Este jueves 7 de agosto se cumplirán tres años de un Gobierno que ha dejado más dudas que certezas en cuanto al manejo de la seguridad en el país.
El boom del narcotráfico y los ataques terroristas con drones han marcado los hechos más relevantes, aunque hay algunos logros, como el avance en la selección del proveedor para los aviones de superioridad aérea, algo que el país tenía pendiente desde 2011.
Aquí un vistazo a siete hechos que han marcado el mandato del presidente Gustavo Petro en lo concerniente a la seguridad.
1). Incremento de la producción del narcotráfico
Según el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU, Colombia aporta el 71,84% de la producción global de cocaína, al generar 2.664 toneladas métricas de las 3.708 que se trafican en el planeta.
El incremento desaforado de la producción se debe en gran medida a las políticas gubernamentales, que redujeron a sus peores registros la erradicación forzada de cultivos de coca y anunciaron beneficios económicos para los campesinos (como comprarles la cosecha), situación que incentivó la siembra.
La erradicación forzada pasó de68.893 hectáreas en 2022 a 9.403 en 2024, Según el Ministerio de Defensa.
2). Expansión de los grupos criminales
Los ceses al fuego promovidos durante las mesas de diálogos de la “paz total”, fueron usados por varios grupos criminales para expandir su influencia territorial, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Según la Defensoría del Pueblo, en 790 de los 1.103 municipios de Colombia hay influencia de actores armados ilegales. Los sitios más críticos son Cauca, el sur de Chocó, el sur de Valle del Cauca, la frontera de Bolívar y Antioquia, Arauca, Guaviare y la subregión del Catatumbo.
Este incremento de la violencia se ha visto reflejado en las escaladas terroristas, seis en los últimos dos años, en las que las disidencias de las Farc o el ELN atacan durante 24 o 48 horas seguidas diferentes objetivos en distintos departamentos, como estaciones de Policía, peajes y sedes de las alcaldías.
Usan vehículos-bombas, tatucos lanzados desde volquetas y ataques sicariales, entre otras modalidades.
3). Incremento de los desplazamientos forzados
El conflicto armado en el Catatumbo, que se exacerbó a principios de este año por una disputa entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de “Calarcá”, provocó el desplazamiento forzado más grande en los últimos 28 años, es decir, desde que ese flagelo comenzó en medirse en 1997.
Fueron 64.000 las personas que huyeron despavoridas, especialmente de los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander.
Según la Defensoría, en el primer semestre de 2025 hubo 77.719 desplazados. Aún no ha terminado el año y ya se superó con creces lo documentado en todo el 2024, cuando se registraron 25.611 desplazados en total.
4). La guerra de drones
Desde principios de 2024 los grupos terroristas comenzaron a usar drones comerciales para atacar a la Fuerza Pública con explosivos artesanales, registrando 400 atentados a la fecha, que han matado a once personas y lesionado a 36 (entre militares y civiles).
En respuesta, el Gobierno lanzó el mes pasado su propio dron de ataque, llamado Dragom, e inició inversiones para traer sistemas antidrones y capacitar a los millares en esta nueva modalidad de combate.
De igual manera, el MinDefensa presentó un proyecto de ley para regular el uso de drones en el país.
5). Expulsión de la comunidad de Inteligencia Financiera
Por una violación de un informe clasificado sobre la compra del software Pegaus a Israel, realizada por el presidente Gustavo Petro en una alocución televisada del 4 de septiembre de 2024, Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la entidad que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de 177 países.
El jefe de Estado publicó un documento reservado que la agencia de inteligencia contra lavado de activos y terrorismo de Israel le envió a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), acerca de la compra en 2021 de ese software para interceptar telecomunicaciones.
La directora dl Grupo Egmont, Elżbieta Franków Jaśkiewicz, declaró que Petro hizo una “divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”, lo que produjo una sanción que consiste en la desconexión de la Egmont Secure Web, plataforma en la que se intercambian reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global.
Los más favorecidos con este problema son los grandes narcotraficantes, contrabandistas y terroristas de Colombia.
6). Renovación de la flota de aeronaves de combate
El Gobierno avanzó en la selección de la compañía que fabricará los jets de superioridad aérea, escogiendo a la firma sueca Saab.
Una vez se firme el contrato, estipulado para el mes de septiembre, la empresa extranjera fabricará una flotilla de entre 16 y 24 aeronaves Gripen, que reemplazarán a los obsoletos K-Fir israelíes que el país está repotenciando desde los años 80.
El acuerdo, valorado por el momento en $16,5 billones de pesos, incluye “la primera planta de producción de paneles solares en la región, mejoras en el sector de la salud, plantas de agua potable para La Guajira y el establecimiento de un centro de innovación. El paquete también incluye la transferencia de tecnología dentro de las industrias aeronáutica, espacial y de ciberdefensa”, según un documento del Ministerio de Defensa.
Este proceso, que inició en 2011, por fin parece ver un poco de luz al final del túnel.
7). Fracturas en los grupos criminales
Aunque los diálogos de la “paz total” no han servido para erradicar la violencia en Colombia, su aplicación profundizó las divisiones internas en algunos de los grupos armados involucrados, pues los comandantes no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro que querían darle a la estructura ilegal.
Así, el frente Comuneros del Sur se separó del ELN; las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc se partieron en dos, la que dirige “Iván Mordisco” y la de su exsocio “Calarcá”; y de la Segunda Marquetalia se separó la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Aunque estos hechos no hacen parte de un plan estratégico del Estado, lo cierto es que Esas fracturas internas producen una desventaja militar.en esas organizaciones criminales.
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