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Toman temperatura al Acuerdo de paz

  • En el ETCR de Santa Lucía, Ituango (foto), le apuestan a cultivar el campo como proyectos económicos. FOTO Donaldo Zuluaga
    En el ETCR de Santa Lucía, Ituango (foto), le apuestan a cultivar el campo como proyectos económicos. FOTO Donaldo Zuluaga
Por javier alexander macías | Publicado el 22 de junio de 2019
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jóvenes que salieron de las Farc ya cumplieron 18 años de edad según el informe.

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personas se han beneficiado de los proyectos productivos aprobados a excombatientes.

en definitiva

La Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional presentó ayer su sexto informe de cómo va la implementación del Acuerdo de paz enmarcado en el Plan de Desarrollo.

Si a la implementación del Acuerdo de paz pudiera incluirse un termómetro, y medir en una especie de escala calorífica si se ha cumplido o no lo pactado con las Farc hace 31 meses, la lectura que podría hacerse es que la ejecución de los seis puntos negociados está tibia.

Uno de los asuntos que no permite la ebullición de la implementación es la falta de normas claras y, como quedó consignado en el último informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional conocido por EL COLOMBIANO, la falta de esas reglas frenan esa implementación, “pues muchos de los compromisos establecidos no se pueden adelantar sin el soporte legal requerido, con lo que se estrechan los tiempos para el logro de las metas”.

Con la percepción de una ejecución de lo pactado caminando a paso de tortuga, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional reseñó en este sexto informe trimestral, como van los puntos a la luz del Plan de Desarrollo propuesto en el gobierno de Iván Duque.

Consuelo Corredor Martínez, Coordinadora del equipo CINEP, que participó en la elaboración del informe y hace parte de la Secretaría Técnica, aclaró que no se puede hacer una calificación de progreso o retroceso en el proceso de la implementación: “No se puede hablar solo de avance, estancamiento o incumplimiento, en todos los casos hay algunos avances, en otros casos no se ha movido y en otros hay claramente un incumplimiento”, precisó la investigadora.

¿En qué se ha avanzado?

Puntos como el de la Reforma Rural Integral, la Participación Política, el Fin del Conflicto en temas de reintegración, son los que menos han avanzado, mientras que el sistema de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene que ver directamente con las víctimas, presenta un avance significativo pese a la falta de recursos. (Ver recuadros de acuerdos).

“La implementación del punto uno va muy lenta. En el primer año se tenían que centrar en la parte normativa e institucional, pero se van a cumplir tres años y hay claros retrasos con incumplimientos. Hay preocupaciones serias respecto al fondo de tierras. Uno de los compromisos era la distribución de las tierras y, si no tenemos el fondo como se prometió en el Acuerdo, difícilmente vamos a adelantar eso”, precisó Corredor.

En el tema de la Participación Política el informe destaca algunos avances pero señala que son pocos, y frente proyectos productivos como un asunto de reintegración, reconoce avances pero indica que frente a estas unidades de negocio como sustento a largo plazo de las familias, faltan asuntos por mejorar.

No obstante, para el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, se avanza a buen ritmo en la formulación y aceptación de los proyectos productivos, y desde el Gobierno se han realizado acciones que llevan a la reincorporación económica de los exguerrilleros de las Farc.

“Para apoyar a los excombatientes dentro de sus procesos de reincorporación en la parte económica, hicimos un censo e identificamos dónde están, qué capacidades y su nivel escolar. Nos contestaron cuántos quieren emplearse y cuántos tener proyectos productivos individuales y colectivos”, indicó Ceballos a EL COLOMBIANO.

El Alto Comisionado enfatizó que desde el año pasado, y durante todo este 2019 y parte del 2020, se han realizado y se realizarán acciones en pro de la reincorporación económica “para hacer la formulación de proyectos productivos que están esperando”.

Reclaman ejecución

La implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc hace 31 meses, es un clamor que se ha vuelto reiterativo desde diversos actores involucrados en el conflicto armado colombiano.

