“Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia!”. El grito de las mujeres víctimas de violencia es apenas un pedazo de la canción de la compositora mexicana Vivir Quintana.
“Canción sin miedo”, un himno latinoamericano contra el feminicidio y las violencias que atraviesan la vida de millones de mujeres. Cantando, puso palabras a una realidad brutal que se repite todos los días en la región, también en Colombia, una cadena de agresiones, amenazas y silencios que termina muchas veces en muerte.
La canción recoge ese miedo que se hereda entre mujeres, pero también la rabia que las ha obligado a protegerse entre ellas, a levantar un muro colectivo para resistir. Un muro frágil, porque con frecuencia lo rompe quien está más cerca, un exnovio, un hermano, un padre.
En sus versos está condensada la historia de un país donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto paisaje. Y aun así, no se queda en el lamento, es más un desafío. “Si tocan a una, respondemos todas”, repite el coro que mañana retumbará en las marchas del Día Internacional de la Mujer.
Nadie debería tener que defenderse por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, la violencia llegó a ser tan brutal y repetida que la ley tuvo que nombrarla: feminicidio, el asesinato de una persona por su condición de ser mujer.
En Colombia, solo en 2025 se registraron 521 casos, una cifra que, aunque representa una reducción del 19,7 % frente al año anterior, sigue dibujando un panorama alarmante. Pero el problema no es solo el número de víctimas, sino también la dificultad para saber cuántas son realmente. Mientras la Policía reportó 196 asesinadas bajo esta tipificación, organizaciones sociales como el Observatorio de Feminicidios Colombia documentaron 973 casos. La brecha entre esas cifras revela la fragmentación de los registros y el subregistro que impiden dimensionar con precisión la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres.
Este 8 de marzo, mientras las calles se llenan de pañuelos morados, el informe “Vivir sin miedo: ¿Por qué continúan las violencias basadas en género en Colombia?”, de la Fundación Paz y Reconciliación, plantea una pregunta incómoda: ¿por qué, pese a las leyes y las rutas institucionales, tantas mujeres siguen viviendo con miedo?
“¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre más peligro que en una curva de carretera?”, corea otra artista. Y es que resulta que las mujeres han tenido que organizarse y empoderarse entre ellas para enfrentar la calle, la noche y la oscuridad; para defender su falda o su vestido y salir preparadas, rogando al cielo regresar a casa con vida. Como no le pasó a Rosa Elvira Cely, la violó, empaló y asesinó un viejo conocido con el que salió a compartir unos tragos. La dejó tirada en el Parque Nacional de Bogotá hasta morir. Ambos eran personas humildes, pero el agresor está en todos los estratos. La perversión no distingue de clases.
Rafael Uribe Noguera, empresario de estrato alto, violó, torturó y asesinó a Yuliana Samboní, una niña de siete años, a quien raptó de su propia casa.
Estas muertes son una consecuencia directa de la violencia sistémica, de denuncias apiladas y la trillada problemática por congestión judicial. Un cóctel fulminante para mujeres en situación vulnerable, donde el abuso, en la mayoría de casos, se volvió rutina. El ambiente de indignación que respira hoy Colombia no es infundado. Este 2026 ya se han reportado 33 casos de feminicidios en todo el territorio nacional; de ahí que la ciudadanía en pleno se vuelque a rechazar estos hechos y exigir eficiencia de las autoridades.
Lejos de ser aisladas, las Violencias Basadas en Género (VBG) son, según el informe, el resultado de una estructura patriarcal que organiza jerarquías sociales y distribuye privilegios de manera desigual, articulándose con un modelo que precariza la vida y mercantiliza los cuerpos.
Por ejemplo, hace seis meses a Karina Rincón casi la asesina su expareja sentimental. No aceptó el fin de la relación e iracundo, le propinó 24 martillazos en la cabeza. Ocurrió la noche del 22 de septiembre de 2025; Karina sobrevivió de milagro: “Fue el susurro de mi bebé que me mantuvo viva”, dice. El agresor fue capturado y todavía no ha sido llevado a juicio.
Las secuelas del ataque fueron devastadoras. Producto de las heridas, perdió los dientes —que su agresor le arrancó mientras ella estaba inconsciente—. El proceso penal avanza en etapa preparatoria y el acusado podría enfrentar una condena de hasta 28 años de prisión. Mientras tanto, Karina continúa su recuperación.
