La Corte Constitucional está a punto de definir el futuro de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal estudia la Ley 2381 de 2024 con base en una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien alega que durante su trámite en el Congreso se cometieron múltiples irregularidades.
En medio del proceso, la Corte rechazó en las últimas horas una recusación presentada contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente del tribunal y ponente del caso. La solicitud fue interpuesta por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, y por Elson Rafael Rodríguez Beltrán, quienes aseguraban que Ibáñez tenía un supuesto preconcepto sobre el sistema pensional que comprometía su imparcialidad.
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No obstante, la Sala Plena, con ponencia del propio Ibáñez, concluyó que la recusación carecía de sustento jurídico suficiente. “Rechazar por ausencia de carga argumentativa las solicitudes de nulidad presentadas por Fabio Arias Giraldo, en representación de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, y Elson Rafael Rodríguez Beltrán”, señala la providencia oficial enviada a los solicitantes.
El documento precisa que la acusación de un posible “interés patrimonial” por parte del magistrado no fue probada, y que la recusación no cumplió con los requisitos mínimos para ser tenida en cuenta.
