Diana Pérez recuerda cómo cambió su vida en el año 2012 cuando recibió una llamada del Consulado de Colombia en China para notificarle que su papá Luis Leoncio Pérez fue detenido con drogas en ese país y que sería condenado. Quince días antes se despidió de él con la seguridad de que viajaría desde su casa, en el Eje Cafetero, hacia Leticia (Amazonas) por cuestiones de negocios.
“Mi papá tenía muchos problemas económicos, nos dijo que se iba a vender la finca, ni siquiera tenía pasaporte, nunca había salido del país, por la cabeza de nosotros no pasó que iba a coger un avión al otro lado del mundo y, menos, que lo iban a detener por tráfico de drogas”, cuenta.
Nueve años después de aquella despedida, Pérez ve con esperanza la Ley 2092, aprobada por el Congreso de la República el 29 de junio de 2021 y sancionada por el presidente Iván Duque Márquez, que deja en firme el tratado que suscribieron Colombia y la República Popular China el 31 de julio de 2019, para el traslado de condenados a sus países de origen, donde tendrán la posibilidad de seguir cumpliendo las penas impuestas.
Esta noticia es esperanza, dice Pérez, para al menos 50 familias agrupadas en una asociación que ella creó tiempo después de que su padre fuera condenado. Es una luz porque, según relata, por años han luchado para que sus seres queridos vuelvan a Colombia, donde consideran que es más fácil exigir el respeto por sus derechos y donde podrán tener mayor contacto, pues muchos no han visto ni una vez a sus familiares desde que fueron detenidos en China.
Ahora, están a la espera de que la Corte Constitucional haga el examen de exequibilidad de la ley, con lo que Colombia cumpliría los requisitos internos para materializar el tratado de repatriación, y que China comunique, a su vez, el cumplimiento de los mismos para que pueda ponerse en marcha.
¿Cómo funciona el acuerdo?
Según información entregada por la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, en China hay 62 colombianos privados de la libertad, de los cuales 57 tienen condenas, mientras que, en Hong Kong, la otra región administrativa de la República Popular China, hay 122, de los cuales 86 están condenados. La mayoría es por tráfico de estupefacientes. De este total, afirma Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia y del Derecho, hay 15 condenados a penas como cadena perpetua y pena de muerte. Entre tanto, en Colombia hay cinco chinos privados de la libertad.
Al respecto, el jefe de cartera señala que el acuerdo tiene el “objetivo común de garantizar la dignidad y el bienestar de las personas condenadas, lo que implica fortalecer la cooperación internacional en materia penal entre los dos países, con el fin de facilitar la rehabilitación social de los condenados”.
Además de la resocialización, el tratado fue impulsado para garantizar los derechos humanos. Como explica el congresista Juan David Vélez, ponente coordinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, este beneficiaría a los colombianos sentenciados en China y a sus familias, quienes han vivido en la incertidumbre durante mucho tiempo.
“Esperamos que se acelere la repatriación de estos colombianos porque ellos también podrán buscar una resocialización importante cumpliendo las condenas en nuestro país, pues allá tienen barreras de alimentación, idioma, buen trato y garantía de los derechos fundamentales”, sostiene y añade que en Colombia se han evidenciado, de voz de las familias, situaciones preocupantes de ciudadanos condenados en China con problemas de salud graves o quejas de violaciones a sus derechos.
En el caso de Pérez, según describe, su padre vive problemas de salud física y emocional. “Mi papá puede hacer una llamada al mes, tenemos que mandarle plata para que la pueda hacer; visitarlo es muy difícil porque es muy costoso y solo se aprueba una visita mensual. Tiene 62 años y sufre de la próstata y el último control que le hicieron fue hace dos años. Tampoco habla el idioma de allá y dice que no es capaz de aprenderlo, no se puede comunicar con nadie porque en la cárcel donde está hay otros siete detenidos colombianos, pero no los dejan estar juntos en la misma habitación”, dice.
A la fecha, detalla el Ministerio de Justicia, por razones humanitarias, se ha autorizado el traslado de cinco connacionales condenados en China. Pérez recuerda el primer caso, ocurrido en 2015, y lo califica como el resultado de una lucha de las familias, que han tocado puertas pidiendo apoyo. La aprobación de la ley es un alivio después de tanto tiempo pensando que era imposible que sus familiares regresaran.
Por ello, Vélez y Pérez coinciden en que este paso es más garante de derechos para los condenados, aun cuando persisten los retos en el sistema penitenciario colombiano que deberá acogerlos.
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colombianos presos en China han sido repatriados por causas humanitarias.
