El gobierno de Donald Trump le cierra el cerco a Nicolás Maduro, la semana pasada anunció una recompensa de 50 millones de dólares para quien ayude a capturarlo —la más alta ofrecida en la historia de Estados Unidos, pues por Osama Bin Laden se pactó una entrega de 25 millones de dólares— y ahora les cayeron a algunas de sus propiedades.
Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la incautación de aeronaves, propiedades y otros activos valorados en más de 700 millones de dólares, vinculados a Nicolás Maduro, miembros de su familia y empresarios cercanos. Entre los bienes hay varias propiedades en la Florida, una mansión en República Dominicana, una granja de caballos, yates, nueve vehículos de alta gama, joyas y millones de dólares en efectivo.
Según el Departamento de Justicia, estos bienes forman parte de una red de corrupción y lavado de dinero que operó durante varios años y utilizó estructuras corporativas internacionales para ocultar la verdadera propiedad de los activos.
El caso no es solo judicial. También tiene un peso simbólico y diplomático. En el comunicado oficial, el Departamento de Justicia subrayó que la incautación es parte de los esfuerzos por combatir la corrupción transnacional y frenar el flujo de capitales obtenidos ilegalmente que terminan invertidos en Estados Unidos. No es un operativo aislado: en los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado las acciones contra figuras del gobierno venezolano, utilizando como base leyes federales que permiten confiscar bienes ligados a delitos como lavado de dinero, narcotráfico o violaciones de sanciones internacionales.
Los aviones incautados, según las autoridades, no solo servían para transporte personal. También habrían sido parte de operaciones logísticas que, bajo la apariencia de vuelos privados, facilitaron el traslado de personas, mercancías y, en algunos casos, dinero en efectivo. La investigación apunta a que la red utilizaba empresas fachada y registros corporativos en distintos países para ocultar la verdadera propiedad de las aeronaves.
Cada avión tiene su propia historia: algunos fueron comprados nuevos, otros adquiridos a través de intermediarios. En varios casos, las empresas propietarias solo existían en el papel, con oficinas registradas en paraísos fiscales y sin empleados ni operaciones visibles. La estructura era sofisticada, diseñada para disimular la conexión final con el entorno presidencial.
Hay que recordar que el año pasado Estados Unidos incautó otro avión vinculado a Nicolás Maduro, porque quien regenta el régimen en Venezuela lo adquirió pese a las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia. El diario The New York Times publicó en noviembre de 2024: “El gobierno de Joe Biden está tratando de ejercer más presión sobre Maduro debido a sus intentos de socavar los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su país, afirmaron funcionarios de la Casa Blanca. En su declaración, el Departamento de Justicia señaló que había incautado un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y sus socios, y que es operado por ellos, después de haber sido trasladado a República Dominicana para ser sometido a trabajos de mantenimiento. Después, el Departamento envió el avión a Florida. El avión fue comprado a través de una empresa fantasma en Estados Unidos por 13 millones de dólares y luego fue “sacado de contrabando” del país “para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus aliados”, dijo Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, en el comunicado”.
En esta ofensiva, Estados Unidos actuó en conjunto con el Ministerio Público de República Dominicana, y todo empezó a principios de año cuando confiscaron el primer avión, un Dassault Falcon 200, matrícula YV-3360, valorado en unos 10 millones de dólares. La aeronave, utilizada por Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), estaba en un hangar del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte, desde septiembre de 2024.
Edwin López, representante de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HIS), explicó que el avión fue comprado en Estados Unidos en 2017 y trasladado a Venezuela, donde recibió reparaciones con piezas estadounidenses sin la autorización correspondiente. También fue adaptado con lujos como asientos de cuero y acabados de tapicería fina.
Este era un golpe que ya estaba anunciado, pues el año pasado en una declaración escrita Matthew S. Axelrod, exsecretario adjunto para la aplicación de las normas de exportación del Departamento de Comercio, había dicho: “Que esta incautación mande un mensaje claro: las aeronaves adquiridas de manera ilegal en Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar en el atardecer”.
Armando.info, portal venezolano de periodismo de investigación y miembro de GIJN, trabajó junto al Miami Herald en una serie llamada Miami Nostro, publicada a finales de 2022, que reveló cómo cientos de exfuncionarios y militares venezolanos registraron empresas y adquirieron bienes en Florida. Según el propio medio, se trató de un proyecto que combinó meses de reportería con el desarrollo de herramientas tecnológicas diseñadas para analizar grandes volúmenes de información.
“Miami Nostro es el resultado de meses de colaboración, no sólo entre periodistas, sino también con programadores de software que hallaron soluciones relacionadas con los aspectos técnicos de la investigación”, explicó el equipo de Armando.info, que con su investigación evidenció una enorme fuga de capitales desde Venezuela y que hoy podrían estar ligados con las propiedades de Nicolás Maduro.
Uno de esos avances técnicos fue un bot que extrajo automáticamente nombramientos y cargos publicados en la Gaceta Oficial de Venezuela, desde 2007 hasta junio de 2022, y los organizó en una base de datos. Esta información se cruzó con registros empresariales de Florida, permitiendo identificar coincidencias entre nombres de funcionarios y propietarios de compañías en ese estado.
