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El debate presidencial entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se quedó en el aire. Al concluir el plazo trazado por el Tribunal Superior de Bogotá para que los equipos de ambos se pusieran de acuerdo en una solicitud conjunta ante RTVC –el sistema de medios públicos– para llevar a cabo esta cita, la discusión no se dio y la jornada del jueves terminó con una punzante respuesta de Hernández a Petro.
El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción sostuvo la versión de que, al no recibir una respuesta directa por parte del aspirante del Pacto Histórico con fecha, hora y lugar del encuentro, sobreentendió que este –a su juicio– no quería llevar a cabo esa citación. En línea con esto, consideró que “corresponderá al despacho determinar quién incurrió en desacato a lo dispuesto”.
Así que todo indica que, a pesar de la orden judicial del Tribunal Superior de Bogotá para que los candidatos se citaran por primera y única vez a discutir sus propuestas de cara a la segunda vuelta, esa cita terminó cayéndose por una comunicación inexistente entre los equipos de los dos aspirantes a la Casa de Nariño.
Hernández fue el que puso las condiciones para llevarlo a cabo, en una carta que divulgó por Internet a las 7:00 de la mañana de este jueves. Estas eran realizarlo en Bucaramanga, con una selección de periodistas como moderadoras y hasta puso ocho temas en la agenda –saltándose los protocolos de la libertad de prensa– no sin antes llamar a esa esa cita como una “obligación de corte estalinista”.
Petro aceptó sin “peros” sus requerimientos. Empero, mientras los candidatos y los líderes de sus equipos hacían publicaciones en redes sobre el tema, estos ni siquiera se comunicaron de manera formal siguiendo los protocolos que requería la orden judicial.
Al cierre de la tarde de este jueves, Rodolfo Hernández leyó un comunicado de tres páginas en medio de un Facebook Live en el que apuntó que: “De la anterior respuesta suscrita por el candidato (es decir, que aceptó sus condiciones) deduje que no estaba dispuesto porque al afirmar que no ponía condiciones demostró que no buscaba cumplir el mandato judicial por no cumplir condiciones”.
“Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar hora, fecha, lugar ni ninguna otra señal fue el portazo con el que cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, continuó el exalcalde de Bucaramanga.
Trasfondo del debate entre Hernández y Petro
Más allá de los trinos y las declaraciones, al tratarse de una orden judicial, la convocatoria al debate presidencial requería un protocolo formal entre las campañas para que, en conjunto, solicitaran el espacio de televisión ante el sistema público de RTVC. Esa conversación no se dio.
El debate fue citado por Rodolfo Hernández en su natal Bucaramanga, pero ninguno de los candidatos estaba en esa ciudad, pues Hernández mostró fotos en sus redes visitando Chiquinquirá, en Boyacá, asistiendo a una Eucaristía, mientras que Petro estaba en Huila recorriendo fincas cafeteras.
Ambos hacían presencia en las regiones, a pesar de que la cita debía coordinarse con el sistema de medios públicos que tiene sede en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.
A ese lugar llegó el equipo de Gustavo Petro, encabezado por su jefe de debate, Alfonso Prada, para una citación a las 12:00 del mediodía de la que apenas comunicaron a su contraparte media hora antes.
Del otro bando uno de los encargados de liderar ese proceso era el director político Óscar Jahir Hernández, quien ya estaba de camino a Medellín para cumplir con reuniones que tenía programadas en la capital antioqueña.
Óscar Jahir detalló que la organización debía hacerse con la rigurosidad que exige una orden judicial y no con una citación intempestiva. En contraste, Prada aprovechó la imagen de las sillas vacías del equipo de Hernández para asegurar que esa fotografía era la prueba de que Petro sí estaba presto a aceptar un debate.
Terminó la jornada del jueves y el debate no se dio.
RTVC aclaró que los intercambios de comunicaciones entre los candidatos a través de sus redes no tenían validez jurídica como una solicitud formal ante el sistema de medios públicos.
Además, apuntó que la recepción de un requerimiento conjunto era una condición indispensable para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, que le había hecho el jalón de orejas a las campañas para asistir al debate, un llamado sin precedentes en las segundas vueltas de Colombia.