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Si bien Richard Aguilar es investigado por un caso como gobernador, por lo que su expediente no pasaría a Fiscalía, sí se revivió ese debate jurídico
La renuncia del senador Richard Aguilar (Cambio Radical) al Congreso de la República trajo de nuevo la discusión sobre aquellos políticos que deciden abandonar esa corporación con la intención de que la Corte Suprema pierda competencia y, en consecuencia, sus procesos penales en curso pasen a ser competencia de la Fiscalía General.
Pero a Aguilar la Corte lo investiga por actuaciones de cuando era gobernador de Santander (ver Paréntesis), y el artículo 235 de la Constitución es explícito en que a estos mandataros regionales los procesa ese tribunal, lo que se traduce en que su caso se quedaría en esta órbita judicial.
Aunque hay otros casos que han hecho parte del debate. Uno reciente, por ejemplo, fue el del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien en agosto de 2020 renunció a su curul debido al expediente que se le abrió por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. De hecho, en su caso la Fiscalía pidió la preclusión, lo que dejaría sin efecto lo actuado por la...