Indignante: así calificó el Consejo de Estado al argumento del Ministerio de Defensa que pretendía culpar a las víctimas de la toma de las Farc en Mitú en 1998. Según el Ministerio, las personas que resultaron afectadas por el ataque no debieron abrir ese día los negocios, porque era una zona de conflicto.
La Sección Tercera hizo un llamado de atención al Ministerio y a la Policía quienes, ante una demanda, aseguraron que no había lugar a responder por los perjuicios morales y materiales de tres personas que resultaron víctimas durante el ataque.
Con ponencia del magistrado Danilo Rojas, la Corporación consideró que “es indignante” que entre sus argumentos el Ministerio haya querido justificar la falla en el servicio que derivó en la muerte de varias personas durante esa toma guerrillera.
“Ignora completamente, haciendo gala de una falta de sensibilidad a todas luces reprochable en nuestro contexto, caracterizado por una alta iniquidad en la distribución de oportunidades, que para la mayor parte de la población colombiana la escogencia del domicilio o del lugar en el que derivará su sustento diario no es completamente libre, sino que está condicionada por circunstancias sociales, económicas y culturales que, desafortunadamente, no son las más favorables”, señala el fallo.
En ese sentido, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 1.400 millones de pesos como indemnización a la familia de tres personas que resultaron muertas por cuenta de las Farc, que llegaron a la residencia y decidieron fusilarlas.
La Sala señaló que no hubo un oportuno apoyo de las Fuerzas Militares para contrarrestar la acción guerrillera, que terminó con 16 uniformados muertos y 61 secuestrados.
