La actuación de la senadora Isabel Zuleta en los denominados “espacios de diálogo sociojurídicos” volvió a quedar bajo revisión judicial tras una división interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El debate se originó a partir de la decisión mayoritaria de inadmitir una denuncia presentada en su contra, determinación que cerró, al menos por ahora, la posibilidad de abrir una investigación formal por una eventual actuación indebida.
Durante el análisis del caso, los magistrados evaluaron los argumentos expuestos por el denunciante a la luz de la jurisprudencia vigente y concluyeron que el escrito no reunía los requisitos necesarios para dar inicio a un proceso penal. Para la mayoría de la Sala, los hechos relatados no contaban con la precisión suficiente para configurar una conducta punible atribuible a la congresista del Pacto Histórico.
No obstante, la decisión no fue unánime. El magistrado Misael Rodríguez se apartó del criterio mayoritario y dejó constancia de su desacuerdo en un salvamento de voto, en el que sostuvo que sí existían elementos suficientes para avanzar, al menos, en una indagación preliminar que permitiera esclarecer los hechos denunciados.
En su salvamento, Rodríguez señaló que el contenido de la denuncia permitía identificar con claridad a la persona señalada y los hechos atribuidos, al punto de habilitar la intervención de la administración de justicia. En ese sentido, afirmó que la denuncia permite a la “autoridad pública extraer un señalamiento concreto, determinado y con la precisión que se requiere para iniciar, al menos, una investigación preliminar”.
El magistrado consideró que el análisis de admisibilidad no debía agotarse en una lectura estrictamente formal del escrito, sino valorar si los hechos descritos ameritaban ser verificados mediante actuaciones judiciales, dada la relevancia institucional del caso y el contexto en el que se produjeron los señalamientos.
La denuncia contra Zuleta fue presentada tras el evento realizado en La Alpujarra, en Medellín, conocido como el “tarimazo”, en el que participaron jefes de bandas criminales que salieron de la cárcel de Itagüí con permisos especiales. A partir de ese episodio, el denunciante sostuvo que la senadora, quien ha tenido un rol activo como mediadora en los acercamientos del Gobierno con estas estructuras, habría intervenido en operativos de captura contra integrantes de organizaciones delincuenciales.
Los señalamientos se apoyaron, entre otros elementos, en declaraciones públicas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que personas designadas por el Gobierno Nacional en la mesa de diálogo instalada en la cárcel de Itagüí, entre ellas Zuleta, habrían hecho gestiones ante altos mandos de la Policía para evitar la captura de alias Yordi, señalado como jefe de la banda La Terraza.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario local, la captura habría sido presentada como un riesgo para la continuidad del proceso de negociación. Posteriormente, alias Yordi fue dejado en libertad por un juez de control de garantías, al considerar insuficientes los elementos aportados por la Fiscalía.
La Sala de Instrucción decidió inadmitir la denuncia al concluir que no había precisión suficiente en la descripción de las conductas penalmente relevantes. Según la mayoría de los magistrados, en las declaraciones del alcalde no se evidenciaba un interés de la senadora en interferir en la acción de la Fuerza Pública ni en una investigación penal.
Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez insistió en que sí debía iniciarse una investigación preliminar, al considerar que las declaraciones del alcalde incluían un señalamiento concreto contra la congresista y un llamado a que la Corte examinara los hechos.
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El magistrado sostuvo que el alcalde dio cuenta de las supuestas gestiones de Zuleta ante miembros de la Policía para evitar capturas previamente autorizadas por jueces de la República, lo que, a su juicio, superaba el umbral exigido para admitir la denuncia. También señaló que el análisis no debía limitarse a la precisión formal del tipo penal atribuido.
“Hay un servidor público (alcalde de Medellín), que, además de llamar la atención para que se investigue el asunto, dice contar con información, según la cual, entre otros miembros de una mesa de negociación con organizaciones delincuenciales, la senadora Isabel Cristina Zuleta López habría intercedido, o interferido, ante altos mandos de la Policía Nacional, para manifestarles que si se capturaba al jefe de La Terraza, se acababa el proceso de paz. Todo lo anterior, en un contexto en el que jueces de la República habían autorizado capturar a familiares y miembros de la organización delincuencial”, argumentó el magistrado en el salvamento revelado por El Tiempo.
En el salvamento de voto se planteó la necesidad de esclarecer varios aspectos, entre ellos qué información concreta tenía el alcalde, a qué órdenes de captura se refería, si se trataba de diligencias reservadas, qué conocimiento tuvo la senadora sobre esas actuaciones y quiénes habrían sido los uniformados contactados.
Tras conocerse las declaraciones de ocho generales, quienes le contaron a la Revista Semana haber recibido llamadas telefónicas de Zuleta, sus familiares y asesores para frenar operativos en contra de miembros de las disidencias de Calarcá y las bandas delincuenciales de Medellín, se radicó nuevamente una denuncia contra la congresista, retomando los señalamientos sobre presuntas presiones e injerencias en operativos contra bandas criminales.
Uno de los episodios más críticos denunciados ocurrió el 17 de julio de 2023, en Ituango, el municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se comunicó con un oficial para pedir que el combate se detuviera, argumentando que las tropas estaban atacando a “mineros”.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado, temeroso de que pudiera ser llamado a calificar servicios, entendiendo la influencia de la senadora Zuleta en las decisiones del presidente Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Zuleta ha sido una de las mediadoras del Gobierno en los espacios de diálogo sociojurídicos orientados al sometimiento de estructuras criminales en Medellín, varias de ellas señaladas por las autoridades de tener vínculos con el narcotráfico. Versiones periodísticas indican que altos mandos de la Fuerza Pública habrían reportado contactos similares en otros contextos, hechos que, por ahora, no han derivado en decisiones judiciales de fondo.
Siga leyendo: ¿Por qué el Gobierno protege a Isabel Zuleta y se niega a entregar detalles del ‘tarimazo’ en Medellín?
Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Qué es un “Salvamento de Voto” en la Corte Suprema?
- Es un recurso que usa un magistrado para
dejar constancia de su desacuerdo con la decisión tomada por la mayoría de la Sala. En este caso, el magistrado Misael Rodríguez argumentó que la denuncia contra Zuleta sí ameritaba una investigación preliminar.
- ¿Quién es alias Yordi y por qué su captura fue relevante en el caso?
- Alias Yordi es señalado como jefe de la banda
La Terraza en Medellín. La denuncia afirma que Zuleta habría interferido para evitar su captura, argumentando que esto pondría en riesgo la continuidad de los diálogos de
“Paz Total” con bandas criminales.
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