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La Procuraduría General de la Nación anunció que, ante la decisión de ordenar la libertad de cinco investigados por el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, se opuso a dicha determinación por considerar que no procedía el vencimiento de términos.
En ese sentido, la entidad explicó que el delegado del Ministerio Público que interviene en el caso pidió en dos oportunidades negar la petición de libertad, entre otros aspectos, por los plazos amplios solicitados por la defensa para verificar el descubrimiento de las pruebas, término que para la Procuraduría resultaba excesivo y que afectó la duración de la etapa de juicio.
Por esa razón, en primera instancia, un juez había negado esa solicitud al acoger los argumentos del ente de control. Sin embargo, al resolver la apelación presentada, el juez 61 penal del Circuito de Bogotá accedió a esa petición, a pesar de la oposición de la entidad.
Fueron cinco las personas que quedaron en libertad, a quienes se les señala de planear y ejecutar el atentado terrorista el 17 de enero de 2019. Ese día, un carro cargado de explosivos logró violar los protocolos de seguridad de la guarnición militar, en donde detonó una carga explosiva que dejó 22 uniformados muertos y 100 personas heridas.
Los sindicados habían sido capturados en julio de 2020 y la Fiscalía los acusó de recibir órdenes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de escoltar la camioneta cargada de explosivos y financiar el atentado.
A pesar de esta decisión, los procesados quedaron vinculados al proceso, pero ahora enfrentarán el juicio en libertad. Por este atentado hay una condena de 46 años de prisión contra Ricardo Andrés Carvajal Salgar.
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