Paz y derechos humanos

Los siete escándalos de la JEP

Lo que nació como solución al conflicto armado hoy va de escándalo en escándalo.

Patricia Linares, presidenta de la JEP; el presidente Iván Duque y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. FOTO COLPRENSA

Olga Patricia Rendón Marulanda

11 de marzo de 2019

bookmark

El Gobierno de Juan Manuel Santos acordó con las Farc crear una justicia ante la cual los exguerrilleros y actores involucrados en el conflicto armado reconocieran sus crímenes, pidieran perdón, repararan a las víctimas y no volvieran a delinquir, a cambio de sanciones restaurativas, que ayudaran a reparar el tejido social. Esta era la fórmula planteada para acabar por fin con la violencia. Se hablaba, como lo dijo el entonces jefe negociador, Humberto de la Calle, de la máxima justicia que permitiría la paz.

Pero muy rápido empezaron a llegar las dudas. El comité de escogencia, integrado por cinco personas seleccionadas por importantes organizaciones del mundo, eligió a magistrados que fueron señalados por la oposición, encabezada por el Centro Democrático y su máximo líder el expresidente Álvaro Uribe, como sesgados hacia la izquierda. Luego, otra cantidad de escándalos fueron marcándolos ante la opinión pública como protectores de las Farc.

Puede leer: Voces a favor y en contra de la objeción a Ley Estatutaria de la JEP

Pese a los problemas, la justicia ha actuado: ya priorizó siete casos sobre los cuales investigará y sancionará (con penas alternativas) a los responsables. La JEP tiene bajo su jurisdicción a 9.691 exmiembros de las Farc, a 1.958 integrantes de la Fuerza Pública, 39 civiles agentes del Estado y 12 personas vinculadas por la protesta social.

El presidente Iván Duque anunció la noche del domingo que tiene seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario.

Esta es la primera vez en la historia del país que un presidente se niega a firmar una ley estatutaria que ya fue aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional.

Lea también: Presidente Duque objetó la ley estatutaria de la JEP

Los siete escándalos de la JEP

1. Manejo de recursos y contratos a dedo: a escandalosos y millonarios gastos se le sumó la contratación a dedo, ya que importantes cargos y millonarios contratos fueron entregados a familiares y amigos de los funcionarios.

Son los casos de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda; Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper y exfuncionario de Juan Manuel Santos; Juan Sebastián Rozo, quien fue ministro de Santos, y Claudia Linares, hermana del presidenta de la JEP, Patricia Linares. Todas las instancias correspondientes de ese sistema han hablado de las competencias de los profesionales y aclararon que nada tienen que ver sus posiciones en la JEP con puestos burocráticos.

2. Choque de trenes con la Fiscalía: con cada paso que la JEP va dando se va tropezando con un lío de competencia: cuando dijo que era competente para evaluar la extradición de Santrich se dio el primer choque de trenes con la Fiscalía, que tuvo que dirimir la Corte Constitucional, pero de ahí en adelante han sido varios, por cuenta, por ejemplo, de las medidas cautelares para los bienes aportados por las Farc para reparar a las víctimas, o de la continuidad de las investigaciones de la justicia ordinaria sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado. Ambas partes acordaron solucionar las diferencias salomónicamente, la Corte ha hecho de intermediaria, aclarando qué le compete a cada una.

3. Puja interna por el poder: el elevado costo de la Justicia Especial siempre ha sido un tema de discusión. Cuando no había ni siquiera magistrados, el entonces secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, gastó 4,5 millones de dólares y, al llegar los togados, ni teléfonos tenían. Cuando nombraron los magistardos el ambiente se caldeó e inició una puja de poder al interior de la JEP: Correa pretendía seguir con el control del organismo, cuando ya existía un órgano de gobierno dedicado a ello. El tire y afloje terminó en la renuncia del secretario en medio de denuncias de irregularidades, según las cuales, un selecto grupo de magistrados se reunió en un restaurante para decidir cómo quitarle sus funciones.

4. Incumplimiento de alias “El Paisa” : Hernán Darío Velásquez, conocido como “El Paisa”, excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, desapareció desde agosto del año pasado, salió del espacio territorial de Miravalle y no compareció nunca ante la JEP, que lo requirió en varias oportunidades en el marco del caso 001 (secuestro). El 26 de octubre la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad abrió un incidente de verificación del cumplimiento, que de resultar en contra de “El Paisa” podría incluso perder los beneficios de la JEP. Sin embargo, aunque la magistrada Julieta Lemaitre dijo que sería un corto procedimiento, aún no ha habido una decisión de fondo.

Puede ver: La carta a la ONU por objeción de Duque a la Ley Estatutaria

5. Proceso judicial contra zamora: el 20 de febrero pasado, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación ante el juzgado 45 penal del circuito contra de la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora (cuya renuncia se hará efectiva mañana) y los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, quienes presuntamente encubrieron a varios exjefes de las extintas Farc, quienes eran señalados de abandonar los espacios territoriales. En audios proporcionados por el ente acusador, se escucha cómo estos funcionarios acuerdan con un abogado de las Farc cómo engañar a la justicia a través de comunicaciones en las cuales establecieran algún paradero para los desaparecidos.

