El brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, insistió en la necesidad de que los alcaldes asuman la responsablidad que las normas establecen para el tratamiento de las personas que están bajo la figura de la detención preventiva, como una forma de enfrentar el hacinamiento carcelario y asegurar una mejor calidad de vida a los reos.
Desde noviembre del año pasado usted asumió la dirección del Inpec, ¿cómo recibió la designación?
“Es una institución que requiere gestión, dirección y el acompañamiento de todas las entidades del Estado, porque nosotros administramos lo que determina la justicia. Y tenemos que velar por la salud, la educación, el bienestar y todos esos derechos que ni vemos cuando las personas están libres. Son más de 161.000 internos, de los cuales 41.000 tienen detención domiciliaria, sin embargo, están bajo la vigilancia del Estado. Tenemos un modelo que tiene algunas dificultades y por ello se deben sortear de la mano de todas las entidades del Estado”.
¿Cómo va el proceso de descongestión de las URI?
“Se ha venido haciendo de forma organizada, con el apoyo de la Policía, que ha sido fundamental en este plan reglamento. Llegamos a un punto crítico, porque ya no aguantábamos más con 10.000 personas en las calles, en las estaciones de Policía, pero al amanecer del 10 de enero se llegó a un acuerdo con los sindicatos”.
¿Cuántos reclusos
han sido trasladados?
“Estamos en unos niveles muy bajos. En los centros carcelarios se han recibido 6.877 internos que estaban en las URI y en las estaciones de Policía. En un mes ya hemos recibido el 70 por ciento y pienso que en 15 días ya habrá normalidad”.
Sobre el hacinamiento en los 137 centros de reclusión, ¿qué están haciendo?
“En los últimos años ha habido una disminución del hacinamiento. A comienzos del 2014, llegamos a tener cerca del 59 por ciento. Cuando se terminó el plan reglamento estaba en 46, eso implica que hay unas personas que aún no han ingresado al sistema y eso llevará a un incremento. Ahora estamos en el 51 por ciento, pero podría llegar al 52%”.
¿Qué proyectos tienen para solucionar el hacinamiento?
“El Gobierno Nacional ha proyectado en los próximos cuatro años 18.000 cupos. Esos los empezamos a ver reflejados en el proyecto que tiene el Ministerio de Justicia de revisar la detención preventiva. Y hablamos de 11 establecimientos en ampliación en Tuluá, El Espinal y Buga, cada uno con 800 cupos más, es decir, 2.400. Las construcciones de cárceles serán en Pereira, Santa Marta y Riohacha. El tema de los cupos en las cárceles tiene que ver mucho con la política criminal: quiénes deberían estar en la cárcel y quiénes no. Cuando hablamos de hacinamiento, el Inpec tiene una capacidad para 77.000 personas; tenemos 75.000 condenados. Pero ocurre que al Inpec le corresponden los condenados y como no hay más cárceles llevan a ellas a los de detención preventiva y eso impacta en el hacinamiento”.
Hace poco usted decía que la solución no eran más cárceles, ¿qué hacer?
“Una de las soluciones es esa: política criminal. La ampliación de lo que tenemos, la construcción de otras tres cárceles. Así, en los próximos cuatro años habría unos 18.000 cupos. Si eso es un hecho y tenemos hoy 39.000, entonces el hacinamiento bajaría”.
¿Quién es el responsable de la detención preventiva?
“Está a cargo por ley de alcaldes y gobernadores. Con los mandatarios estamos analizando la población que les corresponde. Es la responsabilidad de ellos apoyar con recursos a la institución para arreglar los establecimientos carcelarios, así lo indica la ley. Sin embargo, en este momento la responsabilidad la tiene el Inpec”.