Los hallazgos fueron contundentes. Solo en Miami, al menos 232 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o exfuncionarios del Ministerio de Defensa registraron empresas, muchas de ellas aún activas. En total, se identificaron 724 exfuncionarios —entre ellos ministros, viceministros, magistrados y jueces— vinculados a compañías de Florida.
Esta información surgió no solo de los cruces de bases de datos, sino también de entrevistas con fuentes que ayudaron a interpretar los hallazgos. Según Joseph Poliszuk, coordinador de investigaciones de Armando.info, “resultaba difícil explicar cómo estos funcionarios pudieron haber llegado a Miami si no era colaborando con las autoridades estadounidenses”.
El proyecto también demostró que varios de estos exfuncionarios adquirieron propiedades o formaron empresas mientras todavía ocupaban cargos públicos en Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones. La investigación de Miami Nostro no solo documentó las conexiones empresariales, sino que también expuso la magnitud de la presencia de la élite política y militar venezolana en el sur de la Florida.
La semana pasada el gobierno de Estados Unidos aumentó la recompensa que lleve a capturar a Maduro, y no es raro pensar que todos estos movimientos en contra de las propiedades que el líder del régimen detentaba sean parte de un arrinconamiento. Hay que recordar que la semana pasada la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en su cuenta de X un video en el que afirmó que Maduro “es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
Al parecer, todo está relacionado con la cruzada en contra del narcotráfico que anunció el mismo Donald Trump, quien a los pocos días dijo: “Queremos proteger nuestro país de los carteles latinoamericanos”. Y es que en febrero pasado designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua, la pandilla salvadoreña MS-13 y hasta el Clan del Golfo, o también conocido en partes de Colombia como Autodefensas Gaitanistas. Pero la movida no se quedó ahí, pues hace apenas unas pocas semanas la Casa Blanca añadió al cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas, así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo. Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, declaró el viernes 8 de agosto Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si creía que valía la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.
He aquí entonces la razón de una recompensa tan alta, pues en este momento los estadounidenses —lo dijo la fiscal Bondi— aseguran que Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”, pues según las cifras de la DEA, solo este año han logrado incautar 30 toneladas de narcóticos provenientes de Venezuela, “de las cuales siete estarían directamente vinculadas al gobernante”.
Bondi apuntó incluso que “Maduro utiliza organizaciones terroristas como el TDA (Tren de Aragua), (el cartel de) Sinaloa y el cartel de Los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país”, y además dijo que a Maduro se le han incautado bienes por US$700 millones en los últimos meses.
El portal especializado en crimen transnacional InSight Crime publicó en abril pasado que se empezó a hablar del cartel de los Soles en los noventa, cuando soldados de la Guardia Nacional Bolivariana colaboraban con narcos para dejarles pasar sus alijos de coca: “Se dice que el término ‘Cartel de los Soles’ se usó por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de ‘Cartel del Sol’. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división —quienes tenían soles dobles por su rango—, el término se modificó para pasar a llamarse el “Cartel de los Soles”.
Desde entonces en Venezuela se ha hablado del Cartel de los Soles. En 2015, destaca InSight Crime, quien fuera el jefe de seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles.
“Ese mismo año, Estados Unidos imputó a dos altos exoficiales de la policía por narcotráfico. En agosto de 2016, Estados Unidos abrió pliegos de cargos federales contra el exdirector general de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y contra el exsubdirector del mismo organismo, Edylberto José Molina Molina. El día después de que se hicieran públicas las imputaciones, el presidente venezolano, Nicolás Maduro designó a Reverol como su nuevo ministro de interior”.
Y más adelante indicó que “el largo historial de acusaciones de participación oficial en narcotráfico llegó a su culmen en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al presidente Maduro, a varios funcionarios de su administración y exfuncionarios, así como a miembros de la cúpula de las FARC, por ‘cargos de narcoterrorismo’. Maduro y otros ‘abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela —incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, el legislativo y la rama judicial— para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos’”.
Es decir, Estados Unidos tiene toda una carpeta en contra de Maduro que va más allá de sus abusos democráticos y dictatoriales. Pero desde Venezuela han dicho que todo se trata de una “operación de propaganda política”; el canciller Yván Gil afirmó: “Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”.
Hay que recordar que en 2020 Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y conspiración para traficar drogas, y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo. La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la cantidad a 25 millones. La presentación de cargos contra un mandatario extranjero por parte de Washington es inusual, pero ya lo hizo en 1988 contra el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, antes de invadir el país para derrocarlo.
Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024. La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.
En julio, Marco Rubio anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador. La hostilidad de Trump hacia Maduro se remonta a su primer mandato. En 2019 el republicano reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, “presidente interino” de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro. Ahora bien, la propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.
Por otro lado, el sábado pasado La Asamblea Nacional de Venezuela manifestó su apoyo al presidente Nicolás Maduro, calificando de “agresión” el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura. “Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá el intento de agresión delirante contra el presidente (...) y contra nuestro pueblo rebelde y valiente”, declaró el jefe de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al leer una carta que, según él, fue aprobada por unanimidad por los diputados.
*Con información de AFP.
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