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El Ministerio de Salud ha sido vinculado a 426 acciones de tutela en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, según lo detalló este jueves Andrea Hurtado, directora jurídica de esta cartera.
La funcionaria apuntó que se ha fallado en más de 335 de estos recursos, en los que el gabinete se ha visto favorecido mayoritariamente. Sin embargo, reconoció que en unas 36 ocasiones los jueces han concedido razón a los accionantes.
Esto en alusión al proceso para asignar los biológicos, catalogados desde un inicio como un bien escaso. “En vista de que no había tal disponibilidad para ser aplicadas a toda la población colombiana, era constitucionalmente legítimo el establecer una priorización”, argumentó Hurtado.
En este sentido, la abogada comentó que, si bien la Ley Estatutaria de Salud ha sido absolutamente clara en que las tecnologías en salud disponibles en el país deben ser garantizadas a todos los habitantes del territorio nacional en condiciones de igualdad, también comprende una dimensión colectiva que está alineada al hecho de que la vacunación es una medida de salud pública.
Por ende –según manifestó la jurista– la Corte Constitucional dio viabilidad a la priorización en el plan de inoculación, siempre y cuando se persiga un fin constitucionalmente legítimo: el mayor bienestar para todos.
“Lo primero era contrarrestar la morbilidad grave y la mortalidad, por consiguiente, proteger a las personas que tienen una mayor exposición al virus y aquellas que tenían más riesgo de enfermar gravemente o de morir por covid-19”, añadió.
Ante las tutelas interpuestas durante la ruta a la inmunización, “los argumentos que presentaba el Ministerio ante los jueces siempre han sido con base en criterios técnicos y en principios constitucionales. Los jueces de la República empezaron a entender este tema de la dimensión colectiva, es decir, entendiendo que no se pretende proteger el derecho particular sino el colectivo”, puntualizó la directora jurídica del Minsalud.