Dos años de investigación de un grupo de académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford (Reino Unido), y las ONG Andhes (Argentina) y Dejusticia quedaron consignados en un informe que revela que “hay una parte del conflicto colombiano que no ha sido contada ni juzgada: los vínculos entre el poder económico y los actores armados”.
El documento “Cuentas claras” evidencia que en las 35 sentencias de Justicia y Paz, dictadas hasta 2015, se identificaron 439 casos de complicidad empresarial. En el 31 % de estos se le ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación oficial, pero solo en el 10 % se dio la acción judicial (Ver informe).
La relación entre algunos empresarios y paramilitares “no solo incluía la contención de los actores armados, sino también repertorios de represión de las protestas sociales de sindicalistas, activistas, líderes comunitarios o cualquier otro individuo al que etiquetaban como ‘guerrillero’”. Por eso, el informe señala que el 24 % de las víctimas de esas alianzas entre algunos sectores económicos y las autodefensas eran habitantes de las comunidades locales, el 20 % trabajadores, el 9,6 % miembros de la oposición política, el 6 % sindicalistas, entre otros.
Este informe, que muestra la situación en varias regiones del país, busca ser un insumo para la Comisión de la Verdad, que de manera extrajudicial tiene el mandato de determinar qué fue lo que pasó durante el conflicto armado.
