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Tumban fallo fiscal contra Petro por bajar tarifas de Transmilenio durante su Alcaldía de Bogotá

La Contraloría de Bogotá habría incurrido en una violación al debido proceso al declarar responsable fiscalmente al exalcalde de la capital por bajar los precios.

  • Según el Tribunal, la decisión de bajar las tarifas de Transmilenio estaba sustentada en las normas vigentes de ese momento. FOTO COLPRENSA
    Según el Tribunal, la decisión de bajar las tarifas de Transmilenio estaba sustentada en las normas vigentes de ese momento. FOTO COLPRENSA
COLPRENSA | Publicado el 25 de mayo de 2022

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el fallo de la Contraloría de Bogotá que declaró responsable fiscalmente a Gustavo Petro por haber bajado las tarifas de Transmilenio cuando era alcalde de la capital entre el 2012 y 2015.

De acuerdo con el tribunal, la entidad incurrió en una violación al debido proceso por presumir, de manera contraria a la ley, la culpa grave por parte de Petro en la adopción de la rebaja en las tarifas, a pesar de que esa decisión estaba sustentada en las normas vigentes de ese momento.

Es decir, la Contraloría asumió que la medida de rebaja de tarifas era ilegal, a pesar de que no había ningún pronunciamiento por parte de la jurisdicción contencioso administrativa que así lo estableciera.

“Se advierte que, con tal proceder, la entidad demandada desatendió que el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, mas no la de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos y/o normas en las que se fundó la decisión en cuestión”, manifestó el Tribunal.

En su momento, la Contraloría había señalado que “la rebaja de tarifas generalizada, sin analizar la fuente de financiación, los recursos disponibles, la capacidad de pago de los usuarios, el incremento de la demanda, el impacto negativo que se generaría en el presupuesto distrital, la recomendación del CONFIS, no fue coherente con los principios acordados en los contratos de concesión celebrados con los operadores del sistema de transporte masivo de las Fases I, II y III”.

Sin embargo, para el Tribunal, la norma que autorizaba la disminución de las tarifas podía ser objeto de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero no podía asumirse de inmediato la responsabilidad fiscal del entonces alcalde de Bogotá.

Con base en esas consideraciones, el Tribunal ordenó a la Contraloría de Bogotá dejar sin efecto la condena de responsabilidad fiscal contra Petro y excluirlo del boletín de responsables fiscales.


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