La agenda del presidente Gustavo Petro se enmarcó este sábado en lo que su gobierno ha denominado como “el consejo de seguridad integral” en San Pablo (Bolívar) y desde allí impartió indicaciones para combatir la minería ilegal.
“El cambio implica una política minera diferente a la que tenemos. Esto será materia de un proyecto de ley. En esa nueva política el pequeño minero tradicional puede obtener concesiones para una explotación de largo plazo para la sostenibilidad de su actividad”, señaló el mandatario.
Después del consejo de seguridad, el jefe de Estado también adelantó que buscará, a través de un “sometimiento a la justicia”, la desarticulación de los mineros ilegales y planteó su deseo de que el Banco de la República se convierta en el único comprador de oro en el país.
“Los mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana. Deben desmantelar su actividad depredadora y se institucionalizan con el gobierno nacional a través de concesiones de largo plazo”, explicó Petro.
Desde el gobierno nacional indicaron que con esta medida –que deberán pasar por la aprobación del Congreso– pretenden evitar el deterioro del medio ambiente y que los mineros ilegales dejen de estar al servicio del lavado de activos.
El presidente añadió que estas acciones, que suponen una reforma al Código Minero, estarán acompañadas de la destrucción de dragas ilegales (embarcaciones que extraen minerales del fondo de los ríos). “Draga que se encuentre, draga que se dinamita”, puntualizó Petro.
Durante el consejo de seguridad para el Magdalena Medio, el jefe de Estado también propuso que la región se una en lo que sería una “área metropolitana” con los municipios ribereños para que reciban de manera integrada la oferta institucional.
