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Gobierno no acepta exigencia de verificación para cese unilateral de las Farc

  • El Gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que seguirá cumpliendo su deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos. FOTO CORTESÍA
    El Gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que seguirá cumpliendo su deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos. FOTO CORTESÍA
18 de diciembre de 2014
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Por medio de un comunicado, la Casa de Nariño respondió al anuncio de las Farc sobre el inicio, el próximo 20 de diciembre, de un cese unilateral al fuego que, sin embargo, estaría condicionado a que las estructuras guerrilleras no reciban ataques por parte de la Fuerza Pública.

El Gobierno indicó que “valora en toda su dimensión” la decisión de las Farc, agregó que va en la dirección correcta y es “un buen inicio para un proceso de desescalamiento de las hostilidades”. Al mismo tiempo, hace un llamado para que ese anuncio se cumpla a cabalidad.

“El país no puede ni quiere repetir experiencias del pasado, en las que anuncios de cese al fuego sólo fueron cumplidos parcialmente. Toda actividad armada y toda amenaza contra la población civil debe cesar”, dice el comunicado.

También expresa que, en concordancia con la agenda del Acuerdo General de 2012 que permitió el inicio formal de las negociaciones, un cese bilateral dependería de que se consiga el denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

Aunque no precisa detalles, el texto agrega que “la exigencia de verificación para el cese unilateral es una condición que el Gobierno no acepta”, aunque se declara dispuesto a iniciar la discusión sobre la verificación de un eventual cese bilateral cuando empiece la discusión del Fin del conflicto, punto tres de la agenda de La Habana.

En cuanto a la condición impuesta por las Farc, que en su anuncio del miércoles aseguraron que el cese unilateral al fuego terminaría de constatarse ataques contra sus estructuras guerrilleras, el Gobierno no se refiere de manera explícita a la actuación de la Fuerza Pública aunque sostiene que seguirá cumpliendo con su “indeclinable deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos”.

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