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Procuraduría investiga a contralor de Boyacá por viajes millonarios a Panamá

  • La Procuraduría calificó las faltas presuntamente cometidas por el contralor Augusto Gutiérrez y otros funcionarios como graves a título de culpa. FOTO: COLPRENSA
    La Procuraduría calificó las faltas presuntamente cometidas por el contralor Augusto Gutiérrez y otros funcionarios como graves a título de culpa. FOTO: COLPRENSA
27 de diciembre de 2018
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Entre el 3 y el 5 de marzo 82 funcionarios de la contraloría viajaron a Panamá para celebrar el día del hombre y la mujer. La salida costó 137 millones de pesos y para pagarla, según la Procuraduría General de la Nación, el contralor de Boyacá Pablo Augusto Gutiérrez habría usado recursos de multas impuestas por la contraloría y vendido bienes de la entidad.

Por estos hechos el ente disciplinario formuló pliego de cargos contra Gutiérrez y ocho miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la contraloría.

Para el Ministerio Público, los disciplinados habrían desconocido los principios que regulan la contratación estatal al organizar el viaje como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría.

Los cargos

En el primer cargo, se reprochó a los funcionarios por permitir el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría, así como la contratación de la actividad sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley y el uso de la modalidad contractual de forma indebida, violando, al parecer, los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.

En el segundo cargo, se cuestionó porque habrían permitido que personas ajenas a la Contraloría se beneficiaran de recursos públicos de la entidad, teniendo en cuenta que aprobaron la participación de exfuncionarios y personas que al momento de la realización del evento eran ajenas al ente de control.

En un tercer cargo, advirtió una presunta omisión en el control de la actividad contractual, lo que permitió el viaje de Alejandro Martínez Manchego, quien se desempeñaba como aprendiz y su condición laboral no era objeto del contrato suscrito por el Fondo de Bienestar Social.

Además, reprochó la falta de control y gestión para evitar que se perdieran dineros por la inasistencia de otro funcionario al mencionado evento, al no tramitar la solicitud de devolución de los recursos.

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