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Procuraduría estaría cerca de saber si puede destituir mandatarios

La Corte deberá tomar la decisión en los próximos días y así dar por finalizado un debate que viene desde 2013.

  • El presidente Gustavo Petro ha insistido con que se debe eliminar la Procuraduría. La idea genera polémica. FOTO colprensa
    El presidente Gustavo Petro ha insistido con que se debe eliminar la Procuraduría. La idea genera polémica. FOTO colprensa
Por redacción y colprensa | Publicado el 28 de noviembre de 2022

El debate que por años ha enfrentado al país sobre las funciones de la Procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular podría llegar a su fin en las salas de la Corte Constitucional, quien deberá pronunciarse de fondo sobre si ese ente de control debería tener, o no, esa habilidad dentro de sus funciones.

El tema viene debatiéndose desde 2013, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.

Desde ese entonces Petro –que ahora es el jefe de Estado– demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el tribunal internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa, como la Procuraduría, no puede destituir a funcionarios que han sido elegidos popularmente como lo era entonces Petro.

Ahora, la controversia está de nuevo sobre la mesa, pues el Congreso, que hace un par de años reformó la Procuraduría para que la entidad pudiera tomar decisiones judiciales como destituir a funcionarios de elección popular, busca todo lo contrario, que a la entidad le quede prohibido hacerlo.

Por supuesto, es el mismo Congreso, pero las mayorías piensan ahora de manera completamente opuesta y están guiadas por un aliciente adicional: que el presidente Petro quiere eliminar el rol de la Procuraduría.

Esta controversia, que pareciera no tener fin, podría quedar saldada con una decisión que tiene en sus manos la Corte Constitucional y que podría ser proferida en las próximas semanas.

La Corte estudia actualmente una demanda contra la Ley 1952 de 2019, la norma que le dio a la Procuraduría competencias judiciales.

Lo que tendrá que determinar la Corte es si la Procuraduría puede cumplir funciones de juez y, en general, si puede investigar o no a funcionarios que hayan sido elegidos popularmente.

Según los argumentos de los demandantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la reforma va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que “desconoce que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo, según el estándar convencional, por condena de un juez competente en el marco de un proceso penal”.

Además, de acuerdo con la demanda, la reforma desnaturalizó el papel de la Procuraduría porque concentró en ella funciones disciplinarias y judiciales, lo que vulnera además el principio de separación de poderes.

Lo que se busca evitar es que las investigaciones disciplinarias sean utilizados como un mecanismo para perseguir políticamente a opositores, como en ese momento lo hizo Ordoñez con Petro, de acuerdo con la CIDH.

Defensa de la Procuraduría

En este trámite, tanto la procuradora Margarita Cabello como el viceprocurador general encargado, Silvano Gómez Strauch, tuvieron que declararse impedidos porque participaron en la creación de la norma. Finalmente, el concepto quedó a cargo del procurador auxiliar para asuntos constitucionales, Juan Sebastián Vega, quien pidió a la Corte desestimar los argumentos de la demanda.

Gómez aseguró que el control disciplinario es un elemento esencial para luchar contra la corrupción en los servidores públicos y que así como Colombia está vinculada a la red interamericana de derechos humanos, “también se ha comprometido a nivel internacional a sancionar las prácticas más graves contrarias a la ética pública y a establecer medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que las transgreda”


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