Con la renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), ya son tres los altos funcionarios del Estado que han dejado sus cargos por haberle provocado aparentes malestares a la mesa de conversaciones de La Habana.
Luis Edmundo Suárez, el jefe de dicha unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda, sirvió el pasado 3 de marzo como fuente extraoficial y anónima para una periodista del semanario británico The Economist, quien publicó hace dos semanas una noticia sobre la fortuna de las Farc. Según el reportaje, que citó un informe secreto del Gobierno, la guerrilla contaría con recursos cercanos a los $10,5 billones.
Tal publicación, en un periódico de prestigio mundial, agitó el debate nacional sobre el hecho de que en Cuba no se haya tocado la reparación económica de los insurgentes a las víctimas, ni se haya definido qué pasará con el dinero de esa organización.
El propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que salir a desmentir el artículo, afirmando que llevaba 10 años persiguiendo las finanzas de las Farc y aún no las había encontrado, y que no existía un informe secreto sobre el asunto, aunque no todos le creyeron, menos la oposición.
El disgusto terminó con la renuncia de Suárez el viernes anterior. En un comunicado, la Uiaf reiteró que “fue enfática en explicarle a la comunicadora que la Unidad no había obtenido resultados concluyentes que permitieran dar cifras confiables”, que “no existe un estudio válido sobre finanzas de las Farc” y que “dada la naturaleza especulativa de estas cifras, la Uiaf no las había compartido con el Gobierno”.
Estas explicaciones no dejaron bien parada a la entidad, pues una de sus misiones es “detectar actividades asociadas con los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proveer información útil en las acciones de extinción de dominio”, según su página oficial de internet.
Y aún así, ¿no tienen datos confiables sobre la plata de la principal organización ilegal del país?
Esta situación fue capitalizada por los insurgentes. En su cuenta de Twitter, “Iván Márquez”, el jefe negociador de ese grupo, celebró: “cayó inventor del mito de la supuesta fortuna de las Farc, difundido por The Economist”.
Los uniformados
Un mes antes de la salida del jefe de la Uiaf, otro escándalo había salpicado el entorno de los diálogos de paz, cuando el Gobierno le pidió la renuncia al general Mauricio Forero Cuervo, comandante de la Central de Inteligencia Militar (Cime).
El oficial señaló ante los medios de comunicación que su cabeza había sido pedida por “Timochenko” desde La Habana, en retaliación por los golpes mortales que él había propiciado contra el Secretariado. Incluso denunció la situación a la Procuraduría, por lo que el procurador Alejandro Ordóñez le exigió explicaciones a la Casa de Nariño.
“Sería de máxima gravedad que la continuidad de soldados y policías estuviera interferida por intereses criminales que, con la excusa de un proceso de paz, permitiera a las Farc disponer sobre la carrera de los integrantes del Ejército, desconociendo el examen objetivo de los méritos con los que cuenta un miembro de la institución para permanecer y ascender en la misma”, declaró Ordónez el 29 de marzo.
Dos días después, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó que ese hubiera sido el motivo y alegó razones de discrecionalidad y de jerarquía militar para tomar esa decisión. “El general Forero regresó de una comisión como agregado militar a China, y se encontró que era necesario su llamamiento a calificar servicio por cuanto no tiene perspectiva ninguna, ni un nuevo ascenso, ni ninguna responsabilidad administrativa”, dijo.
Aunque en contra de Forero hay investigaciones preliminares por su presunta participación en interceptaciones ilegales orquestadas por la Cime, en el ambiente quedó el mal sabor de que su despido era una decisión política del Gobierno, relacionada con la mesa de diálogos.
Y antes de este episodio, otro uniformado dio su paso al costado: el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán.
El oficial, quien además era un experto antisecuestro del Ejército, fue raptado por las Farc en un caserío de Chocó (16/11/14), cuando de manera ilógica andaba desarmado, de civil y sin escolta.
El hecho generó que el presidente Santos suspendiera las negociaciones con los subversivos durante un mes.
Alzate fue liberado por la guerrilla a las dos semanas y sus explicaciones no convencieron a la opinión pública, pues quedó la percepción de que el secuestro no fue una casualidad. A su regreso del cautiverio, el general renunció a su carrera de 33 años en la Fuerza Pública.
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