Dice el viejo y conocido refrán que “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro es el vivo ejemplo de ese dicho. Son varios los ejemplos, pero el más reciente lo protagonizó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria Uribe, respecto a la reforma a la salud que se presentará en dos semanas al Congreso.
En un documento de cuatro páginas, el ministro expresó sus “principales preocupaciones” sobre los cambios en el sistema de salud que se han conocido hasta el momento. Allí, Gaviria lanzó fuertes puntazos a esta reforma –una de las principales banderas del presidente desde la campaña– de inicio a fin. Frases como “el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio” apuntalan las críticas del hoy encargado de la cartera de educación.
A diferencia de los reparos que en otras ocasiones se le han hecho tanto a la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, y a Petro, este nace de la entraña del Ejecutivo: uno de los ministros más preparados y técnicos que tiene el gabinete ministerial. De hecho, Alejandro Gaviria ocupó la cartera de salud durante seis años –en la administración de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2018– y es una voz autorizada en el manejo de esa cartera y que mejor conocen los virucuetos del sistema de salud.
Gaviria inició dudando sobre la premisa de la que parte el fondo de la reforma, que es, más o menos, que todo lo malo del sistema es responsabilidad de las entidades prestadoras de salud (EPS). “Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (...) de lo que funciona y no funciona. Nunca se comienza de cero, (pero) eso no ha ocurrido con la reforma que ahora se propone. El diagnóstico no es claro”, apunta el ministro.
En esa vía, también señaló que “la experiencia de Colombia con pagadores públicos (como pretende la reforma para que la administración de recursos no se haga con la intermediación de las EPS) ha sido desastrosa. Lo fue con la libre adscripción del Seguro Social en 1996 (...). El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos. Todo esto podría repetirse a una mayor escala con la actual propuesta”.
Avanzando en su desglose de golpes a la propuesta, el también exrector de la Universidad de los Andes recordó las numerosas virtudes del sistema de salud, como lo hizo en una recordada intervención en el Senado en noviembre de 2016 durante un debate de control político.
Solo que en esta carta lo dijo con otras palabras: “hay mucho que conservar. Casi todos los hogares están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos”.
Posteriormente, el ministro Gaviria reparte en tres puntos sus preocupaciones: pacientes, recursos, transición y reforma. En cuanto al primer punto, advirtió que “la ruta de atención no es clara”, pues el modelo planteado es “fragmentado” y parte de una división entre “la atención primaria y la de mayor complejidad”. Manifiesta que las EPS “tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma” y pregunta por recursos: “¿quién va a coordinar la atención domiciliaria, las enfermeras en casa y la entrega de miles de balas de oxígeno?”. Y ante esto, vaticina: “sin controles el fraude puede ser inmenso”.
Por otro lado indicó que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se encarga del giro directo (pago directo a los prestadores de salud) y no de ordenar el gasto. Por eso advierte que “la reforma ignora ese punto esencial”, por lo cual se desconoce quién realizará el control del gasto. “Suponer que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esa tarea, es ilusoria”, agrega.
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