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A los seis sistemas integrados de transporte masivo y los ocho sistemas estratégicos de transporte público que hay en Colombia siempre les han criticado que no son sostenibles. La plata que llega del recaudo de los pasajes no es suficiente para algunos mantenerse, lo que los pone en dificultades para garantizar su operación.
Sin embargo, previendo que llegarán más sistemas y con el ánimo de que no fracasen, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), permitió que las alcaldías diseñen estrategias que les ayuden a ser sostenibles a través, básicamente, de tributos que facilitarán la consecución de recursos para destinarlos a estos sistemas.
Ahora, la realidad es que el Gobierno seguirá financiando la construcción de los sistemas de transporte, pero no lo hará en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, no se ocupará de su operación.
Para Alejandro Maya, exviceministro de Transporte y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estas iniciativas, sin duda, serán “un gran soporte” para la estabilidad de los sistemas de transporte del país. Según él, “aquí se pensó que serían autosostenibles con solo el cobro de la tarifa, pero la realidad mostró que no”, señaló Maya, quien también destacó que desde 2015 se eliminó el “carácter de autosostenible”.
Maya recordó que con este PND “se permitirá buscar alternativas. El PND de este año, deja claro que como la Nación no puede destinar dinero para su sostenimiento, sino para su construcción, ahora las alcaldías podrán jalonar recursos para que estos sistemas sean sostenibles”, aunque precisó que algunas figuras ya se habían incluido en el PND de 2015, pero no habían sido aplicadas.
El asunto está en que las alcaldías o áreas metropolitanas podrán obtener dinero de la “contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía”.
En este punto, serán las entidades territoriales las que podrán establecer, a través de acuerdos municipales, el cobro para quienes deseen estacionarse en las vías. Estas iniciativas deberán pasar por el Concejo de cada municipio, para establecer las medidas.
También, se lee en el PND, que deben realizarse estudios que permitan conocer las vulnerabilidades de los sistemas y su viabilidad.
Otro tema que resulta novedoso y que está en el Plan es el relacionado con la creación de áreas restringidas para la movilidad y en las que, si los conductores desean circular, deberán pagar para ello.
En este punto, el Plan sostiene que el acceso a estas áreas “podrá generar contraprestaciones o precios públicos a favor de la entidad territorial, que definirá su tarifa y condiciones con base en estudios técnicos”. Además, agrega el PND, “las autoridades territoriales podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte”.
Otro ítem que prevé el PND se basa en que, si lo consideran necesario, para la sostenibillidad de los sistemas las entidades territoriales podrán destinar hasta el 60 % del recaudo por las multas de tránsito; sin embargo, precisa que ese porcentaje deberá “ser definido y soportado por un análisis técnico y financiero”, que incluya un estudio de los costos y gastos financiados por multas, los programas y proyectos que se pueden financiar y los indicadores de seguimiento a los objetivos de seguridad vial.
Otro tipo de contribuciones que podrán explorar los municipios tienen que ver con proyectos de valorización, emplear recursos de la sobretasa a la gasolina o al ACPM o usar los recursos provenientes de ingresos no operacionales, es decir, diferentes a la tarifa.
María Clara Córdoba, directora Jurídica del Metro de Medellín, destaca que estos elementos servirán para que no fracasen los sistemas, pues se convertirán en un soporte económico para las empresas.
La funcionaria indica que, también dentro del Plan, está concebido el “derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte”, es decir, que se podrá negociar el “cielo” de las estructuras físicas donde se encuentran los sistemas, para que sean explotados comercialmente, amparados en el Artículo 4 de la Ley 1682 de 2013, para que puedan arrendarlos a otros establecimientos, por un plazo máximo de 30 años y prorrogables hasta otros 20 años más.
“Si se explota el aire de una de las estaciones, el privado puede hacer una infraestructura. Esta fue una de las figuras más impulsadas desde la región”, indicó Córdoba.
Además, agregó que “el Metro, con el Área Metropolitana y el Municipio de Medellín, está trabajando en crear fuentes alternativas para el sostenimiento de los sistemas y ya “habíamos venido trabajando con el Gobierno, con el DNP y con los congresistas antioqueños para sacar adelante estas propuestas”.
El Metro de Medellín ya explora otras alternativas que le permitirá, mediante alianza con privados, incursionar en proyectos inmobiliarios, con el fin de captar parte del dinero de la valorización del suelo antes de que las líneas se construyan y sus estaciones se vuelvan polos de desarrollo.
Nicolás Orejuela, quien estuvo en la Presidencia de Metrocali, en la capital del Valle, hasta hace dos semanas, afirma que, por una parte, estos sistemas requieren una estructura adecuada de financiación, no solo de la implementación sino también de la operación.
Hizo un llamado a combatir la ilegalidad del transporte pirata, “que le resta pasajeros al sistema. Una estrategia en ambos sentidos es importante”, dice.
Orejuela indica que, en el caso del Mío, la tarifa era la principal fuente de financiación, pero aseguró que “hemos implementado el cobro por publicidad exterior en el sistema, renta que poco a poco irá tomando fuerza”, como una de las estrategias.
La directora Jurídica del Metro agrega que el anterior PND se quedó corto en algunas de las fuentes que ayudaban a la financiación de los sistemas, por lo que, a buena hora, estas otras figuras de financiación son un salvavidas para su operación.