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Al darse cuenta que su nombre estaba en la lista, Marlon*, un joven de 16 años de edad recién egresado de bachillerato en Riosucio, Chocó, pasó la noche bajo la cama. Fue su noche más larga y, en su vigilia forzada, temió que los hombres armados llegarán por él y se lo llevaran a la fuerza.
El nombre de Marlon apareció el pasado domingo en las listas que el Clan del Golfo ha levantado en el municipio chocoano y ha repartido por sus calles de barro y casas de madera, todo con la intención de llevarse a los jóvenes a los campamentos que tienen en las zonas rurales del municipio.
“A él le dijo un amigo que lo estaban buscando, pero mi hijo es una persona de bien y no quiere empuñar un arma. Ya hasta mi muchacho le había dicho a un señor que le dicen ‘Carroloco’ que no quería irse con ellos, y según me contó mi hijo, la última vez esta persona lo vio, le dijo que se lo llevaba a las buenas o las malas”, fue el relato de la madre de Marlon a EL COLOMBIANO.
La historia de esta mujer chocoana y de su hijo, hace parte de una realidad que se vive en este municipio por el reclutamiento de menores de edad impuesto por grupos armados ilegales que, junto al asesinato de jóvenes y la guerra desatada contra el Eln, ha desencadenado que en lo que va del 2021, más de 100 niños entre los 14 y 16 años de edad, abandonaran Riosucio.
El último éxodo de estos chicos ocurrió el pasado martes 23 de febrero en la madrugada, cuando 12 de ellos fueron sacados del municipio en distintos medios de transporte del Ejército y la Armada Nacional, como lo confirmó a EL COLOMBIANO el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.
“Han sido ocho los jóvenes sacados por el Ejército en seis meses y cuatro por la Armada. Los sacamos en camiones o en lanchas. Se sacan con seguridad por el medio más expedito y con la Policía se hace algo con el Instituto de Bienestar Familiar. Lo importante es sacarlos con seguridad. Han sido 12 en los últimos seis meses”, aseveró el general Díaz.
El alto mando militar explicó que no es que estén en una lista, sino que es el mismo temor de los padres a que sus hijos sean reclutados los lleva a pedir ayuda para sacarlos del municipio.
Sin embargo, este diario consultó con uno de los líderes de ese municipio, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, y este ratificó que sí son más de 100 chicos los que han salido para evitar ser reclutados o asesinados por el grupo armado ilegal, y que los nombres de los menores de edad sí están en las listas de los grupos armados ilegales.
“Ellos han empezado a hacer como registros de cuántos muchachos hay acá, y se les acercan y les ofrecen pagos en dinero y otras cosas como motos, pero después que se van para allá, no les dan nada y ya no se pueden salir. Además la juventud de acá es muy sana y no quiere verse metida en esa guerra, entonces prefieren irse”, dijo el líder.
El panorama según la Alcaldía
El éxodo de los muchachos de Riosucio es una realidad que reconoce Conrad Valoyes, alcalde de esa localidad. El mandatario local asevera que en los registros oficiales tiene identificada la salida de 46 jóvenes, pero pueden ser muchos más que se fueron en silencio y con sigilo para evitar ser presa de la violencia generada por el Eln y el Clan del Golfo.
“Son 46 jóvenes los que han salido del municipio huyendo ya que sus vidas corren peligro, además, estos tipos perpetraron (asesinaron) a cuatro jóvenes en menos de un mes y eso generó una estampida del pueblo de estos muchachos cuando vieron que sus vidas corrían peligro”, expresó a EL COLOMBIANO el alcalde Valoyes, quien agregó, que hay un subregistro de este desplazamiento juvenil.
Dijo el mandatario que muchos de los acompañamientos al éxodo de estos jóvenes los hicieron en compañía de la Fuerza Pública y de la Personería, pero la mayoría se hizo sin este requerimiento porque las familias así lo solicitaron.
“La gente temía hablar con la Fuerza Pública y sentían que eso era ponerlos más en riesgo. Entonces nos pedían que los apoyáramos con los pasajes y unos recursos para la alimentación de estos niños y salían de Riosucio a cualquier parte del país”, expresó Valoyes.
El alcalde de Riosucio dejó claro que desde su administración han hecho lo posible para evitar que los menores de edad se vayan del municipio. Entre las estrategias creadas están varios convenios con instituciones de educación superior como la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH; la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP; entre otras.
“Estamos dándoles la oportunidad de que estudien para que tengan un mejor futuro porque sabemos que muchos salen sin un norte y uno sabe que se van a engrosar las líneas del vandalismo que hay en otras ciudades”, aseveró Valoyes.
Por eso el alcalde se duele al ver la salida del futuro de su municipio. Son 100 jóvenes, de una población de 48.257 habitantes según el censo del 2018 del Dane, que prefieren dejar atrás todo a ser reclutados para la guerra.
El reclutamiento, una práctica que no cesa
El reclutamiento infantil y la utilización de los menores de edad es una práctica proscrita por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y los Derechos Humanos. Sin embargo, en Colombia se sigue presentando como una forma de los grupos al margen de la ley engrosar sus filas.
En su último informe, la Defensoría del Pueblo reseñó que entre el marzo y septiembre del 2020 se registraron 83 casos de reclutamiento de menores en Colombia. En el documento se señala que “los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; seis en Arauca; cuatro en Chocó; tres en Amazonas, tres en Córdoba; de a dos hechos en Huila, Meta, Vichada y Nariño, y de a un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. El 80 % ocurrieron en zonas rurales”.
Según la Defensoría, lejos de reducirse el reclutamiento infantil, el número de riesgos advertidos y de víctimas, uso y utilización se ha mantenido luego de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto suscrito en 2016. Esta práctica se ha adaptado a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización.
“Para la Defensoría del Pueblo este 2021 será el ‘Año de la Lucha contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia’. No podemos permitir, ni como sociedad, ni como Estado, que el futuro del país se siga perdiendo en las injusticias propiciadas por los grupos armados ilegales”, resaltó el Defensor Carlos Camargo.
El flagelo del reclutamiento infantil también ha sido documentado por la Coalición contra la Vinculación de niños al Conflicto Armado, Coalico, que en sus registros tiene documentados 79 casos de este delito con afectaciones a 222 menores de edad.
“El cierre de las instituciones educativas, la intensidad de las acciones de los diferentes grupos armados que operan en el país y la grave crisis humanitaria por la que atraviesa la población en general, han sido el escenario de múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario contra niñas, niños y adolescentes”, detalló Coalico.
*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.