El dirigente rechazó cualquier vínculo con los hechos, denunció posibles irregularidades en el operativo y pidió que se investigue lo ocurrido.
Horas después de que un juez dejó en libertad al escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture –capturado cuando se movilizaba con $145 millones en efectivo y publicidad electoral, a solo días de los comicios legislativos–, este miércoles se pronunció el dirigente, quien rechazó los señalamientos por presuntos delitos electorales.
A través de un comunicado, Lacouture destacó que un juez de la República “declaró ilegal la captura” de su escolta, al tiempo que ordenó devolver el dinero incautado durante el operativo de la Policía el pasado lunes en carreteras del departamento de La Guajira.
“No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”, señaló el secretario, quien reclamó por las acusaciones que “de manera infundada” se hicieron en su contra relacionados con la supuesta comisión de delitos electorales.
“Queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacía mí, y lo ocurrido debe ser investigado y aclarado por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el comando de la Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales”, precisó Lacouture, quien dijo que seguirá atento a las investigaciones.
Previamente, Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) e integrante del esquema de seguridad del secretario de la Cámara, recuperó la libertad luego de que las autoridades lo interceptaran en carreteras de La Guajira con $145 millones en efectivo y material publicitario de un aspirante al Senado.
A pesar de las pesquisas y señalamientos, el juez de control de garantías que atendió el caso aseguró que la captura fue ilegal, por lo que dejó libre al funcionario. Además, ordenó que se le debe devolver el dinero que llevaba en efectivo.
El abogado del escolta, Iván Cancino, aseguró en entrevista con Caracol Radio que: “Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo 33 horas casi privado de la libertad sin someterlo a un juez. Era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”.
Y agregó: “No se nos olvide que quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad, la Policía y la Fiscalía; mi cliente no tiene por qué en este momento dar ninguna explicación sobre ese dinero”.
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De los 15 municipios de La Guajira, al menos seis –es decir, el 40 % de su territorio– presentan algún tipo de riesgo electoral con miras a los comicios del próximo domingo. Justamente, a solo días de la contienda electoral, ayer estalló un escándalo que corrobora con creces las amenazas que se siguen posando sobre el voto libre en Colombia.
En un vehículo particular, sobre la vía que del sector de Distracción conduce a Cuestecitas, en La Guajira, fue capturado un miembro del esquema de seguridad del actual secretario de la Cámara. En el automotor fueron hallados nada menos que $145 millones en efectivo cuidadosamente distribuidos en sobres de manila con nombre propio.
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El escándalo no para allí. En el carro fue hallado material electoral y publicidad política alusiva al candidato al Senado y actual representante a la Cámara por Antioquia Daniel Restrepo (Partido Conservador), quien es considerado cercano y heredero de la curul del saliente senador paisa Carlos Andrés Trujillo.
La coincidencia es que Lacouture también cuenta con ascendencia conservadora, y tiene influencia y poderío en La Guajira. Para no ir más lejos: su madre, Cielomar Peñaloza de Lacouture, es hoy la alcaldesa del municipio de Villanueva.
“Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”, explicó el director de la Policía, general William Rincón, quien reportó la captura de dos personas, entre ellas, Luis Alfredo Acuña, el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) adscrito al esquema de seguridad de Lacouture.
Entre los mencionados en los sobres –según información revelada por el diario El Tiempo– figurarían tres concejales de Riohacha, una de las poblaciones con riesgo por variaciones atípicas de la participación electoral al Senado, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
Se trata de Kevin Cantillo, concejal por el Partido de La U, que dijo desconocer el por qué de su mención en estos hechos; Christian Bermúdez, también concejal de Riohacha por la coalición Cambio Radical y Colombia Renaciente, quien negó estar vinculado a los implicados, y Gandhi Romero Epinayú, del Partido Liberal.
A ellos se suman Débora Barros, una abogada y activista indígena de la etnia Wayuú; “Beba Ramírez”, quien sería la exconcejal de Maicao, Laura Marcela Ramírez Cantillo; Edwin Solano, exsecretario de Desarrollo de la Alcaldía de Maicao, y Rosa Pacheco, quien fue diputada y presidió la Asamblea de La Guajira.
Tras la controversia, se conoció que –por orden de Augusto Rodríguez, director de la UNP–, se abrió una investigación interna para determinar por qué el escolta se encontraba en La Guajira, pese a que su protegido reside en Bogotá, y las razones por las que transportaba tanto el dinero como la publicidad electoral.
A su turno, la Veeduría Nacional del Partido Conservador expresó su “rechazo categórico y absoluto” frente a cualquier conducta que pueda constituir delito electoral. “(El partido) será enfático en promover las investigaciones a que haya lugar y en colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, explicó la colectividad.
Por su parte, el propio presidente Gustavo Petro sostuvo que la Policía tiene la orden de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, manifestó.
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