Justo cuando sería acusada formalmente, la Fiscalía anunció que llegó a un preacuerdo con la joven Juliana Guerrero en el marco de la investigación por títulos falsos.
Como parte de la negociación, Guerrero aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal, es decir, que obtuvo diplomas de la Fundación Universitaria San José sin cumplir con los requisitos para poder acceder a cargos en el gobierno Petro. El documento fue presentado formalmente por la fiscal durante una audiencia virtual tras conversaciones sostenidas con la defensa de la procesada.
EL COLOMBIANO conoció por fuentes en la Fiscalía y de la defensa de Guerrero que están contemplando la suspensión anticipada de la pena, que permite a una persona condenada cumplir su sanción en libertad bajo ciertas condiciones, en lugar de ir a prisión. El preacuerdo establece que sería condenada a tres años de prisión.
“Aceptó los términos de la negociación, así como los cargos en la formulación de imputación refrendados en el escrito de acusación por el delito de fraude procesal. En tal sentido, la Fiscalía, para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia, aplicó en favor de Juliana Guerrero la degradación de su grado de participación de autora a cómplice”, dijo la fiscal.
Guerrero se volvió conocida durante el Gobierno de Gustavo Petro cuando quiso ocupar el cargo de viceministra de Juventud con títulos falsos.
La Fundación Universitaria San José le entregó los títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública.
Para acceder a estos documentos, se hicieron pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones correspondientes a la matrícula de la tecnología, $4,7 millones por la matrícula de Contaduría Pública y el monto restante por derechos de grado y otros trámites administrativos.
La expedición de esos documentos contó con la intervención de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución Gutiérrez, quien ya fue condenado por esos hechos a tres años tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tampoco irá a prisión.
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Ambas condenas constituyen el primer desenlace judicial dentro de un escándalo que puso bajo la lupa los mecanismos utilizados para la expedición de títulos académicos en la institución.
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