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Sistema Integral pidió a la Defensoría del Pueblo trabajar en favor de las víctimas del conflicto
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El Comité Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición solicitó atención a la Defensoría del Pueblo. Enla foto están Luz Marina Monzón, Eduardo Cifuentes y el padre Francisco de Roux. FOTOS Cortesía Comisión de la Verdad. -
19 de abril de 2021
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904 líderes sociales y firmantes de las exFarc fueron asesinados desde diciembre de 2016 a diciembre del año 2020. Con esa cifra, otros hallazgos y solicitando trabajar por el freno de tantos homicidios recientes en el país, llegaron hoy las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Repetición (SIVJRNR) a una reunión con la Defensoría del Pueblo.
Los directores del Comité Interinstitucional de este Sistema, compuesto por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, solicitaron al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que su entidad rinda un informe y adopte una resolución defensorial en la que recomiende a otras entidades del Estado enfocarse en políticas diferenciales en favor de las víctimas del conflicto armado.
En ese sentido se pronuncio Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien comenzó la intervención de esta jornada llevada a cabo en Bogotá. El magistrado dijo que hay que crear “la hoja de ruta para detener esta tragedia humana, que además de privar al pueblo colombiano de importantes voces de liderazgo, compromete la consecución de la paz”.
Estos asesinatos, sumados a los desplazamientos, amenazas y desapariciones luego del Acuerdo de Paz con las exFarc, han preocupado a esta jurisdicción y demás entidades del SIVJRNR. Para Cifuentes, las amenazas y asesinatos individuales a firmantes y líderes sociales afectan la confianza colectiva de todas las personas comprometidas con el Acuerdo.
El padre Francisco de Roux, quien estuvo hace unos días en Buenaventura liderando el “Pacto por la Búsqueda” de desaparecidos en el estero San Antonio de esa ciudad, sostuvo en el encuentro de hoy que “al asesinar a un líder social la comunidad se rompe, se refugia y se generan los confinamientos que estamos viviendo, y esto se sigue repitiendo”.
En el evento, aparte de los directivos de estas entidades, y del pronunciamiento del defensor Carlos Camargo vía Internet, también estuvieron representantes de distintas organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos.
¿Qué está pasando en el país?
Aparte a la cifra de asesinatos entregada por el SIVJRNR, varias regiones últimamente han pasado por graves eventos que han dejado miles de víctimas y comprometen el desarrollo de las actividades de reconciliación.
En Arauca, en la frontera con el estado venezolano de Apure, el mes pasado más de cinco mil personas fueron desplazadas de sus hogares tras constantes combates entre presuntas disidencias de las Farc y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Al sur del país, en el Pacífico nariñense, municipios como Olaya Herrera y El Charco han tenido miles de desplazados en su zona rural y urbana por constantes entre grupos al margen de la ley.
Mercedes Erazo Colorado, secretario de Gobierno de El Charco, le dijo a este diario que en zonas rurales del municipio se complica la atención humanitaria a las personas, pues hay grupos ilegales de por medio que impiden el acceso a esos territorios.
Las 28 masacres de este año reportadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también preocupan a las autoridades. En 109 días del año van 102 personas masacradas en todo el país. En Antioquia, 18 personas han muerto por estos hechos, en Andes, Betania, Tarazá y Cáceres, según este instituto.
Otros departamentos como el Cauca y Guaviare también se han visto afectados por las situaciones hoy mencionadas por el Comité Interinstitucional. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas alertó hace pocas horas sobre el desplazamiento forzado que está pasando Argelia, Cauca, debido a combates en el municipio.
“Los hechos atroces que suceden, demuestran que Colombia no ha implementado plenamente el Acuerdo Final de Paz”, concluyó el padre De Roux en el encuentro.
¿En qué se quedó?
Unas de las palabras de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, fueron las de “llamar al Estado en su conjunto a tomar seriamente el cumplimiento de una obligación elemental en un Estado de Derecho: garantizar la vida y la integridad de todos, incluidos líderes y excombatientes”.
El defensor Camargo se refirió a la solicitud hecha por Monzón y los demás directivos en tono de agradecimiento por contar con la Defensoría. “Vemos en estas iniciativas la posibilidad de implementar acciones de gran impacto que aporten en la tarea de lograr la garantía efectiva del goce de los derechos humanos de todas las personas”, resaltó Camargo. Según él, a toda la institucionalidad le preocupa el bienestar de todos los líderes en Colombia.
La tarea que tiene ahora la Defensoría es atender a la solicitud de identificar las causas de estos hechos, trabajar en su prevención conjuntamente e incrementar los esfuerzos para la garantía de vida de los firmantes y líderes sociales de todo el país, que en tan solo este año han sido 62 de ellos los que han sido asesinados.
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