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Las tenazas que frenan la revocatoria de Daniel Quintero
EL COLOMBIANO revela lo que sucede en el despacho del magistrado César Abreo y una historia de posible ‘fuego amigo’ entre los revocadores.
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El expresidente César Gaviria, el magistrado César Abreo y el alcalde Daniel Quintero. -
Facsímil de la petición de archivo presentada el pasado 2 de febrero ante el CNE. -
Los voceros de la revocatoria Andrés Rodríguez y Alejandro Posada se pelearon por petición de archivo. -
Comunicación del magistrado del CNE Jaime Lacouture (conservador) haciendo eco de la petición de investigación de Quintero.
16 de febrero de 2022
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La revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, tiene una tenaza política y otra procesal que la mantienen frenada en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ambas coinciden con el despacho del magistrado cucuteño César Augusto Abreo, quien –a propósito– aterrizó en esta entidad aupado en uno de los dos cupos que tiene el Partido Liberal.
Hace 29 días tomó una polémica decisión que frenó el proceso en seco y, desde entonces y hasta la fecha, no ha avanzado en el fondo: presentar una ponencia para saber si se pueden o no certificar legalmente las cuentas de campaña de quienes promueven la salida de Quintero.
Abreo le pidió el 18 de enero pasado al Fondo de Financiación Política que no emitiera ningún pronunciamiento sobre la financiación del movimiento revocador, bautizado Pacto por Medellín, hasta tanto no se resuelva si se habrían desembolsado $1.500 millones para apoyar el proceso, hecho que quedó expuesto en un reclamo escrito entre dos líderes del grupo: Andrés Rodríguez y Alejandro Posada.
Además, parte de ese monto –según la carta filtrada y usada en su favor por Quintero el 24 de febrero de 2021– se destinaría para contratar la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Y si bien esto último no ocurrió, por petición del también magistrado del CNE Jaime Lacouture (del Partido Conservador y con lazos políticos con el senador antioqueño Carlos Trujillo), dos días después, el 26 de febrero del año pasado, se abrió una indagación preliminar por la posible violación al tope de financiación para la recolección de firmas, que es de 236 millones de pesos.
En ese contexto, y tras la polémica petición de frenar la certificación de cuentas de hace 29 días, lo único que ha ocurrido desde el despacho de Abreo es citar a una audiencia privada el 2 de febrero pasado.
EL COLOMBIANO se dio a la tarea de indagar por qué este magistrado liberal no ha movido el caso, al menos de cara a la opinión pública, y encontró las dos tenazas: la política y la procesal.
Por el lado político, este diario confirmó que Abreo llegó en agosto de 2018 al CNE apadrinado por el representante nortesantandereano Alejandro Chacón, quien se hizo en el Partido Liberal junto al grupo del expresidente y jefe de la colectividad, César Gaviria.
Y aunque por una rencilla –que surgió con la elección de Carlos Camargo como Defensor– Gaviria y Chacón terminaron distanciados (apoyaban candidatos distintos), este último mantiene su línea de comunicación con Abreo y –según fuentes cercanas al entorno liberal– el representante y el magistrado han abordado el impacto político de la revocatoria en época electoral.
Y extraoficialmente se habla de mensajes que llegan por terceros al despacho de Abreo procedentes de Gaviria, expresidente que ha aparecido en público con Quintero a modo de respaldo simbólico. No obstante, dentro del mismo CNE solo se obtiene silencio cuando se pregunta por esta versión.
EL COLOMBIANO también pudo establecer que Abreo tenía ‘la bendición’ para ser el próximo Presidente del CNE, incluso con respaldo del registrador Nacional, Alexander Vega, pero su línea de comunicación con el liberalismo y las decisiones que ha tomado sin consultar a sus colegas –como suspender la certificación de cuentas de la revocatoria– terminaron por tumbarle esa posibilidad. Seguirá al frente del organismo la también liberal Doris Méndez.
Este diario llamó al teléfono del magistrado cucuteño, pero cuando se le informó que era de EL COLOMBIANO él decidió colgar.
Facsímil de la petición de archivo presentada el pasado 2 de febrero ante el CNE.
¿Fuego amigo?
