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Procuraduría da un respiro a Peñalosa en medio de las noticias de revocatoria
El órgano de control plantea que el CNE sí está facultado para revisar la legitimidad y los argumentos de estos procesos.
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El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha afirmado que detrás de su revocatoria hay intereses políticos. FOTO colprensa
Cuando parecía que la votación de la revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no tenía reversa, por el aval que le dio la Registraduría a 473.700 firmas con las que se respaldaba esta convocatoria, la Procuraduría le dio una bocanada de oxígeno al mandatario, al acoger la tesis de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad para revisarlas y suspenderlas.
El asunto generó revuelo cuando se conoció que el presidente del CNE, magistrado Alexander Vega, buscaba reglamentar las revocatorias. Esto fue leído como salvavidas a Peñalosa, en especial porque Humberto Sierra Porto, abogado del alcalde, había enviado un oficio en el que reclamaba por la falta de análisis de parte de las autoridades electorales a estos procesos.
A juicio de Vega, esto no tiene que ver con la revocatoria de Peñalosa, sino con las 170 que están en trámite. “La figura se está usando por quienes resultaron perdedores y, sin esperar si se cumple el programa de Gobierno, desde el día uno empiezan a recoger firmas”.
Ese argumento, a juicio de Carlos Carrillo, promotor de la revocatoria es: “Un intento de coartar los derechos democráticos. Hay interés del establecimiento y la clase política de torpedearla. La Procuraduría no está por fuera de ese círculo”.
Carrillo, quien denunció que Peñalosa no tenía estudios de doctorado, manifestó que los argumentos existen: “un ejemplo es que el metro, que está en su programa, pero su ejecución no es prioridad”. Además, reclama que, jurídicamente, una modificación al proceso no puede ser retroactiva.
El concepto de la Procuraduría pide que el CNE argumente su decisión en conceptos técnicos del DNP, basados en los sistemas de evaluación y gestión de resultados de los mandatarios, para definir si no está cumpliendo con el programa.
Las seis páginas que contempla la “recomendación”, plantean que el afectado (el alcalde) debe ser informado desde el inicio del trámite de la revocatoria para que ejerza su defensa. Situación que no se ha dado. Además, acogiendo como argumento la sentencia C-179 de 2002: advierte que “la revocatoria no puede llegar a ser el medio para anticipar elecciones, propuesto por los opositores del mandato”.
Macroeditor de Actualidad
