Sin aceptación voluntaria, la extradición de Guzmán dependerá de una audiencia principal prevista para noviembre. La cadena de apelaciones podría llevar el proceso a instancias superiores y postergar la definición hasta 2027.
El proceso para lograr la extradición de Zulma Guzmán hacia Colombia sigue sin avances definitivos en el Reino Unido. La mujer es señalada como principal sospechosa del presunto envenenamiento de dos menores tras el consumo de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un caso que conmocionó al país.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que el trámite se encuentra detenido por recursos interpuestos dentro del sistema judicial británico. Según explicó en su primera rueda de prensa, las actuaciones internas en esa jurisdicción están prolongando la decisión sobre el envío de la acusada a Colombia.
“La información que tengo hoy es que recursos internos en la administración de justicia británica están demorando el tema de la extradición”, dijo Cuervo tras una pregunta de Semana.
De acuerdo con el funcionario, la defensa de Guzmán ha sustentado parte de su estrategia en argumentos relacionados con la salud mental de la procesada, con el fin de evitar que sea trasladada para responder ante la justicia colombiana.
“La defensa de esta persona estaría alegando condiciones de salud mental para evitar, en un momento determinado, responder ante la justicia”, agregó, según el medio citado.
Días atrás, Guzmán Castro compareció de manera virtual durante seis minutos desde la prisión HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster.
En esa diligencia se ratificó que continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso. La mujer había sido capturada tras lanzarse al río Támesis, en un episodio que fue interpretado como un intento por evadir a las autoridades.
En la audiencia también se dejó claro que, al no existir una aceptación voluntaria de la extradición, el caso debe ser estudiado a fondo por un tribunal de magistrados, sin jurado, donde la decisión recaerá exclusivamente en un juez. Las autoridades colombianas han intentado que la empresaria acceda de manera voluntaria al traslado, pero hasta ahora no ha ocurrido.
El tribunal en Londres fijó un cronograma que extiende el análisis durante todo 2026. El 9 de marzo se revisará la legalidad de la detención. Posteriormente, la Fiscalía británica tendrá plazo hasta el 30 de marzo para presentar formalmente la acusación y las pruebas remitidas por Colombia.
Entre septiembre y octubre se realizarán audiencias de seguimiento y actuaciones administrativas para evaluar el avance del expediente. Finalmente, del 2 al 5 de noviembre está prevista la audiencia principal de extradición, en la que se examinarán de manera integral los argumentos y las evidencias.
Aunque el juez contará con 14 días para emitir una decisión tras esa audiencia, se anticipa que cualquiera de las partes podría recurrir el fallo. De ocurrir, el proceso podría escalar a instancias superiores en el Reino Unido, lo que aplazaría una definición definitiva hasta 2027.
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