Pero además del hilo político que hay detrás del despacho de Abreo, este diario logró documentar un enredo procesal que tiene a los dos bloques principales de la revocatoria sacando chispas y analizando sus efectos en todo el proceso.
El pasado 2 de febrero, con la firma de la abogada Ana González Salazar, se radicó una solicitud formal de archivo definitivo del proceso que se le sigue a la financiación de la recolección de firmas.
El argumento central, según el documento de 8 páginas y que está en poder de este diario, es que Abreo debió definir si seguía o no con un proceso formal tres meses después de abierta la investigación preliminar, plazo que –de acuerdo con el escrito– ya se venció.
González es hija de Julio González Villa y cercana a Alejandro Posada (el de la carta filtrada por Quintero), dos de los voceros de un sector de la revocatoria que tienen su origen en el grupo que primero se denominó Más Medellín.
Cuando EL COLOMBIANO consultó en el CNE por este recurso –que además se radicó el mismo día de la última audiencia– fuentes de esa entidad indicaron que Abreo debe resolver primero qué contesta a esta solicitud de archivo antes de proceder a presentar una ponencia de fondo. Esto se traduce en otro retraso.
Además, según un correo conocido por este diario, cuando se radicó el recurso también se pidió “acceso digital de la indagación”, lo que se volvió otro enredo. Mientras que fuentes del CNE precisaron que digitalizar el caso –cuyo radicado es el 321121– es un trámite demorado, Julio González contestó que desde la pandemia estos expedientes deben tener copia digital y que, por eso, no se explica la demora.
EL COLOMBIANO consultó al otro sector de la revocatoria si tenía conocimiento de las implicaciones de estas peticiones, tanto la de archivo como la de que se expida copia digital –que al final terminaron sirviendo de argumento para que se dilate la decisión de fondo que debe Abreo–, y sus voceros respondieron que no.
“Supe después de que se presentó, no fui consultado y no lo autoricé. Y ahora, en esta comunicación, me acabo de enterar que eso está frenando el proceso”, le reconoció Andrés Rodríguez (Pacto por Medellín) a este diario.
Y la abogada Gloria Jaramillo, asesora de Rodríguez, fue más contundente: “Ese recurso lo que hizo fue ponerle una traba al proceso”.
Los voceros de la revocatoria Andrés Rodríguez y Alejandro Posada se pelearon por petición de archivo.
“Jalamos para el mismo lado”
Ante el calibre de estas afirmaciones, EL COLOMBIANO volvió a contactar a Posada para saber su postura: “Todos jalamos para el mismo lado, la intención es que esto se destrabe pronto y que se archive el proceso para que podamos comenzar la campaña. No tiene sentido decir que queremos frenar la revocatoria”.
Y González lo apoyó explicando que la revocatoria tiene dos partes: la recolección de firmas y la campaña. Y que, en ese contexto, la indagación del CNE que piden archivar es sobre la financiación de la primera etapa.
Además, precisó que en esa primera parte el tope son 236 millones de pesos, pero que para la campaña –que no ha empezado hasta que esto no se destrabe en el CNE– el máximo permitido de gasto es de poco más de 900 millones, lo que, a su juicio, es una cifra cercana a los 1.500 millones de los que se habló en la carta filtrada por Quintero.
Así las cosas, según este sector de la revocatoria, no hay irregularidad porque nunca se contrató a la firma de De la Espriella y tampoco se han violado topes porque lo reportado ante el CNE –y de lo cual es lo que falta la certificación– es solo la financiación de la recolección de firmas.
En todo caso, mientras que Abreo desenreda su hilo político y a la par da respuesta a estos recursos, tiene en su despacho engavetada la ponencia que debe llevar a Sala Plena –allí se requieren 6 de los 9 votos para avalarla independiente a si deja o no seguir con la revocatoria–, lo que contrasta con la tercera validez que le dio la Registraduría a 132.547 firmas que le dan piso a la cita a urnas para definir el futuro de Quintero en la Alcaldía.
Pero, como se lo dijo Vega a EL COLOMBIANO, de ser avalada la revocatoria no se podrá votar en las elecciones de Congreso (13 de marzo) ni de Presidente (29 de mayo) y, además, se requieren al menos 45 días después de la luz verde del CNE para tramitar recursos y ahí sí dar a conocer una fecha.
