Lo que tiene la Nueva EPS, además de 11,5 millones de afiliados, son problemas. La muerte de Kevin Acosta la semana pasada porque la aseguradora no le entregó en dos meses el medicamento para la hemofilia que sufría, dejó al descubierto la cara más dolorosa de la “crisis explícita” y del “chu, chu, chu” del sistema de salud.
Las deudas que acumula con la red de prestadores (que ha generado que cancelen servicios a sus afiliados en hospitales y clínicas), el incremento de quejas y tutelas por problemas en acceso a servicios de salud (la Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 las quejas contra la Nueva EPS se duplicaron frente a 2024) y el desconocimiento de sus estados financieros (resumen de su situación fiscal) tienen a esa empresa en el limbo.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, la superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, habló sobre estas problemáticas y qué están haciendo para atenderlas. Habló de una supuesta “crisis creada” y que se firmará un contrato de auditoría forense para conocer los estados financieros de la EPS.
¿Qué situación encontró en la Nueva EPS desde que la nombraron en la superintendencia ad hoc?
Son varias situaciones que aún no se logran superar en la intervención que se ha hecho. Encontramos que no tenemos informes financieros certeros de 2024-2025. Aún hay un número muy alto, de $15 billones, sin auditar. El problema farmacéutico, donde todo el mundo dice que es un problema de pagos, pero la postura que esta superintendente tiene y la exigencia a la EPS es que con quien se firmaron los contratos tienen toda la autoridad y la autonomía para tener acciones jurídicas por el no pago.
Pero la Nueva EPS tiene también toda la autonomía para tomar acciones jurídicas porque llevamos más de un año con la mayoría de quienes nos dan los medicamentos surtiendo solo el 50 %, es decir, creando una crisis. Estamos trabajando en la compra de medicación colectiva con las siete EPS intervenidas y cinco que no están intervenidas, pero que han decidido jugar con nosotros en la posibilidad de comprar medicamentos de forma masiva para todas esas EPS y quitarnos el problema de compra de medicación, por lo menos, inicialmente en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas, enfermedades especiales o enfermedades raras.
¿Cómo están atendiendo el número de quejas y tutelas por problemas de acceso a servicios de salud que se han interpuesto contra esa EPS?
Entre 2019 y febrero de 2026 tenemos un número bastante grande, pues se habían presentado en estos años 1.849.682 peticiones, quejas y reclamos (PQR). En este momento abiertas solo tenemos 156.291. Siguen siendo muchas, pero le hemos puesto la mano a eso y hoy, por ejemplo, entre enero y febrero las que se han presentado, que son 61.043, hoy tenemos resueltas 13.000. El grupo de trabajo de la superintendencia está trabajando muy duro ese tema, no solamente para que la Nueva EPS responda a las PQR, sino que también para que la superintendencia responda a las que le competen, que no son poquitas tampoco.
La mayoría de quejas y tutelas contra Nueva EPS son por falta de acceso oportuno y completo a medicamentos. ¿qué razones han logrado identificar sobre esa problemática?
Esto se ha vuelto una discusión sobre qué fue primero: ¿el huevo o la gallina? Y esa discusión tiene que acabar. Estamos haciendo una negociación conjunta para que con los medicamentos de alto costo, los dispositivos médicos, alimentos de propósito médico especial y los medicamentos de alto volumen se hagan unas contrataciones. Hoy estamos con la primera fase terminada, con un ahorro estimado de $214.000 millones. Ahí tenemos 203 contratos identificados, 196 en trámite de que firmemos y firmados hay siete para que las siete EPS intervenidas, incluida la Nueva EPS y cinco más que se nos han unido, puedan comprar unificados los medicamentos porque con esto también ha habido un juego que es perverso.
Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que también se ha intentado crear una crisis. No tiene presentación lo que está pasando. Hay problemas de pagos, claro que los hay, y eso le permite al contratista tomar acciones jurídicas que debe tomar. Pero también hay otro tipo de problemas, y es el que tiene que actuar frente al incumplimiento de sus contratos. Colsubsidio y las demás están entregando solo el 50 %, pero cuando estamos en un dispensario, que nos ha pasado, una señora hace la cola y le dicen que la medicación no está, que no se la pueden dar y le dicen que coja otro ficho, hace otra vez la fila, la atienden y le entregan el 100 %, lo que dice es que hay una intención de crear una crisis. Y eso tampoco lo vamos a aceptar porque nosotros, como superintendencia, vigilamos a la Nueva EPS, pero también vigilamos desde allí el actuar de todas las empresas y entidades que prestan el servicio de salud. Estamos haciendo una revisión muy juiciosa y vamos a tomar cartas en el asunto porque es hora de que superemos el tema de que mandan una cartica o una recomendación y no pase nada.
Me dice que no tiene dudas de que pueda haber una “crisis creada”, ¿tiene algún ejemplo o situación puntual que permita llegar a esa conclusión?