6. Tarda la extradición de “Jesús Santrich”: la JEP tenía 120 días para determinar la fecha en la que supuestamente Seuxis Hernández o “Jesús Santrich”, conspiró para enviar cocaína a los EE. UU., entonces, ¿por qué no se ha resuelto su situación si fue capturado el 9 de abril de 2018? Es la pregunta que se hacen muchos que sienten que la JEP está dilatando la decisión. La magistrada Linares explicó que los términos se congelan cada que hay algún requerimiento. Hasta ahora es poco lo que ha logrado en el caso, las pruebas con las que se cuenta es el indicment aportado por el tribunal americano cuando lo solicitó en extradición y las aportadas por la Fiscalía General.

7. La corrupción del fiscal Bermeo: el pasado 1° de marzo fue capturado el fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Bermeo, junto a otras cuatro personas. Según estableció la Fiscalía en la audiencia de imputación, habría pactado un soborno de 500.000 dólares (recibió 40.000 como un anticipo) para intervenir en el caso de extradición de “Jesús Santrich”. Aunque el ente investigador no ha comprobado de dónde venía el dinero ni quién estaba detrás de la jugosa oferta, un video muestra al funcionario recibiendo el efectivo por debajo de una mesa. Bermeo fue apartado de su cargo por el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, y la imagen de la JEP se vio seriamente afectada.

Los siete casos que abrió la JEP

1.Retenciones ilegales por parte de las Farc: el secuestro fue una de las prácticas más extendidas de las Farc, la JEP calcula que son más de 4.132 los excombatientes implicados y más de 8.000 las víctimas, ubicadas en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Meta y Bolívar por hechos sucedidos entre 1993 y 2012. Este caso es el más adelantado. Ya una muestra de las víctimas de secuestro político (conocidos como los canjeables) declaró ante la JEP, y los miembros del Estado Mayor y el Secretariado ya empezaron a rendir sus versiones voluntarias de caracter reservado. En este capítulo hay un aparte importante sobre 220 secuestrados desaparecidos, en los que la jurisdicción indagará sobre su paradero.

2. Situación de derechos humanos en Nariño: Este caso prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño). En esa región se tienen documentados más de 1.400 hechos víctimizantes y se registran 1.259 víctimas identificadas con nombre y apellido por hechos sucedidos durante el período 1990 - 2016. Fue el primer caso abierto con enfoque territorial y étnico-racial, consagrados en el Acuerdo final. Con él se busca comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio y sus posibles causas y efectos, como la discriminación racial, la presencia de múltiples grupos armados y la importancia económica y estratégica de la región.

3. Falsos positivos de la Fuerza Pública: en el primer caso que involucra únicamente a Agentes el Estado, la JEP priorizó las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que dejaron al menos 2.248 víctimas, el 45 % de ellas eran campesinos, especialmente ubicados en Cesar y Huila. Este sistema de justicia recibió 2.100 procesos judiciales que corresponden a 1.700 comparecientes.Ya más de 50 altos mandos de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, han rendido sus versiones voluntarias, en las cuales la JEP indaga por quiénes daban las instrucciones de matar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros, qué tipo de incentivos recibían y cómo se seleccionaban las víctimas.

Lea aquí: Paso a paso: ¿qué sigue con la JEP?

4. Situación de Derechos humanos en Urabá: la JEP decidió priorizar la situación humanitaria en Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó). De acuerdo con datos de la Unidad para las Víctimas, en esa región hay al menos 700.000 víctimas del conflicto armado. La Fiscalía cuenta con 3.523 casos radicados en los que se evidencia que esta población fue víctima de todo tipo de violencia (guerrillera, paramilitar y de la Fuerza Pública). Habrá especial atención en la victimización de las organizaciones sociales y políticas que protagonizaron las Farc y los Agentes del Estado.

5. Situación de derechos humanos en Cauca: en el caso 005 la JEP priorizó la situación humanitaria de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca). Solo en esa zona del país se reportaron, según la Unidad para las Víctimas, 12.000 homicidios entre 1993 y 2016, en el marco del conflicto armado. El departamento del Cauca es especialmente representativo frente a la confrontación, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los derechos humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas).

6. Victimización a la UP por agentes del estado: de acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984, aunque otros informes civiles señalan que fueron más de 6.000 víctimas de violencia sistemática y que padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica. La impunidad en este caso ha sido alta, puesto que de los 863 casos radicados el 60 % no ha pasado de la etapa de investigación previa, y solo se han dictado 246 sentencias en las que se han condenado a a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía.

7. Reclutamiento de niños por las Farc: las cifras de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla de las Farc varía según la fuente de información. La Fiscalía ha abierto 4.219 investigaciones sobre estos hechos, que incluyen a 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Hasta ahora solo se han dictado 10 sentencias. En los documentos a los que tiene acceso la JEP se puede concluir que en la Séptima Conferencia Guerrillera, realizada en 1982, la insurgencia determinó que las edades ideales para el reclutamiento en sus filas sería entre los 15 y los 30 años, sin embargo, la mitad de quienes fueron desvinculados aseguran haber sido reclutados antes de los 15 años.