Por ahora, en medio de todo este contexto, Quintero ve “muerta” la revocatoria por todas estas trabas, aunque la verdad es que sus revocadores aún tiene margen de maniobra.
Comunicación del magistrado del CNE Jaime Lacouture (conservador) haciendo eco de la petición de investigación de Quintero.
La solicitud del Alcalde tuvo eco en el CNE tan solo 38 horas después
El origen del proceso que tiene frenada la revocatoria en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se remonta a una discordia interna dentro del comité promotor, compuesto por cinco grupos.
El 24 de febrero de 2021, Jorge Alejandro Posada, uno de los miembros del comité, envió una carta a Andrés Felipe Rodríguez, el “vocero oficial”. En ella, Posada le reclamaba a Rodríguez por los costos del proceso, planteando que este había hecho cuentas de que la campaña costaría $1.500 millones.
“También se le explicó que ese presupuesto que usted no explicó tenía que ser sometido a discusión y aprobación al interior del Comité Promotor”, le decía Posada en la carta.
Así mismo, le expresaba preocupación por un supuesto contrato que se iba a celebrar con la firma de abogados de Abelardo de la Espriella para asesorar el proceso.
Como parte de su competencia, el CNE debe determinar si los promotores de la revocatoria violaron alguno de los topes establecidos para los instrumentos de participación, que para este caso es de $236 millones.
El alcalde aprovechó esa división para solicitar ese mismo día, vía Twitter, la investigación por posible violación a los topes de una campaña que ni siquiera había comenzado a recoger los apoyos. La petición de Quintero tuvo respuesta rápida, porque solo 38 horas después, el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza solicitó a los demás magistrados investigar la denuncia publicada en la cuenta de Twitter del alcalde.
En la ampliación de los hechos en junio ante el CNE, el mismo Posada aclaró su versión y dijo que la contratación con De la Espriella nunca se hizo efectiva y que cumplieron los topes establecidos por la ley para lo cual adjuntaron los soportes contables.
El caso parecía resuelto, pero apenas la Registraduría certificó el 24 de diciembre las firmas para la revocatoria, el magistrado César Abreo Méndez procedió a suspender el trámite de la certificación de las cuentas del comité, el 13 de enero de este año, y convocó a una audiencia pública al alcalde y a Posada. Esa decisión causó malestar al interior del Tribunal electoral por cuanto no fue consultada.
Aún así, Abreo continuó con el proceso y el 2 de febrero realizó la audiencia virtual entre Quintero y Posada.
Tutelas dilatan decisión
Paralelo al trámite de certificación ante la Registraduría y el CNE, las tutelas interpuestas por la defensa de Daniel Quintero han contribuido a dilatar los tiempos.
Una de ellas fue interpuesta por un grupo de 12 personas, entre ellos varios contratistas, para solicitar la revisión de las firmas, al considerar que sus nombres aparecían allí, sin ellos haber respaldado la iniciativa. El recurso, sin embargo, fue desestimado por el juez.
El alcalde Quintero había afirmado que en la revisión de las firmas se habían detectado por lo menos 30.000 fraudulentas y de ahí nació la fallida tutela que no prosperó.
Posteriormente, el 20 de enero de 2022, otra tutela fallada a favor del movimiento Independientes por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá, le ordenó a la Registraduría revisar una vez más el estudio técnico de validación de firmas y a entregarles a quienes entablaron la acción, en cabeza de la contratista Salomé Restrepo Muñoz, los soportes completos del informe técnico de verificación de las firmas, incluida la base de datos del Archivo Nacional de Identificación.
El jueves pasado, el alcalde Quintero dijo que ya para ellos la “revocatoria estaba muerta” y que ya ni siquiera iban a invertir más recursos en revisar las firmas. Pero este lunes, y por tercera vez consecutiva, la Registraduría certificó las firmas necesarias, estableciendo la validez de 132.547 rúbricas, solo desestimando 361 de las inicialmente avaladas.
Así las cosas, el caso volvió a las manos del CNE.
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