La Fiscalía General de la Nación aseguró, durante la audiencia de imputación de cargos contra el fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Bermeo, y el excongresista (condenado por parapolítica) Luis Alberto Gil, que concertaron con dos personas más para enviar 120 kilos de estupefacientes a Roma, Italia, para ser distribuidos en una discoteca de un tercero, Alexánder Toro, quien no aparece en el proceso.
Esta transacción se dio en la misma reunión en la que el fiscal Bermeo recibió los 40.000 dólares, que según el ente investigador, serían la cuota inicial para intervenir en el trámite de extradición del exguerrillero Seuxis Hernández, alias “Jesús Santrich”.
“Bermeo afirmó en reunión del 1° de marzo ya haber influido en servidores públicos que conocen del proceso de extradición de ‘Jesús Santrich’, con lo cual logró que la carta enviada a los EE. UU. no llegara a su destino y ofreció atrasar el proceso administrativamente por lo menos por otros tres meses más”, señaló el fiscal del caso.
Para lograr ese retraso, Bermeo aseguró en la conversación grabada por un agente encubierto que “ya habría ejercido su influencia respecto de un secretario encargado de recibir los documentos en la JEP, incluso se habla de un magistrado con el cual miembros de esta organización han estado reunidos”.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, le salió al paso a estas declaraciones y aseguró que se descarta que Bermeo haya podido tener incidencia directa o indirecta en el trámite de garantía de no extradición de Santrich.
Según el fiscal del caso, Bermeo pidió dos millones de dólares para interferir en el proceso, de los cuales 500.000 serían expresamente para él, 40.000 dólares como pago de las acciones ya realizadas y el resto para el final.
