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Procuraduría adelanta 80 investigaciones relacionadas con las protestas
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71 investigaciones adelantadas por la Procuraduría implican a uniformados de la Fuerza Pública por su actuación durante las marchas de protesta que este martes 18 ajustaron 21 días continuos en todo el país. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
18 de mayo de 2021
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Un total de 80 investigaciones a hechos relacionados con las protestas sociales de los últimos días adelanta la Procuraduría General de la Nación, anunció este martes 18 de mayo la dependencia estatal.
De los 80, nueve están dirigidos a funcionarios del Estado y los 71 restantes contra miembros de la Fuerza Pública.
La Procuraduría, que tiene como función la vigilancia y control de la gestión pública, así como a la defensa de los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos, precisó que viene haciendo presencia como Ministerio Público en las jornadas de protesta que vive el país desde el pasado 28 de abril de 2021.
Informó que en desarrollo de la estrategia investigativa para el esclarecimiento de los hechos por presunta violación a los derechos humanos registrados durante la movilización ciudadana, adelanta nueve acciones disciplinarias contra funcionarios públicos. Dos investigaciones tienen el foco en Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), y Fabio Medrano, alcalde de Paipa (Boyacá).
También ejecuta seis indagaciones preliminares que vinculan al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el alcalde de Cartagena, William Dau; el alcalde de Pereira, Carlos Maya; el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz; la concejala de La Tebaida, Fanny Flórez Jiménez; y el Concejal del municipio de Guarne (Antioquia), John Salazar. Y una indagación preliminar contra el gerente de la ESE Hospital San Joaquín, del municipio de Nariño, Antioquia.
La Procuraduría advirtió que “los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de primeras autoridades de los municipios de su jurisdicción, tienen la posición de garantes de los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar”.
En contra de miembros de la Fuerza Pública el despacho informó que en su vigilancia al respeto a los derechos humanos durante las protestas, en especial la vida y la integridad y del derecho a la protesta, tramita 71 indagaciones contra integrantes de la Policía Nacional, “por presuntas violaciones a los derechos humanos, con ocasión de su intervención en las protestas, en la medida que podría entrañar presunto exceso de la fuerza y abuso de autoridad”.
Indicó que en ejercicio del poder preferente se han asumido 20 investigaciones que estaban a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional para adelantar la acción disciplinaria y garantizar el debido proceso, la celeridad de las actuaciones y los derechos de las víctimas, a fin de alcanzar la verdad material.
Detalló que las 51 indagaciones restantes se encuentran en las procuradurías regionales, distritales y provinciales, en virtud de actuaciones oficiosas o quejas presentadas por los ciudadanos.
Mencionó que entre los casos en investigación figuran 9 asociados a homicidios en Cali (Valle del Cauca), Madrid (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). También están en marcha tres procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca) y Manizales (Caldas).
Otro caso que menciona el informe se refiere a una indagación preliminar por acción arbitraria de la Fuerza Pública en las instalaciones del Colegio Claretiano de Bogotá.
El Ministerio Público subrayó que las labores investigativas y de recolección de pruebas las adelanta la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad.
Igualmente, señaló que la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituyó 19 agencias especiales con las que se designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervengan, de manera permanente, en el curso de los procesos de la Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar.
Finalmente, la Procuraduría informó que seguirá acompañando desde los puestos de mando unificado nacional, departamentales, y municipales las movilizaciones ciudadanas para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
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