Esa situación me la he encontrado en muchas partes. Estoy dando ejemplo de lo que he encontrado en Colsubsidio y en otras farmacias. Cuando uno se para al lado como Superintendencia de Salud entregan toda la fórmula, la señora hace la fila sola y no le dicen que no hay. Entonces uno le dice a las personas que vaya a pedir el ficho y que cuando le toque me avise. Entonces va y se para con un funcionario de la superintendencia al lado de quien la va a atender y lo que hace media hora le dijeron que no se lo podían dar, ahí sí se lo dan. Si eso no es suficiente prueba, yo no sé cuál será. Y eso nos está pasando en todos lados. Nosotros en este momento, desde la superintendencia para la Nueva EPS, estamos visitando territorios, hablando con las comunidades, con las organizaciones que defienden a los usuarios y estamos mirando caso a caso. En la medida en que vayamos teniendo pruebas sobre esto, vamos a tener también una actuación legal y disciplinaria sobre esos casos.
Grupos y organizaciones de pacientes señalan que el problema de acceso a medicamentos es porque no hay pagos constantes y sin eso, los distribuidores no van a entregárselos a las EPS, ¿qué han logrado identificar sobre esas deudas?
Ellos tienen acciones jurídicas que toman frente al no pago. La propuesta que nosotros estamos moviendo y recomendándole a la Nueva EPS es actuar porque hay un incumplimiento del contrato. O sea, es de allá y es de aquí, de ambos lados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos manejando? Estamos diciéndole al interventor que autorice el pago directo por parte de la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud) para que a todos en su carta de autorización se le entregue la plata que llega. La misma plata a todo el mundo: privados y públicos. Es decir, por dar un ejemplo, darle el 80 % a todo el mundo en el sistema.
Eso, además, acaba con un negocio —que nadie puede comprobar porque es complejísimo, pero que todo el mundo sabe que ahí está— que prioriza muchas veces a los privados y uno no sabe cuál es el criterio con el que lo hacen, mientras que los públicos se nos están muriendo de hambre porque no hay pago para ellos, porque los gerentes de las EPS no los postulan para pago. La propuesta es un pago unificado directo desde la Adres igual para públicos y privados. En eso estoy, esperando que el gerente interventor tome en consideración la propuesta que le hacemos y podamos por fin acabar con el negocio de “ponme de primero y yo soy querido contigo”.
¿Hasta qué punto llegan el poder de acción y de vinculación de la Superintendencia de Salud en el funcionamiento de Nueva EPS?
Nosotros pertenecemos directamente a la Presidencia de la República. No podemos coadministrar, pero sí tenemos un sistema sancionatorio bastante fuerte y tenemos toda la autoridad para vigilar, controlar y hacer seguimiento a la Nueva EPS, pero la superintendencia tiene dientes suficientes y debe usarlos. En el caso mío, los voy a usar.
¿Tienen alguna cifra consolidada o aproximada sobre investigaciones que se hayan abierto en la aseguradora?
Eso en parte es en lo que estamos. En dos meses que llevo, he hecho 1.300 peticiones de información a la Nueva EPS para que me ubiquen en todo lo que estamos. Necesitamos una auditoría forense porque las que han pasado han sido con empresas nacionales que no han dado transparencia y que no nos han entregado los resultados. Entre hoy y mañana, el gerente interventor debe estar firmando un contrato con una entidad internacional que nos dé tranquilidad y transparencia para eso. Y esa auditoría nos va a mostrar a cuántos muertos les hemos pagado, cuántas facturas mellizas hay y todo lo que siempre hemos escuchado como parte del proceso que no es de ahora. Estamos cogiendo un acumulado de muchos años de malos manejos y de posible corrupción en una entidad como esta.
También monté un PMU (puesto de mando unificado). Funciona todos los miércoles entre las 8 de la mañana y las 12 del día. En ese PMU, las delegadas de la superintendencia, la superintendente, abogados y todo el equipo base de la EPS nos sentamos semana a semana a mirar con un plan de trabajo qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, hacerle un seguimiento a presión y, si el interventor lo quiere, ayudarle a avanzar. Pero esto lo estamos haciendo cada ocho días y cada ocho días salen tareas que el gerente debe cumplir.
Desde septiembre de 2023 no conocemos los estados financieros de la Nueva EPS, ¿les han dicho algo sobre eso?
Ese también es un tema que a mí me preocupa mucho y la auditoría forense se debe firmar hoy. Apenas se firme, voy a pedir sentarme con el auditor a que me dé tiempos reales para conocer esos estados financieros, de qué forma va a trabajar y la posibilidad de que nos entreguen informes parciales. Casi siempre le dicen a uno que entregan un informe al final, pero yo quiero pedirles, con todo respeto y todo reconocimiento por su trabajo, la posibilidad de que nos vayan entregando informes parciales. Apenas firme en el contrato, podré conversar con ellos; antes sería estar especulando y poco me gusta hacerlo.
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