El Cairo, Internacional Money Servicio Ltda. y El Kairo Internacional S.A.S.), “que facilitaban la compraventa de bienes en el mercado extranjero”, informó el Tesoro.
Tierras y bienes
En el inventario presentado por Perdomo, se destaca que a los subversivos les han expropiado locales en Bogotá, Cali, Villavicencio, Pereira y Arauca. “En el último año y medio les quitamos medio billón de pesos a las Farc, en recuperación de terrenos baldíos e incautación de inmuebles”, dijo.
Las autoridades calculan que este grupo se habría apoderado de 500.000 hectáreas de tierra, la mayoría en Caquetá y Meta, y en algunas montó negocios de cría y comercialización de ganado robado. El presidente Santos afirmó que “tenemos información de tierras en manos de testaferros, serán incautadas y entregadas a los campesinos que eran sus dueños originales”.
En febrero de 2014 se realizó la Operación Faro contra las tierras usurpadas por las Farc en San Vicente del Caguán desde los tiempos de la Zona de Distensión. Los militares ocuparon 17 fincas valoradas en $14.000 millones, con extensión de 4.796 hectáreas, que los guerrilleros usaban para entrenamiento y corredor de movilidad.
La apropiación de los predios se dio a través de compras ficticias por precios bajísimos a los dueños, que fueron obligados a vender barato. Quedaron a nombre de testaferros de estrato bajo, quienes recibían $200.000 mensuales para administrarlos.
Uno de los golpes más fuertes propinados en Colombia contra los esquemas de blanqueo insurgentes se ejecutó el pasado 17 de mayo, cuando arrestaron a 12 personas señaladas de participar en una red de lavado del frente 30, liderada desde el Pacífico por Martín Pérez Castro (“Richard”), capturado en 2014.
Ocuparon con fines de extinción de dominio 40 inmuebles, ocho vehículos, una sociedad y cuentas bancarias. La mayoría eran fincas, apartamentos y lotes en Caquetá, Valle, Risaralda y Quindío. El pasado 14 de julio, el Juzgado 1° Penal Especializado de Cali condenó a tres de los testaferros a penas entre los cuatro y seis años, porque prestaron sus nombres para la compra de los citados bienes.
La sentencia más alta contra un miembro de las Farc por el delito de lavado de activos, se la aplicaron en 2015 a Gener García Molina (“John 40”), cabecilla del frente 43, quien paga ocho años de prisión. Según el expediente presentado ante el Juzgado 3° Penal del Circuito de Villavicencio, tenía influencia en el Meta, “donde edificó construcciones lujosas, como la denominada Casa de Dos Pisos, la finca La Guitarra y establecimientos de comercio (...). Los dineros ilícitos fueron introducidos al comercio inmobiliario mediante la compra o construcción de bienes que adquiría y luego vendía, con lo cual pretendía darles apariencia de legalidad”, informó la Fiscalía.
Su testaferro favorito era Víctor Silva Soto (“el Chivo”), miembro del Comando Conjunto Central y detenido en Bogotá (2013), a quien le habían capturado 11 presuntos integrantes de su red de lavado, junto a 202 bienes en Tolima, Casanare, Meta, Huila y Cundinamarca (2010).
Otra modalidad fue descubierta en 2013 en Bogotá, donde funcionaban tres concesionarios que al parecer prestaban servicios al frente 45, que actúa en Arauca. Las entidades estaban a nombre de Luis y Hernando Carrillo Alvarado, y Rafael Bernal Carrillo, denominados el “Clan Carrillo”.
Los carros de los concesionarios se usaban para transportar secuestrados, precursores químicos y cocaína, para después ser vendidos y borrar así el rastro del crimen.
100
mil hechos atribuidos a las Farc investiga la Fiscalía General de la Nación.
500
mil hectáreas de tierra estarían en poder de la guerrilla, según autoridades.
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