La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas le entregó los restos al cura jesuita Javier Giraldo. Sin embargo, Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, aseguró que esto podría generar una situación parecida a lo que pasó con la identificación de víctimas del Palacio de Justicia. ¿Por qué?
Sesenta años después de su muerte en combate, la figura de Camilo Torres Restrepo volvió a ocupar el centro de la memoria pública este domingo 15 de febrero. En Bogotá, y en medio de un proceso forense aún inconcluso, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó una entrega simbólica de los restos que podrían corresponder al sacerdote y exintegrante del ELN.
El acto, de carácter reservado, tuvo como destinatario al jesuita Javier Giraldo, quien formalizó en 2019 la solicitud que reactivó la búsqueda del cuerpo del sacerdote.
La jornada comenzó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia —institución de la que Torres fue cofundador de la Facultad de Sociología— y concluyó en la sede de la UBPD, en el centro de la capital, tras casi cuatro horas de ceremonia.
Sin embargo, el gesto simbólico ocurre en paralelo a una discusión científica aún abierta. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa practicando análisis técnicos sobre las estructuras óseas recuperadas. Así lo aseguró horas antes de la entrega simbólica, además, es el comunicado más reciente al respecto:
Las condiciones de conservación de los restos han dificultado la obtención de resultados concluyentes, y la entidad ha señalado que solo emitirá un pronunciamiento cuando exista plena certeza. “Informaremos oportunamente cuando los resultados sean definitivos conforme a los protocolos establecidos”, dice el comunicado.
Días antes del acto, la propia UBPD había informado que esperaba los últimos estudios para consolidar el informe integral de identificación, requisito indispensable antes de cualquier entrega definitiva.
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Aun así, este domingo el padre Giraldo recibió un cofre oscuro con los restos exhumados, en una ceremonia encabezada por la directora de la entidad, Luz Janeth Forero, y acompañada por el excomisionado de Paz Danilo Rueda.
Camilo Torres murió en 1966 durante un enfrentamiento con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Su sepultura clandestina dio origen a décadas de incertidumbre sobre el destino de su cuerpo.
La ceremonia de este domingo marca un hito simbólico en ese largo proceso, pero no resuelve las dudas. En diálogo con EL COLOMBIANO, el antropólogo forense Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, aseguró que solo un cotejo de ADN puede cerrar el debate sobre la identidad de los restos.
En ese contexto, cobra relevancia una gestión realizada en 2016 durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. En ese momento se adelantaron contactos diplomáticos en Cuba para exhumar los restos de Isabel Restrepo Gaviria, madre de Torres, quien murió en La Habana tras haber sido acogida por el gobierno de ese país luego de la caída de su hijo.
Según ha explicado Valdés, las muestras óseas obtenidas en Cuba quedaron bajo custodia institucional con un código interno, lo que permitiría hoy una eventual comparación genética. No obstante, persiste otra incógnita: determinar si esos fragmentos aún conservan material genético viable para extraer un perfil de ADN.
“En este momento existe una posibilidad: si se tienen los restos de la madre de Camilo y esos huesos pueden proporcionar un perfil de ADN, se podrían cotejar. Sin embargo, también hay que verificar si los huesitos que se trajeron de la madre de Camilo —yo traje varios— permiten la extracción de ADN. Es una labor científica cuidadosa, que requiere mucha calma y mucho rigor. No se puede especular con esto”, explicó Valdés.
Intentos anteriores de identificación no lograron resultados definitivos. En algunos casos se estableció que restos analizados pertenecían a otras personas, lo que obligó a reiniciar procesos y ampliar la búsqueda documental y testimonial.
Entre los lugares examinados históricamente figura el cementerio de Bucaramanga, donde las autoridades han explorado posibles bóvedas asociadas al caso. Sin embargo, Valdés señaló que todo este proceso tiene una dimensión política que no debe ignorarse.
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En diálogo con EL COLOMBIANO, Valdés insistió en que la búsqueda iniciada en 2016 tuvo un carácter humanitario, en el contexto del cierre del conflicto con las Farc, y que su propósito era aportar a la verdad histórica desde la ciencia.
Sin embargo, advierte que transformar estos hallazgos en actos simbólicos o anuncios prematuros podría reproducir errores como los ocurridos en el Palacio de Justicia y las entregas incorrectas de Medicina Legal, que aún hoy dejan a familiares con seres queridos sin identificar.
En el caso del Palacio, aquella situación ha resultado revictimizante: algunas familias han enterrado a familiares incorrectos, otras han creído que sus familiares están desaparecidos: pero algunos han sido enterrados en tumbas con el nombre incorrecto.
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