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La Corte Constitucional tumbó el decreto ley 298 de 2017 que permitía la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la implementación inmediata de medidas de seguridad y protección del Acuerdo de Paz con las Farc.
Dicho decreto señalaba que para poder ampliar la planta de personal, era necesario exceptuar a esa entidad de la limitante que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no superen, en promedio, el 90 por ciento de la meta de inflación esperada cada año.
El Gobierno argumentaba la necesidad de este decreto porque el Acuerdo creaba un Programa de Protección Especializada para proteger a los integrantes del nuevo partido que las Farc van a formar, así como a los desmovilizados y esto requiere cambios en la Unidad.
El magistrado ponente Alejandro Linares había proyectado una ponencia que pedía avalar el decreto, al estimar que era necesario para poder implementar el Acuerdo, pero su posición no fue acogida y la norma...