viernes
7 y 9
7 y 9
Cuando los excombatientes de las Farc llegaron a las 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización para dejar las armas y hacer su tránsito a la vida civil, las comunidades que los recibieron se llenaron de promesas del Gobierno, una nueva vida los sacaría del atraso y del abandono a los que la distancia y el conflicto mismo los había condenado.
En varias reuniones del Gobierno de Juan Manuel Santos con los alcaldes de esos municipios y con los líderes comunitarios se hablaba de puestos de salud, acueductos, alcantarillado, conectividad a Internet, escuelas y vías. Ese mínimo que para esas zonas rurales parecía tan lejano. Han pasado cuatro años y medio desde que esos lugares se prepararon para la reincorporación guerrillera y EL COLOMBIANO hace un corte de cuentas sobre lo que les pasó desde entonces.
“Aquí las cosas no han cambiado mucho que digamos, tan compleja está la situación que la mayoría de los reincorporados se han ido de aquí, porque la cosa no pintó buena ni siquiera para ellos”, dijo Wilson un campesino de Carrizal, en el municipio de Remedios.
Según su relato, la vía, que siempre ha sido lo más complejo para su comunidad, no ha sido mejorada sino “con pañitos de agua” y siguen igual de aislados que aquel 1° de febrero de 2017 cuando llegaron los guerrilleros en buses escalera y camionetas cuatro por cuatro: “Aquí solo entran esos carros y motos y todavía pagamos 30.000 pesos por ir al pueblo”.
En Santa Lucía (Ituango) la situación es mucho peor que al comienzo, porque la violencia aumentó tanto que los exFarc se desplazaron forzadamente. “Aquí no hay ninguna paz”, anotó uno de los habitantes que pidió la reserva de su identidad por seguridad.
En efecto, los excombatientes partieron de Ituango hacia Mutatá en julio de 2020, argumentando que no tenían garantías para sus vidas, ya que 15 de los suyos habían sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
El campesino asegura que la estigmatización continúa y que sienten como si tuvieran un blanco en la espalda, “el Ejército o la Policía pueden estar ahí y no nos sentimos seguros”. Los desplazamientos son constantes producto de los enfrentamientos entre las disidencias, el clan del Golfo y la Fuerza Pública.
En Dabeiba la situación es distinta, podría decirse que es un remanso de paz en el que han logrado vivir en armonía. La escuela de la vereda Llanogrande es ejemplo para todo el país ya que allí conviven víctimas, victimarios y población en general.
Y en La Plancha (Anorí) hay avances importantes en legalización de títulos, lo que les ha permitido acceder a beneficios del Estado. Avanzan proyectos productivos interesantes en los que participan exFarc y comunidad.
La ubicación de estas zonas veredales, luego conocidas como Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (una figura ya desaparecida), trajo ciertos beneficios tempranos, algunos puestos de salud que eran muy incipientes fueron mejorados y donde no existían hubo una ambulancia permanente para uso de los excombatientes, sus familias y la comunidad aledaña.
El Ministerio de Salud fortaleció las capacidades de hospitales que cuentan con antiguos espacios territoriales, que va más allá de lo que exige el Acuerdo de Paz. En efecto, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se han girado entre 2019 y 2020 $6.647 millones por parte de MinSalud a las respectivas ESE para un esquema especial en esos lugares.
“La regla de oro de ese esquema es que se atiende a cualquier población. Por eso de las 34.626 atenciones brindadas por este mecanismo entre 2019 y 2020, 20 % ha sido a reincorporados y el porcentaje restante a otras poblaciones”, explicó la ARN.
Varias de esas zonas veredales desaparecieron porque las condiciones no permitieron su mantenimiento, fuera por asuntos de seguridad, climáticos o de acceso, por ejemplo, Vidrí - Vigía del Fuerte y Santa Lucía - Ituango (Antioquia); Tierralta (Córdoba), Policarpa (Nariño) y Macarena (Meta).
A la vez se dio apertura a otros espacios como el de Mutatá, donde viven hoy quienes dejaron sus armas en Tierralta e Ituango. Sin embargo, desde la ARN aseguraron que todas las antiguas zonas veredales siguen priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que se busca subsanar la inequidad histórica con la que han cargado estas poblaciones, por cuenta del conflicto y la pobreza.
Al menos en las comunidades de Antioquia, no han sido muy beneficiadas de las obras PDET: En Santa Lucía ni en Llanogrande ni en Vidrí se han entregado obras; en La Plancha se apoyó el mejoramiento de 19 kilómetros de vía que comunica a tres veredas y en Carrizal entregaron una cancha y una caseta comunal.
Los campesinos dicen que el Gobierno sigue en deuda y que debe mostrar gratitud por su inmenso aporte a la paz y la reconciliación