El próximo 1 de junio Salud Bolívar EPS dejará de formar parte del sistema de salud, luego de que la Superintendencia de Salud autorizara su retiro voluntario. Así quedó estipulado en la Resolución 2025310010003876-6 del 19 de mayo y notificada un día después, con la cual avaló esta decisión, que marca el fin de las operaciones de la entidad en el sector.
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Como parte de este proceso, su población afiliada —que es cercana 3.500 usuarios— será trasladada a las aseguradoras Aliansalud EPS, que atenderá a los usuarios del régimen contributivo, y Capital Salud, que se encargará de los del régimen subsidiado. Estos movimientos buscas garantizar la continuidad del acceso a los servicios médicos.
En ese sentido, Salud Bolívar ha definido una serie de acciones que deberán ser cumplidas por los prestadores de servicios de salud que atienden a sus afiliados. Allí se incluye la entrega de información sobre los servicios autorizados y programados hasta el próximo 29 de mayo y la actualización del estado de cartera antes del 10 de junio.
Por otro lado, la conciliación de cuentas deberá llevarse a cabo en un periodo que no supere los 90 días y culminará con la emisión de un paz y salvo firmado por el representante legal de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Si bien la salida de esta aseguradora es otro de los cambios significativos del sistema de salud, la Superintendencia de Salud espera que la reorganización de los afiliados se haga de la manera más ordenada para que los usuarios sigan recibiendo atención de manera oportuna y no afecte el acceso a los servicios médicos.
Hay que recordar que aunque sea una aseguradora pequeña y la mayor parte de sus afiliados estén en Bogotá, la compleja situación del sistema —marcada por la desfinanciación y la desconfianza entre actores— los llevó a hacer esta solicitud y salirse del sector del aseguramiento en salud.
Esta EPS forma parte de la compañía Seguros Bolívar, entidad que a su vez integra el Grupo Bolívar, uno de los conglomerados empresariales más sólidos del país, cuya decisión de solicitar su retiro voluntario complica el panorama que atraviesa el sector salud y la incertidumbre entre usuarios, prestadores y aseguradores.
El desfinanciamiento del sector es una realidad que ha secundado la Corte Constitucional con dos autos emitidos este año, en los cuales advierte que la plata que sostiene la atención en salud (conocida como UPC) es insuficiente y tiene un rezago para atender la demanda de servicios que actualmente hay.
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