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Procuraduría llama a juicio a funcionarios de Mintic por caso Centros Poblados
También formuló cargos al representante legal de la Unión Temporal y a la interventora del contrato.
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La Procuraduría, entidad dirigida por Margarita Cabello, llamó a juicio verbal a cinco personas por el escándalo entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados. FOTO Colprensa
22 de septiembre de 2021
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La Procuraduría General de la Nación empezó a impartir órdenes que lleven a establecer qué pasó adentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con la pérdida de $70.000 millones de anticipo en el contrato firmado con la Unión Temporal Centros Poblados.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos y el inicio de un proceso verbal contra tres funcionarios de dicho ministerio, del cual su cabeza, Karen Abudinen, se apartó luego de pasar por un debate de moción de censura en el Congreso.
Otras dos personas del sector privado, el representante legal de la Unión Temporal, y la interventora del contrato, también hacen parte de la lista de citados que tendrá que rendir cuentas ante la Procuraduría.
A todos se les sindica de tener responsabilidad disciplinaria en las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020, celebrado entre el Ministerio y Centros Poblados.
El lugar y fecha de la audiencia para ellos se programará por parte de la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, “a quienes se les advierte que, si lo desean, pueden estar asistidos por un defensor de confianza”.
¿A quiénes llamó?
La lista la encabeza Adriana Vanessa Meza, secretaria general del Ministerio. De esa cartera también deberán responder Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura.
En cuanto al representante legal de la Unión Temporal, Luis Fernando Duque, este deberá presentarse al Ministerio Público luego de que la Fiscalía le imputara cargos junto a otros dos también implicados en este escándalo: Emilio Tapia y Juan José Laverde.
La quinta persona que deberá responder es Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del mencionado contrato, que en su totalidad valía $1.07 billones.
¿De qué las responsabiliza?
En el caso de Meza, en calidad de secretaria general, presuntamente tuvo responsabilidad disciplinaria, con la anotación de falta gravísima, por participar en la previa y en el desarrollo del contrato “desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal”.
Ella, desde su posición, habría abierto la licitación, adjudicado el contrato a Centros Poblados y haberlo celebrado sin los suficientes estudios previos para hacerlo. Además de que en el material probatorio hallaron pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas.
A Orjuela también se le señala de desconocer dichos principios, y de haber habilitado la propuesta que presentó Centros Poblados sin que esta cumpliera requisitos exigidos. En este punto, la Procuraduría destaca que con la propuesta se presentó la garantía bancaria falsa que realmente no fue expedida por el Banco Itaú y que fue uno de los detonantes del escándalo que llevó a la ministra Abudinen a irse del cargo.
Por el lado de Jiménez, como supervisor del contrato estuvo al frente de la estructuración de los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso contractual. Para la Procuraduría, él habría permitido modificaciones a las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profit.
¿Y los otros dos? Luis Fernando Duque, en calidad de representante legal de la Unión Temporal, es señalado de haber falsificado las garantías bancarias suscritas por él y presentadas para amparar el correcto manejo del anticipo y otros aspectos referidos al cumplimiento del contrato.
Y en lo que respecta a Izquierdo Rivera, ella fue vinculada a este proceso por no haber verificado “el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario, en el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos”.
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