Lo que es catalogado como un hito en el cuidado psicosocial en Colombia es una realidad: el presidente Gustavo Petro promulgó y sancionó la Ley de Salud Mental, la cual fue aprobada por el Congreso de la República que recopiló y acumuló seis proyectos que se habían presentado sobre ese tema y que quedaron compactas en la Ley 1616 de 2013.
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Durante la ceremonia de sanción de la ley, el jefe de Estado fue enfático en que la norma no se quede en el papel, sino que debe materializarse en colegios, hospitales y hogares que requieran atención emocional.
¿Qué incorpora la Ley de Salud Mental?
Esta nueva legislación incorpora un enfoque integral al sistema de salud en el que se le exige a todos los centros asistenciales —públicos y privados— cuenten con profesionales preparados para atender crisis emocionales, ansiedad, depresión, consumo de sustancias y otros padecimientos psicológicos y psiquiátricos.
También se destaca su carácter preventivo y comunitario, pues se implementarán redes territoriales de apoyo, líneas de atención, casas de salud mental y programas educativos focalizados en la gestión emocional desde la infancia.
Esa ley contiene un enfoque con grupos vulnerables como adolescentes, mujeres, personas de la población LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas con discapacidad psicosocial para que cuenten con un enfoque diferencial en cada caso.
Por otro lado, se creará una instancia de liderazgo dentro del Viceministerio de Salud Pública y se fortalecerá el Observatorio Nacional de Salud Mental, con seguimiento territorial, informes periódicos y análisis de determinantes sociales de las regiones del país.
¿Cuánto costará implementar esta ley?
En términos financieros, la norma incluye la creación de una subcuenta específica en el Marco Fiscal de Mediano Plazopara garantizar una financiación estable y auditada para los programas de salud mental.
Por otro lado, el presidente Petro señaló la escasez de especialistas en esta rama de la salud y anunció el impulso de una red pública nacional de formación en medicina y ciencias de la salud para aumentar a psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en el país.
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), autora de la ley, resaltó que esta ley es un consenso social logrado mediante audiencias públicas, mesas técnicas y el respaldo de más de cincuenta entidades académicas y comunitarias.
“Colombia se fortalece cuando su gente se escucha y no juzga, cuando nos ponemos en los zapatos del otro y cuando tendemos la mano a quien lo necesita y hoy muchas personas están pidiendo a gritos ser escuchados. Por eso, Presidente, le doy las gracias por poner a la salud mental en este primer orden”, expresó la congresista.
La norma extiende el control de la Superintendencia de Salud sobre la ejecución de las medidas que implementa. Por eso, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que no acaten lo establecido enfrentarán penalidades conforme a las reglas actuales, especialmente si obstaculizan el acceso o dificultan la atención completa en salud mental.
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