Tres obstáculos que perpetúan la violencia
El estudio identifica tres grandes “cuellos de botella” que explican por qué las violencias basadas en género continúan reproduciéndose.
El primero es la violencia estructural. Las mujeres siguen ocupando una posición subordinada dentro de un sistema que depende del trabajo de cuidado no remunerado y que reproduce “la feminización de la pobreza”.
En ese contexto, la desigualdad económica y social se convierte en un factor que aumenta la vulnerabilidad. En el Valle del Cauca, Rosmira se aguantó 20 años los abusos del papá de sus cinco hijos. No tener dinero para huir y un lugar donde refugiarse la llevó a elegir dormir con su victimario antes que botarse a la calle con sus hijos. Tuvo suerte, el agresor murió primero. Lo mató una cirrosis, porque además de maltratador y abusador, era alcohólico.
Otro obstáculo es el problema de las cifras. El informe habla de una “justicia de dos velocidades”. En ciudades grandes como Bogotá o Cali hay más denuncias porque existen instituciones, comisarías y juzgados. Pero en regiones apartadas del país el silencio estadístico oculta la violencia. Departamentos como Vichada o Vaupés tienen muy pocos registros, no necesariamente porque haya menos agresiones, sino porque no existen suficientes oficinas estatales donde denunciar.
El tercer cuello de botella es la violencia institucional. Para muchas mujeres, el Estado termina convirtiéndose en un “segundo agresor”. Las barreras aparecen de múltiples formas, como trámites excesivos, funcionarios que minimizan las denuncias.
“Mi sobrina intentó alejarse de ese hombre y no pudo, ella lo tenía denunciado, inclusive ella vivía cerca de un CAI, de la Policía y allí tenían la orden de estar atentos por si ese hombre llegaba e igual llegó y la mató”, cuenta el tío de Natalia Vásquez Amaya, enfermera asesinada por su expareja, en junio de 2024, en la localidad de Suba, Bogotá.
En algunos casos, incluso, las víctimas son cuestionadas por su forma de vestir o por su vida personal.
La justicia llega tarde... o no llega
La impunidad es otro de los grandes problemas. Entre 2018 y 2025, solo el 29,66 % de los casos de feminicidio llegaron a la etapa de ejecución de penas, es decir, a una condena firme. En promedio, al Estado colombiano le toma entre seis y siete años llevar un proceso desde la denuncia hasta una sentencia definitiva. Durante ese tiempo, muchas familias esperan respuestas que no llegan. El informe describe esta situación como un “embudo procesal”.
El 35,19 % de los casos permanece en fase de indagación, la etapa inicial de investigación. Y dentro de ese grupo, el 67,4 % de los procesos inactivos no tiene una explicación legal clara, lo que significa que quedaron archivados o abandonados por falta de impulso.
Las diferencias regionales también son profundas. En Antioquia, por ejemplo, la eficacia judicial llega al 43,9 %. Pero en Vichada es 0 %: todos los casos quedan sin resolver. En Sucre, la eficacia apenas alcanza el 9,09 %.
Mientras tanto, a febrero de 2026 había 1.682 personas recluidas por feminicidio en Colombia, y el 99,4 % de ellas son hombres.
Otras cifras: la voz en defensa de sus comunidades
La violencia contra las mujeres también golpea a quienes alzan la voz en defensa de sus comunidades. Entre 2018 y enero de 2026, se registraron 182 asesinatos de lideresas sociales. El 29 % de estos crímenes ocurre en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Nariño, donde más de la mitad de las víctimas son mujeres indígenas. Muchas de ellas eran líderes sociales vinculadas a Juntas de Acción Comunal, que representan el 25 % de las víctimas. El informe señala que en contextos de conflicto armado la violencia sexual y el asesinato de lideresas se utilizan como estrategias para fracturar el tejido social y controlar territorios.
Como advierten los investigadores, la impunidad en los feminicidios no comienza cuando ocurre el crimen. Comienza antes. Cuando una denuncia no se investiga, cuando una medida de protección no se cumple o cuando una mujer que pide ayuda es ignorada.
El documento concluye que el sistema judicial falla desde antes del asesinato, cuando las alertas ya existían.
Mientras las instituciones no respondan con rapidez y mientras persistan las desigualdades estructurales, el panorama difícilmente cambiará.
Por eso, el 8 de marzo, más que una celebración, sigue siendo para muchas mujeres en Colombia un recordatorio incómodo de que vivir sin miedo todavía es, para demasiadas de ellas, una promesa incumplida.
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