Hay bachilleres que llegarían a ganar 28 millones de pesos y técnicas en enfermería que reciben 40 millones.
El congresista Andrés Forero denunció que en Famisanar en apenas mes y medio el nuevo interventor, Germán Darío Gallo, habría contratado a 75 personas desde su llegada en noviembre del año pasado, con un costo mensual cercano a los $700 millones.
De acuerdo lo que expuso el representante, dentro de estas contrataciones figuran bachilleres con salarios de hasta 28 millones de pesos mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de 40 millones al mes.
Mientras tanto, también hizo el reclamo de la situación crítica en la que se encuentra el sistema de salud en Colombia. “Entretanto 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre”, aseguró Forero.
Asimismo, mencionó que justamente desde el año pasado, en febrero, cuando el gobierno Petro realizó cambios en el manual de manejo en las EPS, se empezó a contratar nuevas personas en varias entidades. La cifra sería de572 nuevos contratados por un costo mensual de 2.700 millones.
“Hubo cambio en el manual de funciones de la EPS en febrero de 2025 y durante ese año los interventores de @petrogustavo contrataron 572 nuevas personas por un costo mensual de $2.700 M. Uno de los beneficiarios fue el exinterventor de Sanitas, Kemer Ramírez, por $40 M al mes”, dijo Forero.
Justamente, el representante, menciona que entre los beneficiados por estas contrataciones figura Kemer Ramírez, exinterventor de la EPS Sanitas, quien habría sido vinculado con una remuneración mensual de 40 millones.
Además, fue vehemente en su crítica a estos manejos que ha llevado a cabo el Gobierno en las EPS intervenidas.“Descaradamente los interventores [...] están ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos”, remató Forero.
Su crítica también se extiende a la falta de pronunciamientos por parte de las autoridades de control. En particular, cuestionó el silencio del exinterventor de la Nueva EPS, Bruno Camacho, a quien calificó como “incompetente”, y el de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que —según los dijo— no ha dado explicaciones tras “su nefasto paso como interventor de Nueva EPS”.
Esta denuncia se produce en un contexto de creciente inconformidad de pacientes y veedurías ciudadanas, que advierten sobre fallas en la entrega de medicamentos y exigen mayor control y transparencia en la gestión de las EPS bajo intervención estatal.
Por ejemplo, la suspensión del contrato para la dispensación de medicamentos entre Colsubsidio y la Nueva EPS, ha incrementado las alarmas en el país.
Tanto así que la Defensoría del Pueblo advirtió un incremento significativo de quejas relacionadas con la entrega tardía o inexistente de fármacos, una situación que, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de tratamientos y el derecho efectivo a la salud en distintas regiones del país.
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