Víctimas, organizaciones sociales, comunidad y entidades internacionales como la ONU, que han servido como observadores, solicitaron y recordaron al Estado colombiano la necesidad de llevar a buen puerto lo acordado para garantizar “una paz estable y duradera” en el territorio, tal y como reza el Acuerdo.

En su última intervención en el Consejo de Seguridad de ONU, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la misión de observación y verificación de ese organismo en Colombia, indicó que “es fundamental aplicar el Acuerdo de manera integrada y garantizar que todas las áreas de su implementación cuenten con los recursos adecuados”.

A la petición de Naciones Unidas se sumó la de los senadores demócratas estadounidenses James McGovern, John Lewis y Jan Schakowsky, quienes en una carta, el pasado 25 de mayo, le solicitaron al presidente Donald Trump que en conversación diplomática con su homólogo colombiano Iván Duque, le sugiera cumplir con lo acordado.

Además, algunos congresistas del partido Farc indicaron ayer mediante una carta que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación - CSIVI, “atraviesa por su más profunda crisis desde que entrara en funcionamiento. Tenemos la impresión de que es propósito del gobierno de Iván Duque Márquez desdibujarla completamente hasta llevarla a escenarios de la inutilidad”.

Para el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, sí hay un evidente retraso en la implementación de lo acordado “ y se visualiza en que desde los mismos territorios reclaman acciones por asuntos que quedaron contemplados en el plan macro del Acuerdo: seguridad, tierras y participación política es lo que más piden en esas zonas”.

Ante los ataques, el presidente Iván Duque defendió su gestión en su periplo por Londres el pasado lunes: “ Nuestro Gobierno lleva 10 meses y les puedo decir que había dos proyectos productivos colectivos y hoy hay 25. Y cuando empezó nuestro Gobierno se habían adelantado dos planes de desarrollo con enfoque territorial; hoy hay 16”.

A casi tres años después de la firma, la temperatura del Acuerdo parece templada, aunque el Gobierno le sube calor al defender la gestión y en el territorio la enfrían reclamando plena ejecución.

Contexto de la Noticia

punto uno: reforma rural integral

El punto considerado el corazón del Acuerdo hay atrasos. Subsisten retos tanto en materia del desarrollo normativo, que necesariamente debe acompañar el conjunto de reformas, como en materia de la implementación propiamente dicha de las medidas acordadas. En materia de acceso a tierras, el PND no establece metas, ni avanza en una estrategia para la conformación del Fondo de Tierras. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras -ANT- en su Plan de Acción 2019 establece como metas entregar 240 predios por medio del subsidio integral y cubrir 900 solicitudes de adjudicación de baldíos. La forma en que se plantean las metas (número de predios o de solicitudes) no permite una comparación con las establecidas en el Acuerdo por cuanto éstas están planteadas en hectáreas. Tampoco se avanza en materia de creación de la Jurisdicción Agraria, ni en la creación o fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina -ZRC-.

punto dos: participación política

A nivel general, se destaca que si bien hay avances, son pocos y se concentran en asuntos relacionados con la activación de derechos especiales otorgados por el estatuto de oposición y en temas de garantías de seguridad como la puesta en marcha de sesiones territoriales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección -PAO-, sin que aún se observen resultados de impacto satisfactorios, pues la violencia contra líderes sociales y excombatientes continuó. Por último, en lo que se refiere a las medidas para promover la participación electoral, con un especial énfasis en los territorios más fuertemente afectados por el conflicto armado, durante este período tampoco se registraron mayores avances. La ST registró la participación del partido Farc con la presentación del primer proyecto de ley de su autoría en 2019, en ejercicio de su reincorporación política.

