Cuatro meses después de desarrollarse el Encuentro de Honda 2026 se conocieron las conclusiones a las que llegaron sus asistentes, entre los que estaban representantes de la sociedad civil y política.
Una de las denuncias más graves que arrojó fue que en 168 municipios de Colombia los grupos armados ilegales están definiendo quiénes llegan al Congreso de la República. Le contamos cuáles fueron los demás hallazgos.
Se encontró también que entre el 7 y el 10 por ciento del valor de los contratos de obras públicas en esos territorios con presencia armada se transfiere a organizaciones criminales como condición para llevarlas a cabo.
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Vale recordar que ese foro fue convocado entre el 23 y el 25 de enero por la Fundación Acordemos y El Espectador, en donde se reunieron alrededor de una misma mesa a más de 60 personas, entre gobernadores, alcaldes, magistrados de las altas cortes, exministros, empresarios, líderes comunitarios, indígenas, afrodescendientes, académicos, funcionarios y exfuncionarios públicos, representantes de la Iglesia católica, altos oficiales en retiro, periodistas y delegados de la comunidad internacional.
El documento de conclusiones fue divulgado por las entidades convocantes y sostuvo que “la verdadera guerra política es la guerra por el poder territorial que cada cuatro años se libra por tener el poder político”. Por otro lado, planteó que “hoy es más rentable tener participación en las elecciones locales y legislativas que traficar droga”.
En relación con la captura del sistema electoral, los participantes advirtieron que “en 168 municipios los grupos armados están poniendo estas personas”, pero no en la elección de alcaldes, sino en la de congresistas.
La instalación del encuentro estuvo a cargo del premio Nóbel de Economía 2024, James Robinson, quien sentó el marco conceptual de la discusión en una conferencia pública en el Teatro Unión de Honda, acompañado por la defensora del Pueblo y el registrador nacional.
Robinson planteó la existencia de una “relación simbiótica” entre las instituciones inclusivas de las regiones consolidadas y las instituciones extractivas que predominan en las regiones apartadas del país.
Grupos criminales que cooptan recursos públicos
Una de las constataciones más documentadas del encuentro fue la transferencia de recursos públicos a estructuras criminales por la vía de la contratación. Las conclusiones señalaron que en municipios con presencia de grupos armados, entre el 7 % y el 10 % del valor del contrato va a las organizaciones criminales como “contribución” obligatoria para poder operar.
“No hay mecanismos de control que lo detecte sistemáticamente, significa que el Estado está financiando con su propio presupuesto a los actores que luego le impiden gobernar”, expuso el documento.
A esa situación se sumó el diagnóstico sobre el sistema judicial: “El crimen está organizado y el Estado está desorganizado. Tenemos normas completamente desactualizadas para enfrentar a la criminalidad de hoy. Sigue siendo imposible que muchas pruebas lleguen a los procesos judiciales”.
Los participantes registraron que el país tiene “cerca de 300.000 hectáreas de coca, que además son el doble de productivas de lo que eran hace 15 años”, y atribuyeron la expansión al “incumplimiento estatal, el deterioro de la seguridad, la falta de estrategias integrales y el ‘cheque en blanco’ que han dado las negociaciones recientes a los grupos armados en los territorios para ejercer control”.
Sobre la profundidad de la penetración de las economías ilegales en la vida cotidiana, el documento expuso: “La gente en los territorios no habla de política ni de democracia, estamos perdiendo varias regiones del país [...] Los secuestros ya no son secuestros, son simplemente citaciones para rendir cuentas [...] Otra vez se normalizaron las famosas reglas de convivencia impuestas por los grupos ilegales”.
Las conclusiones también indicaron que las capacidades de la Fuerza Pública, “en especial de inteligencia, se han desmontado, lo que ha disminuido la capacidad de contención de estos grupos, que se han adaptado fácilmente a la acción estatal”.
Más asistencialismo que inversión
El foro presentó datos concretos sobre la relación entre asistencialismo e inversión productiva en una zona específica. En un municipio del Catatumbo, el Estado invierte 15.000 millones de pesos al año en inversión directa, pero distribuye 60.000 millones de pesos en programas asistenciales, una proporción de 1 a 4 en favor del subsidio pasivo.
“El Catatumbo produce 280.000 toneladas de alimentos y abastece las plazas de mercado de toda la costa atlántica. Eso no se reconoce, no se potencia y no aparece en ningún plan de desarrollo subregional”, se expuso en las conclusiones.
También se cuestionó el diseño del Sisbén, instrumento de focalización que cubre al 28% de la población rural y campesina del país: “El Sisben enseña a las comunidades a visionar la pobreza. Entre más bajo el puntaje, más beneficios. Entonces la gente esconde el televisor cuando llega la encuesta”.
Las conclusiones plantearon un cambio de enfoque conceptual: pasar de la noción de “descentralización” a la de “convergencia regional”. El documento explicó: “Descentralización es una arquitectura de recursos y competencias. Convergencia es un proceso político de actores —públicos, privados, comunitarios, académicos, eclesiales— que construyen juntos una visión de territorio y se reparten el trabajo”.
Los participantes recordaron que Colombia tiene 1.102 municipios, “una parte significativa de los cuales no tiene la escala para prestar servicios de manera eficiente ni la capacidad para formular proyectos de inversión complejos”, y que existen estudios que identifican 108 subregiones funcionales en el país y proponen su reorganización en 11 regiones.
Sobre la división político-administrativa vigente, el documento sostuvo: “Un municipio del sur de Bolívar no tiene ninguna relación funcional con Cartagena. Un paciente de La Esperanza (Norte de Santander) que necesita segundo nivel debe ir a Ocaña, y desde ahí a Cúcuta, pasando por vías que no existen o que están controladas por grupos armados. La división territorial vigente fue diseñada en el siglo XIX por Rafael Núñez para destruir el federalismo, no para facilitar el desarrollo”.
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