punto tres: Fin del conflicto

Es uno de los puntos más completos. En cuanto a la dejación de armas, fueron terminadas las tareas de ubicación, extracción y destrucción de material de guerra de las Farc. Se completaron 1.027 caletas destruidas. Con estas se dan por terminados todos los compromisos de dejación y destrucción de armas. Por su parte, Farc señaló que hay 7 caletas que no han sido extraídas por la presencia de grupos armados en las zonas. Todavía hay tareas pendientes en este punto del Acuerdo en cuanto a la entrega de bienes y activos por parte de las Farc. En materia de garantías de seguridad, los excombatientes tienen riesgos, de los cuales el más notorio es la presencia de grupos armados cerca de los Espacios de Capacitación y Reincorporación-ETCR-. Se ha avanzado en proyectos productivos.

punto cuatro: solución al problema de drogas ilícitas

Los principales avances siguen alrededor de programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. En cuanto a los compromisos en materia de consumo

y lucha contra el narcotráfico, hay avances en el desarrollo de políticas. En el último trimestre, no registró cambios en el ritmo de implementación de los compromisos del Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS, como erradicación de cultivos, procesos de

asistencia técnica y desminado humanitario, y hay un deterioro o abandono en el cumplimiento de otros compromisos. UNODC ha verificado el levantamiento efectivo de 29.393 hectáreas de cultivos de uso ilícito desde la creación del PNIS a mediados de 2017. La verificación de UNODC ha desacelerado por la presecia de grupos ilegales en algunas zonas. La no implementación del tratamiento penal diferenciado representa un incumplimiento del Acuerdo y genera problemas para otros compromisos. La persistencia de riesgos de seguridad en los municipios en donde se desarrolla el PNIS continúa siendo uno de los mayores obstáculos para la implementación.

punto cinco: víctimas

Con respecto a las medidas para la reparación integral, no se identificaron avances importantes conforme a los compromisos del Acuerdo, más allá de la decisión de la Corte Constitucional frente a los bienes de Farc no incluidos en los listados entregados a la Fiscalía, los cuales serán administrados por el ente acusador y cuyo destino final será el Fondo para la Reparación. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se reitera la necesidad de fortalecer y acompañar los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, atención psicosocial y restitución, aunque no todas las medidas comprendidas en esta política cuentan con indicadores y metas específicas que permitan medir el impacto de las estrategias a implementar. Frente a instituciones como la Comisión de la Verdad, la JEP, y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, se ha avanzado mucho, toda vez que ya funcionan pese al a falta presupuestal. Se plantea una adecuación y modificación de la política de reparación a las víctimas que atienda a necesidades planteadas, como la ampliación del universo de estas.

punto seis: verificación e implementación

La Secretaría Técnica registró avances en las medidas para financiar el Acuerdo con recursos territoriales. Al 22 de abril, habían sido aprobados 382 proyectos a ser financiados con recursos de la asignación para la paz definida en el acto legislativo 04 de 2017 que reformó el Sistema General de Regalías -SGR- En lo que respecta a la participación del sector empresarial, el 28 de febrero cerró la convocatoria para registrar proyectos en el Banco de Proyectos a ser financiados con la figura de ‘Obras por Impuestos’ para la vigencia del 2019. En total, 65 proyectos quedaron inscritos por un valor de $381.287 millones. La desaceleración en la implementación normativa del Acuerdo se mantiene e incluso se acrecentó. La prioridad legislativa sobre la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el trámite de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, redujeron importancia en el trámite legislativo de las normas pendientes por discusión en el Congreso. El Componente de Verificación Internacional funciona en los términos establecidos en el Acuerdo Final.

CLAVES otros puntos del informe

1
La Fiscalía ha avanzado en la investigación de 55 de los 102 asesinatos de excombatientes.
2
Está terminado el monumento a la paz ‘Kusikawsay’, que se ubicará en el Jardín de la Rosas de Naciones Unidas.
3
De los listados presentados por Farc, 381 personas fueron excluidas y 242 más no han sido acreditadas.
4
Avanzan las solicitudes de acceso a la JEP por parte de exparamilitares, entre los cuales está Salvatore Mancuso.

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